Uruguay, uno de los países más desarrollados de América Latina, ha tenido tradicionalmente algunas de las tasas de criminalidad más bajas y las instituciones estatales más sólidas de la región. Sin embargo, en los últimos años, el país se ha enfrentado a niveles elevados de homicidio e inseguridad, fenómenos que en gran medida están ligados al narcotráfico y a la actividad de pequeñas bandas criminales. Aunque Uruguay sigue siendo una de las naciones más estables del continente, su creciente papel en el tráfico internacional de cocaína y el deterioro de su sistema penitenciario representan riesgos importantes para su seguridad.
Geografía
Uruguay limita al norte y al este con Brasil, mientras que al oeste lo separa de Argentina el río Uruguay, que fluye hacia el sur hasta desembocar en el Río de la Plata y, finalmente, en el océano Atlántico, en el extremo occidental de sus aproximadamente 600 kilómetros de costa.
Su ubicación geográfica lo ha convertido en un punto cada vez más relevante para el tráfico internacional de cocaína. Grandes cargamentos suelen ser embarcados en Paraguay y luego transportados por el río Uruguay hasta el puerto de Montevideo, desde donde se envían a mercados internacionales, principalmente hacia Europa. El Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, también ha sido utilizado para traficar cantidades menores de cocaína hacia el viejo continente.
La droga también se introduce por la porosa frontera norte con Brasil, desde donde se traslada en camiones hacia Montevideo para su exportación. Esta zona fronteriza, compuesta en gran medida por tierras agrícolas en ambos lados, también ha sido escenario de contrabando agropecuario y abigeato, aunque ambos delitos han disminuido en los últimos años.
Históricamente, grupos criminales brasileños han cruzado la frontera hacia Uruguay para evadir a las autoridades y abastecer el mercado local de drogas, aunque ninguno ha logrado consolidar una presencia significativa en el país.
Historia
Colonizado por los imperios español y portugués, Uruguay transitó buena parte del siglo XIX enfrentando conflictos con sus entonces rivales Argentina y Brasil, además de una guerra civil entre los partidos Nacional y Colorado, que aún hoy siguen siendo actores influyentes en la política del país.
Durante gran parte del siglo XX, Uruguay creció en población y desarrollo, hasta que los militares tomaron el poder con un golpe de Estado en 1973. En medio de la crisis económica, la dictadura negoció el retorno a un gobierno civil en 1984, y durante la década siguiente el país experimentó la recuperación y fortalecimiento gradual de sus instituciones democráticas.
A comienzos de la década de 2000, la base de coca −una forma de cocaína parcialmente procesada y altamente adictiva− se volvió cada vez más popular en Sudamérica. En Uruguay, la demanda de esta droga barata creció en medio del desempleo masivo provocado por la crisis económica de 2002.
Hacia finales de esa década y comienzos de la siguiente, aumentaron las preocupaciones sobre la presencia del crimen organizado extranjero en el país, y las autoridades advirtieron sobre redes mexicanas, colombianas, brasileñas y de Europa del Este. Sin embargo, el mercado de consumo de drogas en Uruguay seguía siendo pequeño en comparación con el resto de la región, y el país no era un productor importante de bienes ilícitos, lo que reducía su atractivo para los grupos criminales transnacionales. Aun así, las autoridades expresaron su preocupación por el creciente nivel de sofisticación de los grupos locales.
A diferencia de otros países de América Latina, Uruguay respondió a la creciente preocupación por el crimen y la violencia no con estrategias represivas o militarizadas, sino con reformas tecnocráticas. A comienzos de la década de 2010, el gobierno adoptó tecnologías avanzadas de vigilancia predictiva y anunció planes para reforzar el régimen contra el lavado de dinero.
En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar por completo la producción y el consumo de marihuana con fines recreativos. Esta legislación posicionó al país en el centro del debate sobre la política de drogas, aunque su implementación avanzó lentamente durante varios años debido a obstáculos políticos y regulatorios. Las ventas de marihuana reguladas por el Estado comenzaron en julio de 2017. Según una encuesta oficial, el porcentaje de uruguayos que han probado el cannabis al menos una vez en la vida aumentó tras la legalización, pero los porcentajes de consumo mensual y anual disminuyeron, lo que indica una caída en el consumo habitual. Además, la proporción de consumidores que compraban cannabis a traficantes pasó del 58,2% en 2014 al 6,7% en 2024.
Aunque estas reformas progresistas rompieron con las tendencias regionales, no lograron revertir ciertos fenómenos del hampa, como el desarrollo continuo de bandas locales en zonas urbanas y la persistencia del tráfico de drogas y el lavado de dinero por parte de grupos extranjeros, especialmente el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC). Además, Uruguay −el país con mayor tenencia de armas por habitante en Sudamérica− comenzó a mostrar señales de ser un país de origen para el tráfico de armas en la región, en parte debido a la corrupción en las fuerzas armadas y policiales.
Las elecciones presidenciales de 2019 giraron en torno a la percepción de un aumento del crimen urbano. El candidato de centroderecha Luis Lacalle Pou ganó con una propuesta de mano dura centrada en combatir el crimen en las cárceles y el narcotráfico. Su administración militarizó la lucha contra el crimen organizado, marcando una ruptura con sus antecesores, que habían apostado por el profesionalismo policial como principal herramienta para contener la violencia. La tasa de homicidios disminuyó respecto al pico de 2018, pero se estancó en los primeros años de la década de 2020 en niveles más altos que los de años previos. Desde la elección de Lacalle Pou también aumentó la violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos policías y militares.
