La extorsión permea casi todas las capas de la sociedad venezolana y es fuente de creciente temor por la intensificación de las tácticas violentas. Las consecuencias para quienes se niegan a pagar son terribles: atentados con granadas contra establecimientos comerciales, asesinatos, desplazamiento forzado y amenazas de privación de la libertad. Los costos sociales y económicos de estas estructuras extorsivas también tienen una profunda incidencia. Los residentes locales pierden la fe en la voluntad y la capacidad de las fuerzas de seguridad para protegerlos, mientras que el crecimiento económico se ve afectado por los costos extorsivos mensuales. Esto genera un entorno de inseguridad que da alas a la migración.
El estado de Zulia, oeste de Venezuela, ha cobrado una triste fama por los ataques de violencia impactante contra personas y negocios. En 2022, el estado registró ocho muertes producidas por estructuras de extorsión, mientras que en los primeros siete meses de 2023, hubo 17 muertos por ataques con granadas o armas de fuego vinculados con la extorsión, según datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
A pesar de la vertiginosa escalada de violencia, las víctimas rara vez hacen denuncias formales, lo que hace prácticamente imposible contar con datos confiables sobre este delito a nivel nacional. La reticencia a denunciar la extorsión se acentúa por la percepción de complicidad entre los miembros de la fuerza pública o incluso su responsabilidad directa en los esquemas extorsivos. Dicho silencio a su vez da mayor fuerza a los extorsionistas, tanto si pertenecen a las bandas como a la policía.
En Apure, otro estado que limita con Colombia, investigadores locales estiman que cerca del 75% de los productores agrícolas son víctimas de extorsión. “Los dueños de negocios ya no son dueños de su vida. Hasta las fuerzas de seguridad nacionales nos extorsionan”, se lamentó un líder social de Apure, quien habló con InSight Crime bajo la condición del anonimato por temor a represalias. “Ya no nos queda nada, ni siquiera seguridad”.
De cara a la creciente inseguridad y la pérdida de ingresos, muchos venezolanos optan por salir del país después de enfrentar la extorsión. En otros países se observa el fenómeno de la diáspora como consecuencia de la extorsión, pero la combinación única de una crisis económica de años, bajo un régimen autoritario y la impunidad que cobija a los extorsionistas ha hecho aún más visible el impacto sobre la migración de venezolanos.
A continuación, InSight Crime explorará las oportunidades para abordar las complejas dinámicas que se presentan en Venezuela, incluyendo tanto tácticas de mitigación a corto plazo como cambios políticos a largo plazo.
Empoderar a las comunidades y al sector privado
La extorsión causa estragos en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. La poca presencia de fuerzas de seguridad o incluso los sistemas de gobernanza criminal son demasiado comunes, los cuales dejan a las comunidades vulnerables ante prácticas predatorias de grupos ilegales. Sin embargo, muchas veces esas mismas comunidades han ejercido por sí solas mayor resistencia a las demandas criminales.
Algunas de las iniciativas locales incluyen programas de prevención del ingreso juvenil a las bandas, campañas educativas, mecanismos independientes de recopilación de datos y denuncia, aplicaciones para identificar números telefónicos asociados a la extorsión, fortalecimiento comunitario, entre otros. Aunque las estrategias mencionadas han tenido éxito limitado en lugares como México y Centroamérica, el clima político de Venezuela hace particularmente difícil para las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil intervenir y llenar este vacío sin ayuda de elementos estatales. De hecho, en ocasiones, se enfrentan a trabas de estos mismos.
La libertad de prensa y las libertades civiles se han visto fuertemente debilitadas en los últimos años con los ataques directos e indirectos del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra sus operaciones. “Entonces, si alguna organización comienza a decir ‘Bueno, vamos a eso. […] Vamos a generar mecanismos alternativos desde la sociedad civil para la denuncia de la extorsión’. Te conviertes tú en un denunciador que obviamente tipificarán [como] pitiyanqui [yanquicito o lacayo de los yanquis], de que está trabajando con el imperio y todas estas cosas”, le explicó un investigador del OVV a InSight Crime.
VEA TAMBIÉN: Bandas de extorsionistas de Venezuela usan Instagram para transmitir amenazas
Sin embargo, incluso una respuesta de las comunidades tan simple como el intercambio informal de experiencias e información puede reducir los impactos sociales de la extorsión. Los extorsionistas pululan en medio del temor y el aislamiento, llegando incluso en ocasiones a crear una forma de gobernanza criminal basada en la extorsión que suscita mayor obediencia de las comunidades, como lo describió un informe publicado en 2021 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
El sector privado también puede incidir en limitar los esquemas extorsivos de las bandas. En 2013, la industria de caña de azúcar de El Salvador creó un programa para equipar y prestar apoyo logístico a la Policía Nacional Civil (PNC). El programa se mantiene y ha llevado a una reducción del costo de la extorsión para esas empresas, según un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), publicado en 2022.
Aunque en El Salvador el programa ha tenido cierto éxito, la financiación de la logística policial por parte de empresas privadas también corre el riesgo de privatizar un bien público —la seguridad— y de transformar a la policía en una milicia particular.
Esa situación puede estarse desarrollando en Venezuela. El dueño de una empresa en Zulia, que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera su anonimato, denunció que al menos una de las mayores empresas pesqueras del municipio de La Cañada de Urdaneta paga la “vacuna” (nombre común para referirse a los pagos extorsivos) más baja, en parte porque contrataron la protección de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la policía. Según él, “su playa está militarizada. ¿Cómo se van a meter con ellos?”
