El nuevo presidente de Colombia enfrenta uno de los panoramas criminales más complejos del mundo. Esta semana, el codirector Jeremy McDermott y la investigadora de Colombia Sara García analizan lo que hereda Abelardo de la Espriella: poderosos grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la producción récord de cocaína y la minería ilegal de oro en auge. También examinan el posible respaldo de Washington, si De la Espriella puede alcanzar los avances en seguridad de la era Uribe y los riesgos para los derechos humanos de una ofensiva militar más dura.

Transcripción en español

Jeremy McDermott (JM): Hola y bienvenidos a una nueva edición de The InSight Take. Soy Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime. Hoy me acompaña Sara García, una de nuestras investigadoras sénior de Colombia. Hola, Sara. ¿Cómo estás?

Sara García (SG): Hola, Jerry. Gracias por invitarme.

JM: Es un gusto tenerte aquí. Vamos a hablar sobre el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto. Fue elegido, sobre todo, por su promesa de enfrentar una situación de seguridad que se ha deteriorado durante los últimos años.

Hereda un panorama criminal extremadamente complejo que ha venido cambiando. Antes analizábamos la situación de seguridad en Colombia a través del conflicto armado que comenzó en la década de 1960 y enfrentó a guerrillas marxistas con paramilitares de derecha, mientras un gobierno respaldado por Estados Unidos intentaba imponer algún tipo de orden en el país.

De la Espriella no reconoce que Colombia esté inmersa en un conflicto armado interno. Para él, se trata de un gobierno enfrentado a una serie de actores criminales, sin ideología ni política de por medio. Además de estos actores, Colombia enfrenta economías criminales en auge, encabezadas especialmente por el tráfico de cocaína, tema en el que profundizaremos más adelante.

Comencemos entonces por estos grupos criminales y su poder relativo. ¿Puedes hacer un breve repaso, empezando por el más importante?

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SG: Claro. Primero están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Siguen siendo la organización criminal más poderosa de Colombia, con unos 10.000 integrantes. El grupo controla buena parte del norte del país, especialmente los departamentos del Caribe, y ha continuado expandiéndose hacia la costa Pacífica y la frontera con Venezuela.

En segundo lugar está el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo armado más poderoso del país, con unos 7.000 integrantes. Su bastión tradicional está en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se extiende por más de 2.000 kilómetros, y el grupo también tiene presencia en territorio venezolano.

Por último, están las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque existen varias facciones disidentes, las dos más grandes suman por sí solas más de 7.000 integrantes.

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JM: Bien. Simplifiquemos el panorama para que tanto yo como nuestra audiencia lo tengamos claro. En el norte tenemos a las AGC, formando una especie de U a lo largo de la costa Caribe y la frontera con Panamá, y empezando a expandirse por ambos extremos hacia la frontera con Venezuela y la costa Pacífica.

El ELN está concentrado principalmente a lo largo de la frontera con Venezuela, aunque también tiene frentes en algunas zonas del centro de Colombia. Y en el sur tenemos a las disidencias de las FARC, que forman una especie de U desde la costa Pacífica y la frontera con Ecuador, pasando por la región amazónica, hasta Venezuela.

Muchos de estos grupos tienen una larga historia. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los paramilitares de los que posteriormente surgieron las AGC, remontan parte de sus raíces hasta la época del Cartel de Medellín. El ELN existe desde la década de 1960 y las disidencias de las FARC tienen sus orígenes en las antiguas FARC, también creadas en esa década.

Entonces, Sara, si muchos de estos actores tienen tanta historia, ¿por qué decimos que el panorama actual es diferente?

SG: El primer elemento es la fragmentación del panorama criminal. Como mencionaste, las Autodefensas Unidas de Colombia estaban conformadas por diferentes bloques paramilitares y firmaron un acuerdo con el gobierno que culminó en su desmovilización en 2006. Solo de ese proceso surgieron unas 30 facciones. 