En 2024, Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, ganó las elecciones presidenciales con la promesa de implementar políticas de seguridad más enfocadas en la disuasión y el fortalecimiento de la policía que las adoptadas por los gobiernos anteriores de su coalición.
Grupos criminales
Históricamente, el crimen organizado no ha sido un problema de gran escala en Uruguay. Sin embargo, pequeños grupos criminales locales han comenzado a operar con mayor frecuencia en Montevideo y otras zonas urbanas. Estos grupos no tienen el poder de las pandillas callejeras existentes en otros países de América Latina, y sus actividades han estado tradicionalmente limitadas al hurto menor y el narcomenudeo. En los últimos años, algunas barras bravas −hinchadas de fútbol− también han sido señaladas por operar como organizaciones criminales, involucradas en el narcotráfico y la extorsión.
Las organizaciones criminales transnacionales han tenido cierta presencia en Uruguay, aunque ninguna controla el territorio. La ubicación del país y la importancia de sus puertos lo convierten en un punto estratégico de tránsito para la cocaína enviada desde Colombia y Perú hacia mercados internacionales. El PCC, el grupo criminal más grande de Brasil, ha sido vinculado a estas operaciones de narcotráfico.
En 2021 y 2022, Uruguay registró un aumento en la actividad criminal organizada en el norte del país. Los enfrentamientos entre bandas brasileñas generaron violencia e inestabilidad en departamentos fronterizos. Pequeñas bandas del sur de Brasil, en colaboración con socios uruguayos, intensificaron el robo de ganado en la frontera, donde la ganadería es clave para la economía local y el traslado de animales a través de la frontera dificulta las investigaciones.
Por otro lado, el descubrimiento de redes de narcotráfico de gran escala ha evidenciado el rol crucial de Uruguay como país de tránsito, donde distintos grupos criminales buscan expandirse. Cargamentos de cocaína provenientes de Paraguay han sido interceptados en Europa tras haber pasado por puertos uruguayos, lo que apunta a vínculos entre organizaciones brasileñas como el PCC y los mulas paraguayos que utilizan Uruguay como corredor.
Uruguay también se ha convertido en un lugar atractivo para el lavado de activos, en parte debido a su economía altamente dolarizada. Entre 2018 y 2022, los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico casi se duplicaron. Una reforma legal de 2020 elevó significativamente el límite para pagos en efectivo, lo que, según expertos, podría facilitar el lavado. Una auditoría independiente en 2023 concluyó que las instituciones uruguayas contra el lavado de activos carecen de recursos y capacidades técnicas para investigar eficazmente estos crímenes financieros.
Varios integrantes de organizaciones criminales internacionales provenientes de Brasil, México, Italia y los Balcanes han sido recluidos en cárceles uruguayas. La fuga de un jefe de la ‘Ndrangheta despertó preocupaciones sobre posibles actos de corrupción, mientras que se presume que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset consolidó su red criminal internacional mientras estaba tras las rejas.
Fuerzas de Seguridad
Uruguay cuenta con una fuerza policial nacional bajo la supervisión del Ministerio del Interior, que es la principal institución encargada de combatir el crimen organizado. Según datos del Ministerio, en 2022 el país tenía unos 33.500 policías, lo que representa más de 950 agentes por cada 100.000 habitantes.
Las Fuerzas Armadas de Uruguay están compuestas por tres ramas −el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea− y sumaban alrededor de 27.000 efectivos en 2022.
Si bien Uruguay tiene algunas de las instituciones más sólidas y confiables de América Latina, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad sigue siendo motivo de preocupación.
Sistema Judicial
El máximo órgano judicial del país es la Suprema Corte de Justicia, que también tiene competencias en temas constitucionales. Por debajo de esta se encuentran los Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados, Juzgados de Paz y Juzgados Rurales. La Fiscalía General de la Nación (Poder Judicial) es la entidad encargada de los casos de crimen organizado.
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project de 2024 ubicó a Uruguay como el país con menor corrupción y uno de los sistemas de justicia penal más eficaces de América Latina y el Caribe.
Uruguay mantiene elecciones justas y democráticas, un poder judicial independiente y sólidas garantías de los derechos civiles.
Prisiones
Las cárceles en Uruguay padecen de un hacinamiento crónico, aunque sus condiciones distan de las de otros países de América Latina. Con más de 16.000 reclusos en 2024, el país figura entre los diez con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita en el mundo. A medida que ha crecido la población carcelaria, el gasto por persona se ha reducido, lo que ha provocado un deterioro de las condiciones. Un estudio del gobierno uruguayo realizado en 2023 concluyó que el 43% de los reclusos sufría “trato cruel, inhumano o degradante”.
Pese a su legislación progresista sobre la marihuana, las autoridades siguen encarcelando a consumidores de bajo perfil, que tienen pocas posibilidades de rehabilitación, lo cual alimenta las altas tasas de reincidencia. Uruguay ha impulsado algunos programas para reducir la reincidencia, como un proyecto iniciado en 2017 que ofrece oportunidades laborales a personas recientemente liberadas. En 2019, el Ministerio del Interior lanzó un plan de reforma penitenciaria que incluye mejoras en la infraestructura, programas educativos y laborales, y nuevas iniciativas de salud y bienestar. Sin embargo, estos planes han carecido de financiamiento sostenido y la reincidencia −especialmente entre personas condenadas por delitos vinculados a la cocaína− sigue siendo elevada.
Aunque en Uruguay aún no existen pandillas carcelarias como en otros países de la región, hay señales preocupantes. Las tasas de violencia intracarcelaria son significativamente más altas que en las calles. En los últimos años se han registrado dos ataques graves, en los que reclusos lograron salir de sus celdas e incendiaron otras, causando decenas de muertes.
