Las estadísticas de homicidios no cuentan toda la historia sobre el patrón de violencia nacional, pero las cifras observadas en Ecuador este año ponen de relieve la profundidad de la crisis de seguridad causada por el crimen organizado.
En 2022, Ecuador fue el décimo país más violento de Latinoamérica y el Caribe, después de un impresionante aumento de 82% en los homicidios frente al año anterior. En 2023, Ecuador va a situarse al menos entre los tres primeros, aventajando a países como Honduras, Venezuela y Colombia, en medio de las guerras entre bandas por el control de los flujos de drogas en el país.
A finales de noviembre, Guayaquil, principal ciudad portuaria del país y foco de narcotráfico, registraba un aumento de los homicidios de hasta 80%. En la provincia de Los Ríos, en el interior del país, pero ubicada en una ruta de trasiego de drogas entre la frontera con Colombia y Guayaquil, los homicidios se han disparado 153%. La ciudad de Esmeraldas, al noroeste del país, se ha convertido en uno de los centros urbanos más violentos de Latinoamérica.
La escalada de la violencia y sus causas son fáciles de entender: bandas fragmentadas en disputa por flujos de cocaína a granel, pero las autoridades aún no descubren cómo adelantar una respuesta efectiva.
El asesinato de un importante jefe pandillero desató la guerra entre bandas en todo el territorio nacional hace tres años. Otros reconocidos líderes pandilleros que sufrieron ataques abiertos fueron asesinados este año. Las macabras exhibiciones de cadáveres colgados de puentes, algo nunca antes visto en Ecuador, se volvieron pan de cada día. A pesar de los cientos de presos que murieron en masacres orquestadas y de las repetidas promesas de mejorar la seguridad en las cárceles, los motines siguieron sucediendo en 2023. Incluso los presos de mayor interés nacional, los sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fueron asesinados en su celda pocas semanas después de su captura.
Los lobos detrás de la puerta
Aunque en Ecuador hay muchas bandas peligrosas, en 2023 surgió una que se destacó entre la manada después de una brutal guerra de tres años.
Los Choneros, pioneros de la escena narco de Ecuador, que por casi dos décadas trasegaron cocaína desde Colombia hasta Guayaquil, libran una guerra con un eje de tres aliados, encabezados por los Lobos. La guerra, que se inició en 2020 y terminó este año, estuvo enmarcada por los asesinatos de dos líderes de los Choneros: alias Rasquiña, en diciembre de 2020, y Junior Roldán, alias “JR”, en mayo pasado.
Tras su victoria, los Lobos se han convertido en el motor de la máquina criminal ecuatoriana. “Controlan el transporte, el almacenamiento, en ciertas rutas de nuestro país para que sea trasladado, o en este caso contaminando contenedores para trasladar, a otros países”, explicó Max Campos, analista de seguridad y viceministro de interior de Ecuador.
El grupo ha cimentado su toma de la escena criminal de Ecuador adaptándose a las nuevas oportunidades.
“Los Lobos se han especializado también en otros ámbitos del crimen organizado, como son la minería ilegal, las vacunas, la trata de personas. Han ido cambiando y mutando”, señaló Campos.
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Por ejemplo, el grupo incursionó en una lucrativa actividad de minería ilegal de oro en la provincia de Imbabura, gracias en parte a una red de corrupción apoyada por el gobierno local, el ejército y la policía, según mostró una investigación del medio ecuatoriano Periodistas sin Cadenas.
Esas conexiones pueden ser más hondas de lo que se piensa. En noviembre, un presunto líder de los Lobos fue capturado en la ciudad de Puerto Bolívar. En su vehículo, se hallaron armas, municiones y miles de dólares en efectivo. Poco después del operativo, presuntos integrantes de los Lobos dispararon contra un puesto de policía en la ciudad. Aun así, el pandillero salió en libertad sin cargos en cuestión de horas.