Las AGC fueron uno de los grupos que emergieron de esa desmovilización, pero no el único. Apenas diez años después, entre 2016 y 2017, comenzó otro proceso de fragmentación alrededor del acuerdo de paz con las FARC. Surgieron diversas facciones disidentes que hoy se enfrentan entre sí tanto como combaten a otros rivales criminales en el país.

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Otro elemento interesante del panorama actual es que queda poca ideología. La mayoría de los grupos armados ilegales que operan actualmente en Colombia están motivados principalmente por las ganancias económicas y el control territorial. Buscan dominar zonas estratégicas vinculadas a economías ilícitas como el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Estos grupos pueden aprovechar un amplio portafolio de economías criminales, encabezado, por supuesto, por el tráfico de cocaína. Colombia nunca había producido tanta cocaína como ahora. A eso se pueden sumar el creciente negocio de la marihuana, la minería ilegal de oro, los delitos ambientales, la extorsión y el secuestro. Todo esto genera miles de millones de dólares al año.

Esas ganancias permiten que los diferentes grupos aumenten no solo su tamaño, sino también su alcance territorial y su nivel de sofisticación. El uso de drones y otras nuevas tecnologías también ha transformado las dinámicas del país. Eso permite que los grupos criminales innoven con mayor rapidez y, en varias áreas, se mantengan un paso por delante de las autoridades.

JM: Sí. Yo todavía creo que el ELN mantiene cierto componente ideológico, aunque muchos de sus frentes o unidades sobre el terreno quizá no tanto. Si tuviera que señalar a uno de estos actores como el que todavía conserva una ideología, sería el ELN.

Pero mencionaste varias economías criminales. Concentrémonos un momento en la cocaína. Probablemente sea la más lucrativa y, desafortunadamente, es también por lo que Colombia es más conocida. Como dijiste, Colombia produce más cocaína que nunca. 

Las cifras son un poco confusas porque los datos del año pasado no fueron publicados. El expresidente Gustavo Petro no quería que se conocieran porque consideraba que lo dejarían mal parado y, de hecho, estamos bastante seguros de que así habría sido. Pero de lo que sí estamos bastante seguros es de que Colombia produce más de 3.000 toneladas de cocaína al año. Tenemos entonces un enorme aumento de la oferta y este panorama fragmentado del que has hablado.

También vale la pena hablar de los mercados, porque allí se han producido cambios enormes. Históricamente, la cocaína iba a Estados Unidos y Europa Occidental. Eso ya no es así, sobre todo porque, con una oferta tan grande, esos dos mercados sencillamente no pueden absorber toda esa cocaína. Esa es una de las razones por las que hemos visto fuertes caídas en los precios durante los últimos años en Estados Unidos y Europa.

Los traficantes de drogas han diversificado agresivamente sus mercados. Australia es quizá el caso más conocido y uno de los lugares donde la cocaína alcanza los precios mayoristas más altos, pero también estamos viendo incautaciones de varias toneladas en Asia.

Existe entonces un esfuerzo concertado por utilizar toda esta oferta adicional para diversificar los mercados de consumo. Y los colombianos no pueden hacerlo solos. Desde prácticamente el comienzo han establecido alianzas con otras mafias.

Primero fueron las mafias mexicanas, como el Cartel de Guadalajara y posteriormente el Cartel de Sinaloa, para abastecer el mercado estadounidense. Colombianos y mexicanos se asociaron para hacerlo. Después vimos a colombianos trasladando ellos mismos la droga hacia España. Más adelante desarrollaron una relación bastante estrecha, en realidad fueron las AUC quienes la establecieron, con la ‘Ndrangheta italiana, que hoy es posiblemente una de las mafias más poderosas de Italia, en buena medida gracias a sus conexiones con el tráfico de cocaína.

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Pero ahora vemos una gran diversidad de actores, principalmente europeos, participando en el negocio. Hay neerlandeses, franceses, británicos, albaneses y otras mafias de los Balcanes. Incluso criminales escandinavos han sido capturados aquí en Colombia.

