La masacre de seis colombianos y un ecuatoriano sospechosos de haber participado en el magnicidio de un candidato presidencial en Ecuador ha llevado la retórica en materia de seguridad hacia las políticas de mano dura en vísperas de las elecciones del 15 de octubre.

Seis personas privadas de la libertad en calidad de sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron masacrados el 6 de octubre en la Penitenciaría Litoral, el centro penitenciario más grande de Ecuador, y el séptimo sospechoso fue hallado muerto al día siguiente.

Los homicidios sucedieron una semana antes de la cita de los ecuatorianos en las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y en medio de una investigación apoyada por el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) de Estados Unidos, con el fin de descubrir el autor intelectual del trágico asesinato de Villavicencio, quien fue baleado cuando salía de un evento de campaña el 9 de agosto en la capital Quito. De los 13 detenidos en conexión con el asesinato, quedan seis vivos, quienes se encuentran retenidos en una ubicación no divulgada.

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Hasta ahora, el gobierno no ha podido explicar cómo lograron los sicarios llegar hasta estos presos cuya seguridad era de interés público.

El presidente Guillermo Lasso calificó los asesinatos como una “crisis carcelaria”, ante la cual interrumpió un viaje a Estados Unidos y suspendió una gira diplomática a Corea del Sur para liderar un consejo de emergencia con su gabinete de seguridad.

“Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad”, se pronunció en X, antes Twitter.

La respuesta inmediata de su gabinete incluyó una reforma de los sistemas penitenciario y policial del país. El presidente destituyó la cúpula de ambos organismos, entre ellos el director del sistema penitenciario, el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador y al director general de Investigación de la Policía Nacional.

Un juez ordenó que el director encargado de la prisión de Guayas, quien había sido detenido para rendir su versión de los hechos, continuara privado de la libertad mientras avanza la investigación. Altos mandos señalaron que el funcionario es investigado por no haber realizado el traslado ordenado de los mismos reclusos que fueron asesinados.

Análisis de InSight Crime

Los candidatos presidenciales de Ecuador han basado su plataforma de seguridad en la inversión y las reformas sociales, pero están endureciendo su retórica ante esta nueva emergencia y la intensificación del escrutinio público para que expresen posiciones contundentes.

El que se perfila como favorito, Daniel Noboa, quien ya había propuesto reforzar el sistema judicial y adiestrar a la policía en resolución de conflictos, se volcó a las redes sociales para vender su plan de seguridad “Fénix”, que incluye profundas reformas en el frente de la seguridad, cárceles barcazas de máxima seguridad y la expansión de la autoridad militar.

Aunque el plan no es nuevo, el candidato ha insistido en el uso de las imágenes militares para promoverlo y ha evocado las medidas restrictivas en materia de seguridad usadas por algunos líderes de línea dura de la región, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Tenemos que tener la mano dura si queremos salvar al Ecuador de esta inseguridad”, escribió en X, antes Twitter.

Su rival, Luisa González, ha hecho menos énfasis en promover su política de seguridad que en defender a su partido de los señalamientos de que su mentor político, el expresidente Rafael Correa, ordenó los asesinatos.

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La Fiscalía General de Ecuador anunció que uno de los sospechosos confesó bajo juramento su participación en la masacre y acusó a la administración Correa de orquestar los asesinatos. El gobierno ha resguardado la identidad del sospechoso por razones de seguridad.

Una declaración divulgada por el partido de González, Revolución Ciudadana, insinuó que el escándalo es una conspiración del gobierno de Lasso para debilitar su campaña.

Sin embargo, también ella endureció su retórica inclinándose por la militarización tras el magnicidio de Villavicencio.

“Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado, retomar el control de las cárceles de las vías, de los espacios públicos y sobre todo [de] puertos y aeropuertos, los cuales militarizaré”, afirmó durante un debate entre candidatos presidenciales el 1 de octubre.

La respuesta de los candidatos a esta nueva crisis de seguridad puede ser decisiva para la victoria de uno u otro candidato en los comicios del 15 de octubre. Recientemente, el problema de la seguridad le quitó el lugar a la economía como el problema más acuciante para los ecuatorianos entre 16 y 25 años, un segmento que concentra el mayor porcentaje de votantes indecisos entre la población ecuatoriana, según las encuestas.

El ganador tendrá un periodo corto para resolver la crisis de seguridad en aumento que vive Ecuador, pero, aun cuando la línea dura en materia de seguridad reporte réditos políticos acelerados, los resultados hasta ahora no apoyan mucho esa salida.

Entre 2016 y 2022, la tasa de homicidios de Ecuador se disparó en casi 500%, con asesinatos de policías por parte de pandilleros, detonación de carros bomba y la exhibición de cadáveres colgados de puentes. Las bandas criminales se multiplicaron con el aumento de la importancia de Ecuador en la cadena de distribución de cocaína hacia Europa. Aunque en la actualidad, estas organizaciones suponen una amenaza extrema para la seguridad nacional, surgieron en las prisiones del país y siguen dirigiendo sus operaciones desde allí.

“Las bandas siguen controlando las prisiones y en complicidad evidentemente con autoridades del sistema penitenciario y con funcionarios que están sometidos a toda esa lógica criminal”, señaló Arturo Torres, periodista ecuatoriano experto en crimen, en entrevista con InSight Crime, y añadió que “las prisiones que son centros de operaciones de los cabecillas de las bandas para organizar diferentes golpes fuera en las calles, […] dar logística al envío de cocaína, al tráfico de armas y un sinnúmero de actos delictivos”.

La administración Lasso ya ha intentado implementar una estrategia militarizada al dar al ejército una participación cada vez más central en las operaciones carcelarias y contra las pandillas, pero esto no ha logrado reducir la violencia.

“Gobernar será más difícil que hacer campaña”, le comentó James Bosworth a InSight Crime. “Ningún candidato tiene una política definida o una varita mágica que deshaga la violencia en las prisiones y busque justicia para el candidato presidencial asesinado. El escenario más probable es que este sea un proceso largo y tortuoso que se extenderá mucho más allá del periodo provisional que tendrá el próximo mandatario”.