En los últimos años, Ecuador ha estado sumergido en una profunda violencia asociada al crimen organizado, que ha sido alimentada por la falta de capacidad de las autoridades para identificar el origen de las armas que terminan en manos de grupos criminales.
El crecimiento del crimen organizado en los últimos cinco años en Ecuador ha desencadenado una crisis de seguridad sin precedentes. En 2024, la nación registró la tasa de homicidios más alta de Suramérica y desde 2019, los homicidios han aumentado en más de 500%, pasando de 6.7 por cada 100,000 habitantes a 38.8, como resultado de las disputas entre grupos criminales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.
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Estos grupos recurren cada vez más a las armas de fuego de gran potencia para llevar a cabo ataques contra sus rivales y consolidar su dominio territorial. En Ecuador, 9 de cada 10 muertes violentas se producen por armas de fuego, explicó a InSight Crime Carla Álvarez, experta en el estudio de armas de fuego.
Las autoridades tienen dificultades para identificar el origen de gran parte de las armas incautadas, de acuerdo con las estimaciones a las que tuvo acceso InSight Crime. El 27% de las 13.613 armas de fuego incautadas entre enero de 2023 y abril de 2024 corresponden a armas de fuego de origen desconocido, seguido por armas producidas en Ecuador (25%) y Estados Unidos (10%), según datos oficiales de la Policía Nacional.
Un exfuncionario del Ministerio de Defensa de Ecuador, que prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, afirma que cerca del 40% de las armas de origen desconocido son fabricadas de forma artesanal —es decir, de forma ilegal en talleres de Ecuador—, el 25% de manera industrial y el 35% se desconoce su tipo de fabricación.
Dado su potencial destructivo, la ausencia de trazabilidad es especialmente importante cuando se trata de armas largas, ya que Ecuador no las produce a nivel industrial y estas provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos, Turquía y algunos países europeos—. La mayoría son traficadas y utilizadas por grupos del crimen organizado transnacional para el control territorial y el dominio de las rutas del narcotráfico. Por otro lado, las armas artesanales tienden a emplearse en delitos comunes como robos.
La falta de capacidad de las autoridades para rastrear el origen de las armas —e interrumpir su flujo— tiene sus raíces en la desorganización institucional y en procesos judiciales que se centran en los autores de los crímenes, y dejan en un segundo plano la procedencia de las armas empleadas.
El rastreo de armas en Ecuador se dificulta, en parte, por la ausencia de registros de información confiables, ni procesos institucionalizados y automatizados que faciliten la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial en el país.
Las bases de datos de las instituciones, además, no son del todo compartidos y las fuerzas armadas y policía no toman en cuenta otras variables que podrían aportar información sobre el origen de las armas, explicó a InSight Crime un miembro de la Policía Nacional de Ecuador, que trabaja en el área de análisis de información y que habló bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad.
“El proceso judicial se centra en las personas que se encontraron en flagrancia, en posesión de las armas y no tanto en las armas en sí mismas”, agregó el oficial.
Las armas incautadas son enviadas a la bodega de la Policía hasta que se completa el proceso judicial y, posteriormente, un juez dictamina su destrucción o su donación. Lo problemático de este proceso es que las autoridades han concentrado sus esfuerzos en la disposición de las armas decomisadas, en lugar de rastrear el origen de las mismas, lo que también tiene consecuencias en el procesamiento judicial.
“El no saber de dónde vienen la mayoría de las armas de fuego tiene implicaciones directas con la administración de la justicia”, dijo Álvarez. Si no queda clara la cadena de transferencia, es difícil identificar un arma y determinar a quién corresponde. Esto obstaculiza el proceso de acusación y juzgamiento.
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La falta de capacidad para rastrear armas de fuego es un problema común en toda América Latina y el Caribe. Por ejemplo, una investigación realizada por InSight Crime en 2017 reveló los numerosos desafíos que enfrentan las autoridades hondureñas en sus esfuerzos por controlar las armas de fuego que ingresan y circulan en el país.
Para hacer frente a esta problemática, Ecuador debe empezar a tener un manejo integral respecto de las políticas y procedimientos relacionados con el tráfico de armas de fuego. Para esto, podría partir por ratificar el Tratado de Control de Comercio de Armas de las Naciones Unidas (ATT), según Álvarez. Este tratado, que Ecuador aún no ha ratificado, regula el comercio internacional de armas, y busca prevenir su desvío. Además, establece el compromiso de los Estados para reportar importaciones y exportaciones de armas.
“Se debe mejorar la gestión del manejo de armas, ya que se produce muy poca información sobre las importaciones de las mismas”, dijo Álvarez.