Esto ha cambiado la naturaleza del tráfico de cocaína porque, debido a la fragmentación que existe en Colombia, ningún grupo controla realmente la oferta nacional, ni siquiera un porcentaje significativo de ella. Esto permite que los europeos negocien directamente con grupos colombianos más pequeños. 

Y, por supuesto, los colombianos quieren obtener el margen de ganancia que supone vender cocaína al por mayor en Estados Unidos, Europa o Australia, en lugar de venderla por US$2.000, que es aproximadamente el precio promedio de un kilogramo de cocaína en Colombia.

Pero hay algo interesante: la cocaína tiene un competidor en términos de ganancias criminales en Colombia, y es el oro. ¿Qué puedes contarnos sobre eso?

SG: La minería ilegal de oro se ha convertido en un elemento clave de las actividades criminales de los grupos armados ilegales en Colombia. Esto está relacionado particularmente con el aumento de los precios internacionales del oro, que ha impulsado la expansión de la minería tanto legal como ilegal en todo el país.

Otro factor que hace al oro especialmente atractivo es que el metal extraído ilegalmente puede ser lavado e incorporado a cadenas legales de suministro, mientras que la cocaína sigue siendo ilícita durante todas las etapas de producción y distribución.

Actualmente, los grupos armados ilegales están aprovechando el auge tanto de la minería legal como de la ilegal. Extorsionan a mineros legales e ilegales en regiones productoras de oro y obtienen ingresos de millones de dólares únicamente a través de la extorsión. Cuando se combinan esas ganancias con los ingresos obtenidos mediante la participación directa en la minería ilegal, la magnitud de estos recursos ilícitos se vuelve todavía más significativa.

JM: Sí. Y, como dices, si te encuentran con un kilogramo de oro, en la mayoría de los casos no hay delito. Si te encuentran con un kilogramo de cocaína, que ahora vale menos que uno de oro, probablemente termines directamente en prisión. Por eso el oro es una economía y una mercancía criminal ideal. Es muy fácil legalizarlo, como mencionaste, y los precios son muy altos. Además, puede utilizarse para lavar dinero y trasladar grandes cantidades de riqueza a través de fronteras sin dejar prácticamente ningún rastro. También puede utilizarse para pagar a subcontratistas, nuevamente sin dejar rastro.

Por todas estas razones, creo que el oro es ahora enormemente importante para todos los grandes grupos criminales de Colombia.

Ya analizamos los grupos criminales y las economías criminales. Ese es un panorama rápido de lo que enfrenta De la Espriella. ¿Qué ha prometido en términos de políticas o estrategias para enfrentar estas diferentes y complejas amenazas?

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SG: Durante su campaña presidencial afirmó que, si era elegido, su gobierno adoptaría una estrategia de seguridad de mano dura y descartaría las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales en favor de un enfoque centrado en las fuerzas de seguridad y los militares. 

También hizo énfasis en esto durante su discurso de posesión del 7 de agosto, cuando afirmó que buscará derrotar a los “narcoterroristas”, combatir a todas las organizaciones criminales y que la única opción de los grupos ilegales sería rendirse o enfrentar la fuerza del Estado. Y propuso reanudar la erradicación aérea de cultivos ilícitos, específicamente de coca, utilizando drones y bioherbicidas. Sin embargo, implementar una política de este tipo implicará importantes desafíos logísticos, financieros y legales para De la Espriella. 

También es importante señalar que la mayoría de estas propuestas no son nuevas en Colombia. Estrategias de seguridad y antinarcóticos similares han marcado la política gubernamental durante varias décadas. Sin embargo, las organizaciones criminales han demostrado una gran capacidad de adaptación, mientras que las economías ilegales han mostrado una enorme resiliencia y, en algunos casos, incluso han seguido expandiéndose.

JM: Sí. Tanto su campaña como su discurso de posesión parecieron seguir muy de cerca el libreto de Washington. El presidente Donald Trump respaldó a De la Espriella y ha prometido aumentar la asistencia, aunque hablaremos de eso en un momento.

