El pasado 3 de febrero, la administración de Donald Trump oficializó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos. Una decisión que no solo los deja expuestos a la deportación, sino que convierte a los más vulnerables en potenciales víctimas del crimen organizado.
El TPS fue creado en 1990 por el Congreso de EE. UU. y otorga una protección contra la deportación y permiso de trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres u otras condiciones extraordinarias. Venezuela fue incluida en 2021 debido a su crisis política y económica, lo que benefició a unos 600.000 venezolanos.
La revocación no entrará en vigencia hasta el próximo 7 de abril, por lo que los afectados tendrán varias semanas para salir del país de manera voluntaria o solicitar otra forma de protección migratoria, como el asilo. Por su parte, el grupo de venezolanos que obtuvieron el TPS en 2021 seguirán beneficiándose del mismo hasta septiembre de 2025, gracias a la extensión de 18 meses otorgada en marzo de 2024.
¿Qué implicaciones criminales trae esta decisión del gobierno estadounidense?
1. Uso del Tren de Aragua como herramienta de criminalización
La revocación del TPS para los venezolanos ocurre en un contexto en el que la administración Trump ha impulsado la narrativa de que el Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela, representa una amenaza para la seguridad en Estados Unidos, a pesar de que no hay evidencia suficiente sobre su presencia y alcance en el país.
Durante la administración de Joe Biden, surgieron informes sobre presuntas actividades del Tren de Aragua en al menos 10 estados. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron detalles concretos sobre los métodos utilizados para identificar a los presuntos miembros.
Al fin de su campaña, Donald Trump empezó a hacer constantes referencias al Tren de Aragua, una estrategia que no es nueva. En su primer gobierno, el grupo central de su discurso fue la Mara Salvatrucha (MS-13), pandilla formada por migrantes salvadoreños que surgió en la década de 1980, principalmente en Los Ángeles, California.
Tras su regreso al poder, Trump ordenó a su gabinete investigar la posibilidad de declarar a la megabanda venezolana como “organización terrorista” y ahora su administración contempla la posibilidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 (Alien Enemies Act), una medida que permitiría la deportación de migrantes presuntamente vinculados a pandillas, sin audiencias judiciales ni el debido proceso. La última vez que se implementó una normativa similar fue para justificar los campos de internamiento –o confinamiento forzado– de personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial.
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Estas acciones podrían generar una deportación masiva de venezolanos, quienes correrían el riesgo de resultar injustamente vinculados al Tren de Aragua por objetivos políticos y no mediante pruebas verificables. De hecho, en informes recientes se reportó que algunos venezolanos han sido detenidos y llevados a la prisión de Guantánamo, en Cuba, únicamente por tener tatuajes en el cuerpo, a pesar de que los miembros de la banda no suelen usar tatuajes específicos ni los utilizan como parte de un proceso de iniciación.
2. Deportaciones y riesgo de reclutamiento criminal
Usar al Tren de Aragua para justificar deportaciones con el fin de endurecer las políticas migratorias y justificar deportaciones, recuerda lo que ya ocurrió en los años 90 con la MS-13. En aquel entonces, las políticas de deportación masiva desde Estados Unidos hacia Centroamérica de las pandillas contribuyó a su expansión por todo el triángulo norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras.
La MS-13 se fortaleció debido a que muchos de los deportados se encontraban en condición de vulnerabilidad, lo que facilitó su reclutamiento por parte de las pandillas.
Un fenómeno similar podría repetirse en Venezuela, donde persiste la crisis social, política y económica. Las condiciones que llevaron a muchos a emigrar no han cambiado, y eso podría empujar a algunos de los deportados a integrarse a redes delictivas o a convertirse en víctimas del crimen organizado.
“No creo que tenga los elementos para decir que [los deportados] serían reclutados por bandas criminales, pero la lógica nos dice que si estas personas regresan a un contexto en donde las condiciones humanitarias no han mejorado ni hay oportunidades de trabajo, pues existen incentivos para vincularse a economías informales o, incluso, a economías ilícitas”, dijo a InSight Crime Laura Cristina Dib, directora del programa de Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
3. Redes de tráfico posibles beneficiadas
Tras el inicio de la deportación de venezolanos, como resultado de un acuerdo entre la administración de Trump y Nicolás Maduro, muchos de los deportados podrían intentar salir nuevamente de Venezuela después de su regreso.
“La emergencia humanitaria compleja [en Venezuela] sigue. Hay un gobierno autoritario que, además, puede criminalizar a aquellos que hayan emigrado a Estados Unidos o a quienes hayan hecho algún tipo de activismo en ese país. Por eso, es probable que los deportados traten de emigrar o de conseguir rutas por los caminos que puedan”, explicó la directora del programa de WOLA.
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Aquellos deportados con familiares en Estados Unidos podrían optar por regresar de forma irregular, mientras que otros podrían dirigirse a distintos países de Suramérica. A este flujo también se sumarían los venezolanos que, según encuestas, planean abandonar el país tras la juramentación de Maduro.
Ambos escenarios favorecen a las redes de tráfico de migrantes y coyotes, que han sido los principales beneficiados por la migración masiva de venezolanos en los últimos años.
Imagen principal: Venezolanos en Estados Unidos abordan los vuelos que los llevarán de regreso a casa. Crédito: Gobierno de los Estados Unidos.
