El ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió poner fin a las negociaciones con las guerrillas y desplegar a las experimentadas fuerzas de seguridad del país contra los grupos criminales. Pero ¿cumplirá sus promesas el presidente electo, alineado con Trump, cuando asuma el poder en agosto? Y ¿ayudará su plan a contener el panorama criminal del país o terminará agravándolo? La editora ejecutiva Deborah Bonello y el codirector de InSight Crime, Jeremy McDermott, analizan el viraje a la derecha de Colombia y los desafíos de seguridad que enfrentará De la Espriella.

Transcripción en español

Deborah Bonello (DB): Colombia eligió a Abelardo de la Espriella, un candidato de línea dura alineado con Trump, como su próximo presidente. Está previsto que asuma el cargo en agosto. Ha prometido poner fin a las negociaciones con los grupos armados, reconstruir las fuerzas de seguridad, erradicar la coca, construir megacárceles y llevar la ofensiva directamente contra los actores armados ilegales en Colombia.

Las promesas de campaña son una cosa. La compleja realidad de la seguridad en Colombia es otra. Soy Deborah Bonello y esta semana me acompaña en The InSight Take nuestro codirector Jeremy McDermott, quien ha vivido en Colombia durante casi 30 años, para hablar del país que heredará Abelardo, de lo que realmente ha propuesto y de la presión que Washington podría ejercer sobre él. ¿Están ahora en riesgo los acuerdos de paz de Colombia? ¿Estamos ante otro Ecuador o ante algo incluso más complejo?

Colombia tiene algunas de las fuerzas de seguridad más sofisticadas de América Latina, décadas de experiencia en contrainsurgencia y una larga historia de cooperación con Washington. Pero también es el principal productor de cocaína, una economía que alimenta a guerrillas y redes de tráfico de drogas, junto con la producción ilegal de oro y otras economías criminales. Además, el conflicto ha sido continuo durante más de seis décadas.

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Jerry, quisiera empezar preguntándote esto: Abelardo prometió una ofensiva de seguridad, pero ¿a qué se enfrentará realmente cuando llegue al poder?

Jeremy McDermott (JM): Deborah, este es posiblemente el panorama de seguridad más complejo de la región. Colombia no ha tenido paz desde 1964. Primero fueron los rebeldes marxistas, inspirados por Cuba, quienes se levantaron en armas contra el Estado. Luego se sumaron los grupos paramilitares de derecha. Y, por supuesto, también están las distintas organizaciones de tráfico de drogas, entretejidas con esos actores o actuando de forma independiente. A veces, el Estado ha sido poco más que un espectador de la violencia.

Muchos de estos grupos todavía existen hoy, de una u otra forma, ya sean guerrillas marxistas o estructuras paramilitares de derecha. Todos se financian con economías ilegales en auge, encabezadas, por supuesto, por el tráfico de cocaína.

Hagamos una radiografía rápida del momento actual y del presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro es un exguerrillero y, durante sus casi cuatro años en el poder, hemos visto un deterioro de la situación de seguridad. Aunque, para ser justos, ese deterioro empezó bajo su antecesor, Iván Duque.

Pero en los últimos años, el presidente Petro intentó negociar con todos los grupos ilegales bajo lo que llamó su plan de Paz Total. ¿El resultado? Las distintas organizaciones criminales se fortalecieron. Aprovecharon no solo los diálogos de paz, sino también los ceses al fuego que los acompañaron. El tráfico de cocaína siguió creciendo y financió esa expansión criminal. Para darte una idea en cifras, cuando Petro asumió el poder en 2022, había alrededor de 15.000 integrantes de grupos armados en el país. A finales del año pasado, según los estimados más confiables basados en inteligencia de las fuerzas de seguridad, esa cifra era de 27.000. Es un crecimiento de más del 60%. Ese es el panorama actual.

DB: Entonces, ¿esa es la principal amenaza que Abelardo debe enfrentar? Cuéntanos qué tiene por delante ahora.

JM: Hay que empezar por el auge del tráfico de cocaína, porque sostiene toda la infraestructura criminal. Aunque muchas de las organizaciones de tráfico de drogas de Colombia se han diversificado hacia el oro, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, etcétera, es la cocaína la que financia todo.

En cuanto a los grupos que enfrentará, quizás los más poderosos en este momento sean las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Sus raíces se remontan hasta el Cartel de Medellín, Deb, así que ya puedes ver de dónde vienen. Tienen alrededor de 10.000 integrantes. Son una organización dedicada al tráfico de drogas, aunque reivindican una fachada política. Dominan el norte del país, en particular la costa Caribe y, por supuesto, los puntos de salida del tráfico de drogas que parten de allí. También se expanden agresivamente por la costa Pacífica colombiana.