Este enfoque que prioriza lo militar, esta política de mano dura, es algo que vemos cada vez más en diferentes partes de América Latina. El presidente Daniel Noboa lleva casi tres años aplicándola en Ecuador. Está el presidente José Antonio Kast en Chile, por supuesto Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. De la Espriella es, si se quiere, el ejemplo más reciente de este giro hacia la derecha y hacia políticas de seguridad más duras, en sintonía con buena parte del discurso de la administración Trump.

Colombia, por supuesto, ha sido durante décadas el aliado más leal de Washington, aunque los últimos cuatro años bajo el expresidente Gustavo Petro, un exguerrillero, fueron una excepción. Petro y Trump terminaron enfrentándose con frecuencia tanto en redes sociales como en escenarios diplomáticos.

Pero ¿puedes explicarnos primero cuál ha sido tradicionalmente el papel de Washington en Colombia? Después podemos mirar hacia adelante y pensar qué podría cambiar con la relación entre Trump y De la Espriella.

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SG: Sí, tienes razón. Colombia ha sido durante mucho tiempo el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en América Latina. Uno de los momentos decisivos de esa relación fue el Plan Colombia, una iniciativa de miles de millones de dólares lanzada a comienzos de la década de 2000.

El Plan Colombia fue concebido inicialmente como una estrategia para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y reducir los cultivos de coca. Pero, en el contexto del conflicto armado colombiano, rápidamente se convirtió en una alianza de seguridad mucho más amplia entre los dos países. Gran parte de la asistencia estadounidense se concentró en fortalecer las fuerzas de seguridad colombianas mediante capacitación, equipos militares, capacidades de inteligencia y programas antinarcóticos.

La realidad es que los resultados fueron mixtos. La asistencia estadounidense contribuyó a una profunda transformación de las instituciones de seguridad colombianas y ayudó al gobierno a debilitar a varios de los principales actores armados. Sin embargo, aunque los cultivos de coca disminuyeron en determinados momentos, la producción se desplazó geográficamente y las organizaciones criminales se adaptaron a las nuevas condiciones.

La estrategia fue efectiva para atacar el liderazgo y las capacidades militares de los grupos armados, pero fue menos eficaz para enfrentar los factores económicos e institucionales más profundos que permiten que las economías ilegales y las redes criminales persistan.

JM: Sí. Creo que como estrategia antinarcóticos el Plan Colombia no fue demasiado exitoso. Pero como estrategia contrainsurgente y, después del 11 de septiembre, cuando pasó a ser principalmente una iniciativa antiterrorista, creo que tuvo un éxito bastante notable.

La gente olvida que la asistencia estadounidense fue lo que realmente inclinó la balanza a favor del Estado colombiano y, en mi opinión, obligó tanto a las AUC como a las FARC a negociar. Desde esa perspectiva, creo que sí hubo resultados importantes. 

Pero hablemos ahora de la ayuda de Estados Unidos. El mensaje que sale de Washington es que, tras la elección de De la Espriella, la relación entre Washington y Bogotá alcanzará nuevos niveles. Se habla de hasta US$1.000 millones en asistencia. Colombia también se está sumando al Escudo de las Américas, la iniciativa del presidente Trump para combatir principalmente el tráfico de drogas, sobre todo desde una perspectiva militar. 

Y Colombia necesita dinero. De la Espriella enfrenta una crisis fiscal. Existe un enorme déficit y los niveles de deuda del país son muy altos. Tiene muy poco margen para conseguir los recursos que requiere una política de seguridad tan ambiciosa, que implicará un alto nivel de operaciones, nuevas contrataciones, mucha capacitación y otros gastos. Si el dinero estadounidense va a llegar, necesita hacerlo rápidamente y en cantidades significativas.

Soy un poco escéptico de que eso ocurra pronto. Por un lado, el presidente Trump suele prometer muchas cosas y posteriormente puede cambiar de opinión. Además, tiene las elecciones de mitad de mandato por delante y creo que su atención está muy concentrada en ellas. También ha pedido al Congreso más recursos para las operaciones en Irán y para reconstruir los arsenales de misiles, entre otras prioridades. Así que agregar otros US$1.000 millones para Colombia probablemente requiera algo de tiempo antes de recibir aprobación.

