La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está avanzando con los recortes al financiamiento de programas diplomáticos y de asistencia, lo que −según expertos− podría debilitar la capacidad de Estados Unidos y de sus gobiernos aliados para monitorear y enfrentar al crimen organizado en América Latina y otras regiones.

Las medidas más recientes, que requieren de la aprobación del Congreso, implican un recorte del 15% al presupuesto del Departamento de Estado, el cierre de oficinas y dependencias en distintas partes del mundo, y una reorganización de las funciones restantes del cuerpo diplomático de Estados Unidos. InSight Crime recibe financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a InSight Crime que los cambios harían que los esfuerzos contra el tráfico de drogas sean “más específicos, eficaces y eficientes para garantizar que cada dólar invertido haga que Estados Unidos sea más fuerte, seguro y próspero”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una publicación en Substack que el recorte era necesario porque partes del Departamento de Estado se habían convertido en una “plataforma para activistas de izquierda que buscan venganza” y habían contribuido a “facilitar la migración masiva en todo el mundo”.

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Los cambios previstos se producen tras la casi total eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), que había financiado iniciativas de seguridad en toda América Latina orientadas a mejorar las condiciones que empujaban a los ciudadanos a involucrarse con el crimen organizado o los llevaban a migrar hacia Estados Unidos, incluyendo fondos para ampliar y fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad locales y reducir la corrupción.

InSight Crime analizó el impacto de estos recortes en tres países clave y habló con expertos para entender qué consecuencias podría tener el fin de estos proyectos para la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

Financiar la lucha contra las pandillas en Haití

Haití fue el mayor receptor de fondos estadounidenses en América Latina en 2024, con la mayoría de los proyectos destinados a brindar asistencia humanitaria de emergencia a comunidades afectadas por un aumento explosivo de la violencia de pandillas. El país recibió más de 466 millones de dólares en asistencia extranjera por parte de Estados Unidos, de los cuales cerca del 89% fueron administrados por USAID.

El apoyo financiero de Estados Unidos ha sido clave para sostener a la debilitada fuerza policial haitiana y a la misión de seguridad respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, desplegada para ayudar a las autoridades locales a combatir a los grupos criminales del país.

Entre 2021 y 2024, el Departamento de Estado destinó al menos 189 millones de dólares para profesionalizar a la policía haitiana. Estados Unidos también se había comprometido a aportar al menos 380 millones de dólares para apoyar a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (Multinational Security Support Mission, MSS), liderada por Kenia, con fondos administrados principalmente por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

Sin embargo, el futuro del apoyo estadounidense en materia de seguridad es incierto. A comienzos de este año, la administración Trump congeló más de US$13 millones destinados a la MSS como parte de una pausa de 90 días en la ayuda exterior. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a InSight Crime que esos fondos ya fueron descongelados y, el 21 de abril, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas instó a otros países a “aportar su justa parte” a la MSS, afirmando que “Estados Unidos no puede seguir asumiendo una carga financiera tan significativa”.

La mayor parte de la financiación estadounidense para seguridad en Haití ya ha sido descongelada, y un funcionario del Departamento de Estado resaltó el apoyo continuo de Estados Unidos a la Policía haitiana y a la MSS.

Sin embargo, analistas afirman que, hasta ahora, las contribuciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional no han dotado ni a la Policía haitiana ni a la MSS de los recursos necesarios para enfrentar a los grupos criminales fuertemente armados, y ambos siguen limitados por la falta de equipo y personal.

Apoyo a la paz sostenible en Colombia

Colombia también es uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense. Gran parte  de la misma se ha destinado a la implementación del acuerdo de paz de 2016 que llevó a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde 2018, Estados Unidos ha aportado el 42% del financiamiento extranjero para la implementación del acuerdo. En 2024, la asistencia total de Estados Unidos a Colombia ascendió a US$451 millones.

Entre los proyectos financiados con fondos estadounidenses se incluyen programas de sustitución de cultivos para agricultores de coca en zonas rurales, iniciativas de reintegración para excombatientes y oportunidades para jóvenes en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Sin embargo, la administración Trump ha cancelado todos menos siete de los 80 programas que USAID financiaba recientemente en Colombia.

La producción de coca –materia prima de la cocaína– ha repuntado en los últimos años, y la cocaína sigue siendo un motor de la violencia en el país, donde grupos criminales se disputan el control de territorios estratégicos.

Recortar fondos para el desarrollo y la paz en un momento en que el presupuesto de defensa de Colombia enfrenta déficits crea un espacio que el crimen organizado puede aprovechar, dijo a InSight Crime la investigadora y activista Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

“Si tú no entras con las herramientas o el apoyo social del Estado, terminas dejando un espacio que lo llena la economía ilícita”, señaló Bonilla.

Buscar a los desaparecidos en México

La administración Trump ha reiterado en múltiples ocasiones que combatir a los grupos criminales en México es una prioridad para el gobierno estadounidense. El primer día de su mandato actual, Trump firmó una orden ejecutiva que derivó en la designación de varios grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

Más recientemente, algunos funcionarios estadounidenses incluso propusieron el uso de drones para bombardear a estos grupos en territorio mexicano.

Pero mientras se impulsa la fuerza militar como herramienta contra el crimen en el extranjero, el gobierno ha retirado silenciosamente su apoyo a programas que buscaban fortalecer la capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las causas estructurales de la criminalidad.

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Por ejemplo, antes del desmantelamiento de la USAID, la agencia financiaba asistencia técnica forense para las fuerzas policiales mexicanas en cinco estados con el mayor número de fosas clandestinas, con el objetivo de aumentar la identificación de personas desaparecidas. También proporcionó equipos al Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) de México para que pudiera ampliar su capacidad de identificación de restos humanos. Sin embargo, el funcionario del Departamento de Estado señaló que otros programas de fortalecimiento de capacidades y donaciones de equipos para las agencias que trabajan en casos de desapariciones continúan en marcha.

“La reducción del apoyo disminuye la presión sobre el gobierno mexicano para que haga más frente a esta crisis de desapariciones”, dijo a InSight Crime Maureen Meyer, experta en seguridad México-Estados Unidos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA). “Debilitar los esfuerzos forenses en México reducirá el número de investigaciones sobre estos crímenes”.

“Este no es solo un problema de México, también hay ciudadanos estadounidenses desaparecidos”, agregó Meyer.

Tras la publicación de este artículo, un funcionario del Departamento de Estado se comunicó con InSight Crime para resaltar los esfuerzos de la institución en la lucha contra el crimen organizado transnacional en América Latina y el Caribe, incluyendo a Haití, Colombia y México. La declaración completa enviada por el Departamento de Estado está disponible aquí.

Imagen principal: Marco Rubio jurando como secretario de Estado de Estados Unidos, enero de 2025. Crédito: Allison Robbert / AFP via Getty Images.