Más aún, los Lobos se han afianzado como aliados cruciales en el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa. Cada año compran y transportan toneladas de cocaína usando sus contactos con socios colombianos, en particular el Frente Óliver Sinisterra, disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego venden la cocaína a sus viejos socios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en México, así como a grupos criminales albaneses.
Desde 2020, los Lobos han contado con el apoyo de otras dos pandillas, los Tiguerones y los Chone Killers, pero en 2023, se conocieron detalles de cómo funciona ese triunvirato. El dominio de los Lobos se origina en su control territorial, pues sus operaciones se extienden desde la frontera colombiana por todo el territorio hasta Guayaquil. Con ese fin, coaccionaron o eliminaron a todas las pandillas más pequeñas o a los clanes familiares que controlaban el narcotráfico y la extorsión en esas provincias. Muchas veces también obligan a jóvenes de extracción humilde a unirse a sus filas bajo amenazas de muerte.
Los Tiguerones dominan la extorsión. Los expedientes policiales acusan a los Tiguerones de más del doble de los intentos de extorsión que se presentan en la ciudad de Guayaquil. En el campo, al igual que en la ciudad, los Tiguerones parecen extorsionar a todo lo que se mueva, desde pequeños puestos callejeros, camiones de entregas y repartidores de agua potable.
Los Chone Killers son los más pesados. Con operación en la ciudad de Durán, cerca de Guayaquil, vigilan que los cargamentos de drogas de los Lobos transiten sin problemas por la ciudad portuaria. Los Chone Killers fueron los pioneros de las exhibiciones de muerte más macabras que Ecuador haya visto, entre ellas cadáveres colgados de puentes, en medio de una guerra con los Latin Kings, sus rivales locales. Los Chone Killers fueron señalados de masacres con frecuencia a lo largo de 2023, contando la de seis personas ultimadas con tiros el 3 de diciembre, al parecer por negarse a pagar extorsiones.
La apatía institucional
En una encuesta de 2022, el 75% de la población ecuatoriana declaró que no confiaba en la policía. Y 2023 no fue precisamente un año de mostrar para las fuerzas de seguridad en Ecuador.
La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio no ha arrojado resultados importantes más allá de la captura de los presuntos sicarios, quienes a su vez fueron ejecutados en prisión. En Durán, se han cerrado instituciones educativas por la violencia y algunos sectores de la ciudad han sido declarados zonas vedadas. Las principales ciudades de Ecuador han quedado básicamente sin liderazgo local.
Luis Chonillo, alcalde de Durán, una ciudad de casi 300.000 habitantes, sufrió un ataque en su primer día en el cargo en mayo pasado y desde entonces rara vez visita la ciudad. Manta, una ciudad sobre el Pacífico de tamaño similar, importante para el tráfico de cocaína, vio morir a su alcalde acribillado en julio. En un principio, se hicieron algunos arrestos, pero no se ha divulgado más información sobre esas investigaciones. El mismo presidente Daniel Noboa declaró a las Naciones Unidas que todos los días recibe amenazas de muerte.
Por otro lado, turbas de gente han linchado a ladrones después de que en repetidas oportunidades la policía no apareciera en las escenas de crímenes.
Los ecuatorianos tienen motivos para no confiar en las autoridades. La policía ha sido infiltrada por el crimen organizado, han vendido sus armas a las pandillas y han servido de guardaespaldas para narcos. Altos comandantes de policía fueron identificados como “narcogenerales” por el actual embajador de Estados Unidos en ese país.
Esta corrupción se presenta en medio de años de abandono. Los presupuestos para seguridad no se invirtieron, lo que dejó inutilizadas las patrullas de policía y a los agentes sin equipos o adiestramiento críticos.
Con los nuevos niveles de violencia y la continua parálisis de las fuerzas de seguridad, parece imponerse la resignación. “Parecería ser que tanto la policía como el Ministerio del Interior se acostumbraron a vivir con esas tasas [de homicidios]”, comentó Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, adjunto a la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
Al nuevo presidente le aguardan duras decisiones
¿Podrá Daniel Noboa, el nuevo presidente de Ecuador, cambiar esta situación? Tiene menos de 18 meses para lograrlo.