De la Espriella realmente necesita aprovechar sus primeros 100 días para producir algún cambio visible. Me preocupa que no pueda comenzar la erradicación de coca tan rápidamente como quisiera debido a obstáculos constitucionales y ambientales. También me preocupa que no disponga del dinero necesario para desplegar a los militares de la manera que ha venido planteando.

Y existe además este énfasis en la acción militar que, como hemos señalado en InSight Crime, es solamente una herramienta dentro de un conjunto mucho más amplio que se necesita para contener al crimen organizado transnacional y, posteriormente, comenzar a desmantelarlo.

Con base en los últimos 30 años de experiencia y en lo que ha prometido De la Espriella, ¿qué tan eficiente y efectiva crees que podría ser su política de seguridad?

SG: Para darle el beneficio de la duda al panorama actual, existe una clara tendencia hacia la territorialización de las dinámicas criminales en Colombia. La violencia está cada vez más concentrada en zonas específicas que son estratégicas para las economías criminales, particularmente para el tráfico de drogas y la minería ilegal. En ese contexto, esa concentración territorial podría representar una oportunidad para Abelardo de la Espriella.

De hecho, varios expertos que he entrevistado consideran que las políticas de seguridad deberían estar mucho más focalizadas, basarse en un conocimiento detallado de las condiciones locales y adaptarse a las dinámicas específicas de los territorios más afectados por la violencia y la gobernanza criminal. En ese sentido, la territorialización podría jugar a su favor.

La misma lógica se aplica a los cultivos de coca. Aunque la coca se cultiva en varias regiones del país, la gran mayoría de los cultivos está concentrada en apenas diez municipios. Esta concentración geográfica podría facilitar el diseño y la implementación de intervenciones focalizadas en las zonas donde pueden tener un mayor impacto.

Sin embargo, como mencioné antes, muchas de estas medidas ya se han utilizado en el pasado y el tráfico de drogas ha seguido creciendo, al igual que el crimen organizado. Por eso, como señalaste, la caja de herramientas debe ser mucho más amplia que un enfoque exclusivamente militar o antinarcóticos.

JM: Sí. Ahora voy a revelar mi edad. Recuerdo haber viajado a Putumayo, una de las principales regiones productoras de coca, a finales de la década de 1990, justo cuando se estaba diseñando el Plan Colombia, antes de su implementación en 2000. Ya hemos estado aquí antes, Sara.

Y estoy de acuerdo en que, si logra implementar un programa de erradicación de coca muy rápido y amplio en los diez municipios que mencionaste, ciertamente podría afectar la producción. 

Pero ya vimos qué ocurrió cuando se intentó hacer algo similar con la fumigación aérea. Los cultivos simplemente se dispersaron por Colombia. Los lotes se hicieron mucho más pequeños para evitar ser detectados desde el aire. Y aumentó el rendimiento por hectárea. Por sí sola, esta estrategia podría tener un efecto a corto plazo. Pero el crimen organizado ya se adaptó una vez a estas medidas y sospecho que volverá a hacerlo, incluso con mayor agilidad y rapidez que antes.

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El expresidente Petro tuvo un enfoque interesante frente a la política de drogas. Dejó de concentrarse principalmente en la erradicación de cultivos y puso más énfasis en las incautaciones y en atacar los eslabones superiores del tráfico de cocaína.

Su argumento era bastante poderoso: ¿por qué estamos castigando a los campesinos cultivadores de coca, que son quienes menos dinero ganan en toda esta cadena y que, con frecuencia, son simplemente víctimas del conflicto armado y de la violencia? ¿Por qué no concentrarnos en los eslabones superiores? Tiene sentido. Pero Petro no logró implementar efectivamente esa política ni contener la expansión de los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Entonces, ¿qué creemos que cambiará con De la Espriella? ¿Puede realmente transformar las dinámicas del tráfico de cocaína durante los cuatro años de su mandato?

