Una creciente percepción de inseguridad en Chile está orientando a la opinión pública hacia el respaldo de políticas de “mano dura” y una postura más fuerte frente a la migración, según revelan diversas encuestas realizadas en el país.

La percepción del aumento de la delincuencia alcanzó un récord histórico en 2022, situándose en el 90,6%, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) publicada el 24 de noviembre. Este porcentaje es aún mayor en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, las más afectadas por los delitos de mayor connotación social, que mezclan un alto nivel de denuncia y preocupación social,  como robos y lesiones, y los homicidios vinculados al crimen organizado.

Aunque la delincuencia común aumentó ligeramente en el país respecto al año 2021, las cifras siguen siendo menores que las registradas en los años previos a la pandemia del COVID-19, de acuerdo con los datos de victimización de la ENUSC.

Sin embargo, en 2022, Chile registró su mayor tasa histórica de homicidios consumados, alcanzando la cifra de 6,7 por cada 100.000 habitantes, lo que representó un aumento del 46% en comparación con 2021. En las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, esta tasa alcanzó niveles aún más elevados, con 17,1 y 13,4 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Además, la Región Metropolitana también superó la media nacional, con una tasa del 10,1.

Según datos del Ministerio Público, se estima que el 57% de los homicidios cometidos en el país están vinculados al crimen organizado. Este porcentaje también es significativamente mayor en las regiones de Arica y Parinacota (82%), el sector oriente de la Región Metropolitana (71%) y la Región de Tarapacá (70%).

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En este escenario, desde principios de 2022, la mayoría de la población considera que la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico debe ser la mayor prioridad del gobierno. A finales de marzo de 2023, un 71% de las personas encuestadas por la empresa de investigación de opinión pública Cadem eligió la opción que señalaba que el gobierno de Gabriel Boric debería dedicar el máximo esfuerzo a esta área.

La última encuesta de opinión pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada el 20 de noviembre, confirmó estas inquietudes.

A continuación, InSight Crime analiza algunas de las tendencias de opinión derivadas de esta percepción de inseguridad:

Apoyo a políticas de “mano dura”

El 45% de los encuestados por el CEP contestó que se deberían suprimir “todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”, frente a un 16% que contestó lo contrario.

En abril de 2023, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resultó el mejor valorado en Chile entre 12 presidentes mundiales, según la encuesta realizada por Cadem. En total, un 78% de los chilenos tiene una imagen positiva de él, a pesar de las críticas dirigidas a sus recortes de libertades individuales y derechos humanos como parte de su estrategia de lucha contra las pandillas.

“Siempre existe una tensión entre políticas de seguridad y libertades individuales (…) Sin embargo, las libertades personales que están en riesgo no son las de cualquier ciudadano, sino de aquellos ciudadanos que pertenecen a los sectores tradicionalmente estigmatizados, objetos de control policial y perseguidos penalmente” explicó Paula Medina González, investigadora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal de la Universidad Central de Chile, a InSight Crime.

Según Medina González, el miedo y las limitaciones de las instituciones y democracias latinoamericanas para hacer frente a las nuevas formas delictivas, más sofisticadas, más globalizadas y con uso creciente de la tecnología, explican el creciente apoyo a las estrategias de “mano dura”.

“El aumento en la percepción de inseguridad suele estar asociado a la preferencia ciudadana por este tipo de políticas, por lo que no sería extraño que este fenómeno vaya en aumento en Chile”, añadió.

Criminalización de la población migrante

El 70% de los encuestados por el CEP cree que los migrantes elevan los índices de criminalidad en el país. En este sentido, los migrantes llegados al país en los últimos 5 años son los más criminalizados. Un 74% de los encuestados contestaron que tienen una imagen de ellos peor a la que tienen de los migrantes que llegaban hace más de 5 años y un 51% de los encuestados opina que, de los migrantes que han llegado en los últimos 5 años, menos de la mitad o ninguno cumplen la ley. 

Sin embargo, esta percepción difiere de las experiencias directas de los encuestados, ya que el 76% describe sus interacciones con la población migrante como positivas. “La experiencia directa con personas migrantes es positiva, pero la ‘construcción social’ que se ha hecho de la inmigración, en gran parte movilizada por la prensa a partir de casos relativamente aislados, da cuenta del migrante como enemigo-distinto-delincuente’”, explicó Medina González.

El ingreso a Chile de bandas extranjeras como el Tren de Aragua, la megabanda más poderosa de Venezuela, y el uso de esta marca por parte de imitadores en toda la región, también ha contribuido a la criminalización de la población migrante, especialmente venezolana. 

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“Cuando un fenómeno no se conoce con toda su exactitud y hay episodios dramáticos que llaman la atención, como en este caso tipos de delitos que salen del común denominador, como más extorsiones o secuestros, llama mucho más la atención y genera más preocupación porque justamente tienes menos capacidad de delimitarlo”, explicó Olga Espinoza, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Universidad de Chile, a InSight Crime. “No todos los extranjeros son parte de las organizaciones delictivas, a veces se genera una simplificación que no es real”, añadió.

Esta criminalización supone en muchos casos una doble victimización, ya que muchos migrantes han sido víctimas del Tren de Aragua, especializado en el tráfico de migrantes, la trata de personas y la extorsión.

Según la investigadora Medina González, la actividad criminal a la que se asocia a la población migrante es, sobre todo, el tráfico de drogas. Aunque ha aumentado la participación de extranjeros en actividades de crimen organizado en Chile,  el 70% de los imputados por homicidios vinculados a grupos delictivos organizados o pandillas en 2022 fueron ciudadanos chilenos, mientras que el 30% restante fueron imputados extranjeros, de acuerdo con el Ministerio Público.

“Los datos del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública señalan que los extranjeros en Chile no cometen esos delitos en una proporción mayor a los nacionales”, sentenció la investigadora.