JM: Sus rivales más cercanos son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 6.000 integrantes. Es un grupo rebelde marxista curtido en combate, que se remonta a 1964, cuando fue fundado. Su mayor fortaleza está a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y también dentro de Venezuela, lo cual es un tema aparte, aunque su situación en ese país puede estar ahora en duda tras el arresto del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Luego vienen las disidencias de las antiguas y poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otro grupo marxista que firmó un acuerdo de paz en 2016 y se desmovilizó en 2017. Esto resultó en su atomización en varios grupos disidentes, alrededor de cuatro o un poco más. Entre todos suman hasta 9.000 combatientes.

Y, por supuesto, hay innumerables organizaciones de tráfico de drogas más pequeñas, pandillas callejeras y grupos criminales especializados, como los que manejan laboratorios de droga o construyen semisumergibles y narcosubmarinos.

Creo que lo que nos han mostrado los últimos 60 años de conflicto civil es, primero, que no existe una estrategia única para enfrentar a todos estos grupos y las economías criminales que los alimentan. Lo segundo que nos enseña es que el enfoque puramente militarizado no ha funcionado en el pasado. Los mayores avances en seguridad durante los últimos 60 años se han logrado con un enfoque de beneficios y castigos: presión militar combinada con negociación. Eso llevó a la desmilitarización y desmovilización de varios grupos guerrilleros en 1991, de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 y, por supuesto, de las FARC en 2017. Así se han logrado los éxitos más importantes hasta ahora.

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DB: Entonces, ¿Abelardo va a continuar por ese camino o qué propone hacer cuando asuma en agosto?

JM: Bueno, quizás lo primero que hay que decir, Deb, es que Abelardo no presentó un manifiesto muy detallado, mucho menos un documento profundo de seguridad, a diferencia de su rival, Iván Cepeda, que publicó 120 páginas con distintas propuestas.

En el caso de Abelardo, parece poco más que una lista de frases de campaña: no a las negociaciones de paz; fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, que serían desplegadas contra todos los grupos ilegales; creación de un bloque de búsqueda como el que apareció por primera vez durante la persecución de Pablo Escobar en los años ochenta y noventa, pero esta vez dirigido contra la extorsión; construcción de una serie de megacárceles al estilo del presidente Bukele en El Salvador; y un ambicioso programa de erradicación de coca para enfrentar el auge del tráfico de cocaína. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que ha planteado.

DB: Esto es distinto a lo que hizo el gobierno de Petro, pero ¿es nuevo para Colombia? ¿Y constituye una estrategia de seguridad coherente?

JM: Ninguno de esos elementos que acabamos de mencionar es nuevo. Todas esas estrategias ya se han implementado antes, incluso de manera simultánea. Estados Unidos ayudó a Colombia a construir una nueva generación de cárceles y a modernizar las existentes. No hay megacárceles al estilo de El Salvador, pero eso se debe a que ese modelo viola estándares sobre el espacio que debe tener cada recluso, entre muchas otras normas internacionales.

La erradicación de coca ha sido durante mucho tiempo un pilar central de la política gubernamental, y Gustavo Petro fue la excepción en este punto. Casi todos los presidentes desde los años 2000 han tenido alguna forma de erradicación como eje de su estrategia. Así que eso tampoco es nuevo.

Lo que cambió es que antes de 2015, Deb, la mayor parte de la erradicación se hacía con avionetas de aspersión, estos aviones fumigadores que podían cubrir enormes extensiones de terreno. Pero, por supuesto, los químicos con glifosato que rociaban mataban todo a su paso. La Corte Constitucional declaró ilegal esa práctica en 2015. Entonces Colombia pasó a la erradicación manual, que es mucho más lenta, más costosa y toma mucho más tiempo.

Lo que Abelardo parece estar proponiendo es usar drones, que vuelan justo por encima de la coca y quizá puedan cubrir mucho más terreno que la erradicación manual. Así que sí, es una estrategia coherente de herramientas que ya se han usado antes. Y es un plan que está en sintonía con el mensaje que viene actualmente desde Washington.

Pero quizás la gran pregunta es: ¿de dónde saldrá el dinero para todo esto? Colombia tiene un hueco fiscal importante que ha limitado al presidente Petro y muchas de sus iniciativas. Y todo esto claramente va a requerir nuevos recursos. Abelardo prometió recortar el gobierno en 40%, lo que sea que eso signifique. Tal vez de ahí salga algo de dinero. Pero, por supuesto, las fuerzas de seguridad también hacen parte del gobierno, ¿no? Así que no tengo del todo claro cómo piensa convertir esto en realidad.