SG: Mencionaste el enfoque de Petro y ciertamente fue una propuesta interesante. Creo que fue importante abrir la discusión sobre qué medidas pueden atacar de manera efectiva los eslabones superiores de la cadena del tráfico de drogas, donde se concentra la mayor parte de las ganancias.

Pero, como también señalaste, la implementación de esa política enfrentó importantes desafíos, especialmente por la falta de coordinación con otras políticas de seguridad y con la Paz Total, además del contexto internacional y de las tensiones en la relación con Estados Unidos.

De la Espriella ha dicho, tanto durante la campaña como en su discurso de posesión, que retomará la erradicación aérea de los cultivos de coca. Eso ya se ha hecho antes. Pero la historia demuestra que este tipo de medidas, por sí solas, son insuficientes. Concentrarse únicamente en los cultivos de coca de determinadas regiones puede provocar el efecto globo que mencionaste antes y hacer que los cultivos aumenten en otras partes del país.

Además, los cultivos de coca son solo uno de los eslabones de la cadena del tráfico de drogas y no son el que genera las mayores ganancias dentro del tráfico transnacional de cocaína.

En distintos países de la región hemos visto que los enfoques más efectivos incluyen estrategias integrales, como la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia, la colaboración judicial, el desmantelamiento de redes de lavado de dinero, seguir el rastro del dinero y de los intermediarios, entre otras medidas.

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JM: Irónicamente, creo que Estados Unidos tenía un enfoque acertado durante administraciones anteriores. Equilibraba los componentes de seguridad y mano dura con el fortalecimiento del sistema judicial mediante capacitación y, a través de USAID, también trabajaba con las comunidades locales en las zonas violentas vinculadas al tráfico de coca.

Creo que a veces no se le reconoce suficientemente el impacto que tuvo este trabajo. En realidad, produjo efectos bastante significativos. Una de las razones por las que actualmente la coca está concentrada en solo diez municipios, donde el gobierno colombiano tiene poco control, es que en otras regiones hubo un trabajo sistemático con las comunidades. Llegaron diferentes instituciones del Estado, no solamente la policía y el ejército, sino también la educación, la salud y otros servicios. Para muchas de esas zonas, fue la primera vez que tuvieron una verdadera presencia integral del Estado.

Hasta ahora nos hemos concentrado mucho en las zonas rurales. Hemos hablado de cultivos de coca, actores rurales y minería. Pero esto no ocurre únicamente en el campo. En algunos casos, las ciudades también enfrentan altos niveles de violencia y tienen sus propias dinámicas criminales, que el presidente De la Espriella tendrá que enfrentar. Cuéntanos un poco sobre eso.

SG: El conflicto urbano es, de hecho, uno de los elementos menos valorados del panorama colombiano. Aunque el conflicto armado sigue concentrándose principalmente en las zonas rurales, hemos visto que las dinámicas criminales afectan cada vez más a las principales ciudades de Colombia, por ejemplo, mediante la extorsión, los homicidios, los robos y la intimidación criminal. Todo esto ha contribuido a una creciente percepción de inseguridad en las ciudades. 

En los centros urbanos hemos visto la presencia de redes criminales más pequeñas, pero las ciudades también se han vuelto cada vez más importantes para las grandes redes criminales porque concentran activos estratégicos. Para el tráfico de drogas, por ejemplo, allí están los puertos, la infraestructura de transporte, los servicios financieros y los mercados de consumo.

La realidad es que las organizaciones criminales están invirtiendo cada vez más en operaciones urbanas, no solo para generar ingresos, sino también para asegurar su logística, reclutar integrantes y lavar dinero. Esto significa que actualmente no podemos entender los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia sin incorporar las dinámicas de las zonas urbanas.

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JM: Algo que también hemos aprendido durante los últimos 30 años es que los grupos criminales colombianos son extremadamente ágiles. No van a quedarse de brazos cruzados frente a esta nueva política de mano dura. Hay muchísimo dinero en juego, como hemos explicado, y muchos de estos grupos tienen una enorme experiencia militar.