El mandatario de 35 años fue elegido hasta 2025 para terminar el periodo del expresidente Guillermo Lasso, quien dimitió en medio de una crisis constitucional. La nueva cabeza de Estado debe elegir con cuidado las batallas que librará: su partido Acción Democrática Nacional solo tiene 14 escaños en un parlamento de 137 curules.
Además de estas limitaciones, Noboa ha cambiado radicalmente sus propuestas para enfrentar la crisis de seguridad. En campaña, habló de nuevas oportunidades laborales y vigilancia comunitaria, que llevaran a jóvenes en riesgo de ser reclutados por las bandas a elegir otro camino. Pero al llegar al poder, adoptó una postura más dura, con promesas de despliegue del ejército para patrullar puertos, aeropuertos y carreteras con el fin de acabar con las bandas. Incluso planea exiliar a los criminales más peligrosos a barcos prisión en alta mar.
Sin embargo, en otros lugares se han usado estrategias de ese tipo sin mucho éxito. México y Honduras se han apoyado en el ejército para aniquilar a las pandillas, pero ambos países se mantienen entre los más violentos de la región. Y aunque la inversión en empleo y la rehabilitación son necesarios, los planes de seguridad de Noboa no abordan directamente la causa principal de la violencia de bandas: Ecuador está inundado de cocaína.
En términos de narcóticos, las políticas de Noboa están lejos de ser innovadoras. Su medida más radical desde que asumió el poder ha sido desechar las normas que permitían a los ecuatorianos portar hasta 10 gramos de marihuana, dos gramos de pasta de cocaína y un gramo de cocaína para uso personal. Noboa declaró que esas leyes alentaban el narcomenudeo, pero estaban en vigor desde 2013. Esa medida no hará mella en la actual crisis de Ecuador, agravada por los niveles históricos de producción de cocaína en los últimos años, y parece más dirigida a aplicar a su base política de derecha.
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Pero los ecuatorianos parecen ávidos de soluciones drásticas, y los candidatos que prometieron políticas de línea dura, entre ellos Noboa, terminaron la campaña de 2023 con gran favorabilidad. Algunos importantes analistas apoyan la idea.
“Se deben actualizar las leyes en el Ecuador, cuando tenemos una violencia desmedida y asimétrica por parte de los grupos criminales”, expresó el general Juan Jaramillo, analista de seguridad y ex comandante de policía en la zona fronteriza del norte de Ecuador.
“Habrá que olvidarse de la policía comunitaria para pasar a trabajar […] un patrullaje en el que se privilegie la fuerza de reacción, la táctica […] y la inteligencia y contrainteligencia”, comentó a InSight Crime.
Pero a un mes de llegado al poder, los planes de seguridad de Noboa se han retrasado. Una idea de fusionar dos ministerios para agilizar la toma de decisiones sobre seguridad resultó impopular y fue descartada. No se han divulgado los detalles de su plan de seguridad, llamado Fénix y no es claro cómo planea usar el ejército.
Es posible que Noboa busque victorias políticas más fáciles para multiplicar sus posibilidades de una reelección. Menos de una semana después de su asunción, propuso un importante plan de reforma económica como su prioridad política. En comparación, se han retrasado elementos claves del plan de seguridad de Noboa, incluido cómo exactamente usará el ejército.
Pero entre más se dilaten las principales reformas de seguridad, más difícil será revertir la escalada de violencia.
“Grupos de Delincuencia Organizada, tales como los Lobos reciben instrucción, adoctrinamiento, capacitación en el uso y manejo de armas de grueso calibre […] llegando a ataques a los recintos policiales y militares, evidenciando su superioridad frente al poder”, advirtió el general Jaramillo.
