Un año después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declarara la guerra contra el crimen organizado, el país se enfrenta a un aumento de los desplazamientos, ya que miles de personas huyen de la escalada de violencia y una nueva oleada de migrantes ha llegado a la frontera entre México y Estados Unidos.

Más de 80.000 personas –tanto ecuatorianas como extranjeras— fueron víctimas de desplazamiento forzado debido a la inseguridad entre enero y octubre de 2024, según los datos de una encuesta de la organización humanitaria 3iSolution. A su vez, un 40% de los encuestados aseguraron que ellos o sus familias sufrieron extorsiones, y un 100% declaró haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea de naturaleza sexual, producto de robos, daños de bienes u homicidios.

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“Estas personas desplazadas necesitan urgentemente apoyo tanto del gobierno como de la comunidad internacional para reconstruir sus vidas”, afirmó en un comunicado Giovanni Rizzo, director de la oficina de Ecuador del Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC). El país entró en una espiral de violencia que condujo al gobierno a declarar un “conflicto armado interno” contra las bandas. El establecimiento del estado de excepción provocó un contraataque coordinado de los grupos criminales contra las fuerzas de seguridad e instituciones públicas del Estado.

Las provincias de Esmeraldas y Manabí han sido las más afectadas por el crimen organizado, convirtiéndose en importantes corredores del tráfico de drogas hacia México y Centroamérica.

La violencia también generó una ola migratoria de personas que huyeron de una situación insostenible, y que amenaza con agravarse en el largo plazo. Esto se refleja fundamentalmente en el aumento exponencial de migrantes registrados en la frontera entre México y Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP) registró en 2024 un número récord de 124.000 encuentros con personas de origen ecuatoriano en la frontera sur, en comparación con los 24.900 de 2022. 

Los datos del gobierno mexicano, a su vez, mostraron un salto en el número de migrantes irregulares de origen ecuatoriano, que llegó a 92.487 personas en 2024, un incremento significativo respecto a los 70.453 registrados en 2023. Asimismo, las autoridades de Panamá, registraron 16.576 ecuatorianos en tránsito por Darién en 2024, convirtiéndose en el tercer grupo más numeroso después de Venezuela y Colombia.

Análisis de Insight Crime

Aunque la guerra contra las bandas del presidente Noboa puso a los grupos criminales en la mira, el panorama criminal del país ha evolucionado rápidamente, y mientras estos buscan garantizar su supervivencia, es probable que la violencia detrás de los desplazamientos internos y la migración continúe. 

La intervención militar del presidente Noboa contra el crimen organizado transnacional supuso −temporalmente− un fuerte golpe para las bandas al desarticular el control y el entramado logístico que grupos como los Lobos y los Choneros tenían en las cárceles del país. 

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El éxodo migratorio de Ecuador durante 2024 coincidió con un descenso en el número de homicidios, según los datos de la Policía Nacional, que registró 6.987 muertes entre enero y diciembre de 2024. Esto supuso un notable descenso respecto a 2023, cuando el país alcanzó el índice más alto de homicidios de todos los países de Centro y Sudamérica, con una tasa de 44,5 cada 100.000 habitantes. A orillas del río Guayas, la ciudad de Durán se convirtió en el epicentro del crimen organizado del país.

Pero las bandas se han atomizado y reorganizado, evadiendo la ofensiva del gobierno. La deslocalización de los centros neurálgicos criminales al tomar el ejército el control de las prisiones de las manos de las mafias carcelarias provocó la fragmentación de los mayores grupos criminales del país −los Choneros, los Lobos y los Tiguerones− que ahora funcionan de manera menos jerárquica y más autónoma. Esto generó un aumento de las luchas entre las diferentes organizaciones y facciones dentro de las mismas por el control de las principales rutas de tráfico y otras actividades delictivas como la minería ilegal.