Pensemos en el ELN, que lleva décadas resistiendo ofensivas militares respaldadas por Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre la capacidad de adaptación de los grupos criminales para resistir este cambio de política?

SG: Sin duda. Los grupos criminales colombianos tienen décadas de experiencia enfrentándose a los gobiernos, promoviendo sus propias agendas e intereses mediante la violencia y respondiendo a los enfoques militares que De la Espriella espera implementar.

Solo durante el fin de semana de la posesión presidencial hubo alrededor de 12 ataques armados en diferentes zonas del país, cometidos principalmente por el ELN, pero también por disidencias de las FARC. Creo que detrás de estas acciones puede haber un mensaje.

Los grupos están mostrando y señalando su capacidad operativa, pero también su disposición a mantener la presión mediante la violencia sobre la sociedad civil, las comunidades y las fuerzas de seguridad.

JM: El último presidente que utilizó ampliamente este discurso de mano dura fue Álvaro Uribe. Fue presidente desde 2002 durante dos mandatos consecutivos de cuatro años. Desafortunadamente, vimos que el despliegue de los militares también derivó en abusos sistemáticos de derechos humanos, y las Fuerzas Militares colombianas no tienen precisamente el mejor historial en esta materia.

Buena parte del conflicto armado colombiano, que se remonta a seis décadas, también está vinculada a abusos del Estado, falta de oportunidades políticas y violencia política. Cuéntanos un poco sobre esa historia oscura y si existe el riesgo de que se repita.

SG: Como dices, necesitaríamos mucho más tiempo para hablar completamente sobre la larga historia de abusos estatales en Colombia. Durante gobiernos anteriores, el país vivió las consecuencias de la estigmatización de la protesta social.

También surgió el fenómeno de los “falsos positivos”, en el que incentivos perversos llevaron a integrantes de las Fuerzas Militares a asesinar civiles y presentarlos falsamente como integrantes de grupos armados ilegales para reclamar resultados operacionales. Y hemos visto colaboración entre actores estatales y grupos paramilitares, así como persecución y exterminio de movimientos políticos. Así que sí, existe una larga historia de abusos del Estado.

Y, desafortunadamente, ese legado sigue influyendo en el panorama político de Colombia. El riesgo no ha desaparecido. El año pasado vimos el asesinato de un candidato presidencial. Algunas de las condiciones estructurales que contribuyeron a estos abusos continúan sin resolverse, como la débil presencia del Estado en ciertos territorios, las vulnerabilidades institucionales, la polarización y el uso de la violencia como herramienta política.

JM: Cuando pienso en el presidente Uribe y su política de seguridad democrática, y posteriormente en el presidente Juan Manuel Santos, creo que su gran éxito no estuvo únicamente en las operaciones militares y de las fuerzas de seguridad. Ese componente estuvo acompañado de negociaciones. Uribe logró la desmovilización de los paramilitares: unos 30.000 entregaron las armas. Santos consiguió la desmovilización de las FARC: unos 13.000 guerrilleros. 

De la Espriella se ha negado a considerar cualquier tipo de negociación. Y tengo la sensación de que esto puede terminar perjudicándolo porque, si algo nos demuestra la historia colombiana y el proceso de fragmentación del que has hablado, es que mientras las economías criminales sigan intactas sobre el terreno, alguien va a administrarlas. Hay que negociar con los grandes grupos y posteriormente reemplazar su presencia y desarrollar la economía legal. 

Así que quiero ser optimista. Realmente deseo que el presidente De la Espriella tenga el mayor éxito posible a la hora de reducir la violencia y enfrentar algunas de las amenazas criminales extremadamente complejas que tiene por delante. Pero sabemos que no existe una solución mágica. Y sabemos que las economías criminales y sus ingresos parecen estar creciendo, no disminuyendo.

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Sara, estoy seguro de que después de los primeros 100 días de este gobierno volveremos a sentarnos y conversar sobre los resultados, o la falta de ellos, de la actual estrategia del presidente De la Espriella en Colombia. Muchas gracias por acompañarme en esta fascinante conversación. 

Y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos.

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