Inversión en reforma policial y lucha contra la corrupción
La corrupción se ha institucionalizado en las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario y en casi todos los entes de gobierno. En muchos casos, esta corrupción asume la forma de esquemas de extorsión.
Un delegado del OVV en el estado de Lara dijo a InSight Crime que la mayoría de extorsiones en ese estado las perpetra la policía. En Caracas, la policía obligó a la banda de El Koki —extorsionadores regulares de la población— a salir de su bastión solo para seguir extorsionando ellos mismos a los residentes, según una investigación periodística de Connectas.
Con el pago de los salarios gubernamentales en bolívares, cada vez más devaluados, los agentes necesitan fuentes de ingresos adicionales para sobrevivir. Citando los bajos salarios, un exagente de policía del estado de Miranda, que habló con la condición de que se resguardara su identidad, relató a InSight Crime que “la política nos obligó a meternos en este entorno [de la extorsión]”. Periodistas, investigadores y políticos de todo el país estuvieron de acuerdo en que los bajos salarios y la falta de entrenamiento han contribuido a la mayor participación de las fuerzas de seguridad en la extorsión.
Hay dos modalidades básicas de extorsión a la población civil por parte de las fuerzas de seguridad. En algunos casos, actúan como las bandas extorsionistas, visitando los negocios para exigir “cuotas de protección”. También pueden acusar a empresas agrícolas de usar depósitos de gasolina o diésel con fines ilegales y exigir cuotas que pueden alcanzar los US$3.000 a US$5.000 por agente, según el investigador del OVV.
Es igual de común ver que instalan retenes donde transportadores comerciales y personas deben pagar “peajes” para permitirles el paso. “La banda extorsiona, pero los funcionarios de la delincuencia organizada empezaron a montar alcabalas y empezaron a matraquear si un ciudadano no cargaba los papeles en regla”, relató un residente del estado de Guárico, quien solicitó mantener el anonimato por razones de seguridad.
El alto grado de corrupción es casi imposible de erradicar sin una reforma policial amplia, algo que es poco probable que el gobierno implemente, pues los intentos de reforma más recientes parecen tender más a la construcción de un estado policial que a acabar con la corrupción y la impunidad.
Un experto en seguridad pública en Venezuela entrevistado por InSight Crime hizo énfasis en que una oferta de salarios competitivos y mejor adiestramiento serían puntos clave de cualquier reforma policial, lo que no tiene muchas probabilidades de ocurrir en un Estado al borde de la bancarrota.
VEA TAMBIÉN: Cómo las granadas se convirtieron en un elemento esencial del arsenal criminal de Venezuela
Interrupción de operaciones y flujos monetarios internacionales
Algunos cabecillas de bandas extorsionistas venezolanas han huido al exterior para eludir la presión de las fuerzas de seguridad o gastar el dinero en otros países, algo que se ve con mucha frecuencia pero no exclusivamente en Colombia. Hace poco, el reputado líder delincuencial Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, fue capturado en Argentina mientras su organización seguía extorsionando negocios en Zulia.
Por otro lado, las bandas que estos lideran mantienen sus operaciones en el país. Cuando los cabecillas salen del país, la policía venezolana por lo general tiene órdenes de captura a su nombre, pero las autoridades extranjeras tienen acceso a esa información.
“Hoy día Venezuela en cuanto la autoridad va a obtener información [de Venezuela], es como un hoyo negro, como un vacío, no hay información”, señalaba un miembro de las fuerzas de seguridad de Chile a finales de 2022. Ese sentimiento lo compartieron representantes de la fuerza pública entrevistados por InSight Crime en Ecuador, Perú y Colombia a lo largo de 2023.
Mejorar el intercambio de información ayudaría a otros gobiernos de la región a rastrear y capturar a los líderes de bandas venezolanos que operan en el exterior. Venezuela ha hecho algunos pequeños avances en esa dirección tras la incursión en la prisión de Tocorón, que antes albergaba a la megabanda del Tren de Aragua. Cuando el líder de esa banda huyó antes de la toma de Tocorón, Maduro informó que el gobierno coordinaba con los gobiernos de Colombia, Perú, Chile y Ecuador para su captura. Días después, sin embargo, un fiscal chileno declaró a la prensa que su oficina aún no había recibido respuesta a los pedidos de información sobre la banda.
Los aliados regionales y Estados Unidos pueden ejercer mayor presión para que se mejore el intercambio de información sobre estos cabecillas como parte de las actuales negociaciones para aliviar las sanciones sobre Venezuela, entre otras iniciativas.
Es importante señalar, sin embargo, que una estrategia contra capos por sí sola no será suficiente para parar las actividades de los grupos venezolanos, pues todo el tiempo surgen nuevos líderes que llevan a la fragmentación de las bandas, lo que a su vez genera mayor violencia.
La mayor cooperación con plataformas financieras internacionales también podría ayudar a combatir y rastrear las rentas extorsivas de las bandas. Expertos y víctimas en Venezuela han informado a InSight Crime que los extorsionistas acostumbran exigir pagos en dólares por medio de plataformas internacionales, como Zelle.
La extorsión ha sido solo uno de los muchos factores que han llevado al éxodo masivo de más de 7 millones de venezolanos. Limitar su impacto en la población civil y los dueños de negocios también puede incidir de manera sustancial en limitar los factores expulsores que llevan a tantos venezolanos a abandonar su país. Pero las iniciativas locales para combatir la corrupción y la extorsión verán muy limitada su capacidad, mientras que elementos del Estado sigan siendo cómplices en el desarrollo de sistemas de gobernanza criminal en diferentes regiones del país.