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DB: Quisiera retomar el ángulo de Washington. Hemos visto unos años difíciles entre Colombia y la administración Trump. Y ahora, con los ataques con misiles contra lanchas rápidas que presuntamente transportaban drogas, así como la muerte del jefe del Tren de Aragua, “Niño Guerrero”, en Venezuela a manos de Estados Unidos y Venezuela, de la que hablamos en The InSight Take de la semana pasada, ¿va a llegar apoyo de Estados Unidos? ¿Y podría marcar una diferencia frente al tema financiero y al nivel general de la respuesta de seguridad?

JM: Como hemos hablado antes, Deb, el presidente Trump cambió radicalmente el enfoque de Estados Unidos frente a la política antidrogas. Volvió a poner la guerra en la guerra contra las drogas. La fusionó con la guerra contra el terrorismo y convirtió al ejército en la agencia principal.

Parece bastante claro que Abelardo conectó con ese mensaje durante su campaña y fue recompensado con el apoyo público del presidente Trump a su candidatura. Pero hay que recordar que desde 1999 con el anuncio del Plan Colombia, Colombia ha recibido miles de millones de dólares en ayuda estadounidense.

DB: Así es.

JM: Y esa ayuda fue recortada el año pasado por el presidente Trump. Algunos de esos fondos están nuevamente activos y puede que otra parte también regrese, quizá incluso hasta alcanzar los niveles previos a los recortes. Pero ¿esperamos que el presidente Trump entregue decenas o cientos de millones de dólares a Colombia? No creo que sea probable.

Dudo que, incluso si la financiación vuelve a los niveles del año pasado, sea suficiente para mover la aguja en términos de recursos y gasto. Otro punto: mencionaste los bombardeos, ya sean contra embarcaciones, muchas de las cuales salen de aguas colombianas, o el bombardeo contra Niño Guerrero en tierra. Colombia lleva años haciendo esto, y sospecho que la inteligencia estadounidense ha desempeñado un papel importante en estos ataques, que se remontan a varias administraciones.

Pero como descubrió el presidente Petro, cuando se bombardea, en particular, un campamento de disidencias guerrilleras o un campamento guerrillero en Colombia, se corre el riesgo de matar a menores de edad, porque estos grupos reclutan sistemáticamente a menores. Lo vimos en noviembre de 2025, cuando Petro autorizó un ataque contra un campamento guerrillero en Guaviare, en el sur del país. Cuando las autoridades entraron después del ataque, recuperaron 20 cuerpos, siete de ellos eran menores de edad. Eso, obviamente, tuvo enormes costos e implicaciones políticas.

Así que Abelardo casi seguramente se sumará a la iniciativa de seguridad de Trump para la región, llamada Escudo de las Américas, que lanzó en marzo de este año. Está diseñada para alinear a los países de América Latina y el Caribe con la estrategia antidrogas y antiterrorista de Estados Unidos, que, como hemos dicho, está bastante militarizada y busca objetivos para bombardear. Pero también tiene componentes migratorios, y tengo la impresión de que el presidente electo colombiano quizá no esté tan entusiasmado con esa parte.

En resumen, Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en Colombia durante más de 20 años y ha canalizado enormes cantidades de dinero al país, aunque esa ayuda fue recortada bajo el presidente Trump. Por eso no creo que tener un presidente más cercano a Washington de repente vaya a liberar grandes fondos monetarios para que Abelardo los gaste.

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DB: Hay una comparación evidente con Ecuador. Durante la última década hemos visto cómo la violencia ligada al tráfico de drogas se disparó allí. El presidente Daniel Noboa ha adoptado una estrategia militarizada con fuerte apoyo de Estados Unidos. ¿Estamos ante una situación similar en Colombia?

JM: Hay similitudes en la retórica: guerra, terroristas, medidas excepcionales, cárceles, cooperación en seguridad, dar vía libre a los militares. Pero Colombia no es Ecuador.

Las fuerzas de seguridad de Colombia están entre las más capaces de las Américas, quizá las más capaces de América Latina y el Caribe. Tienen décadas de experiencia en contrainsurgencia, guerra de selva, fusión de inteligencia, operaciones especiales, movilidad aérea y operaciones conjuntas de distintas formas con agencias estadounidenses. Ecuador no tiene nada parecido a esa experiencia o capacidad.

Y aunque es relativamente temprano para evaluar al presidente Noboa, su estrategia hasta ahora parece haber fragmentado a algunos de los grupos criminales ecuatorianos más grandes que cubrimos, como los Choneros y los Lobos, pero no ha reducido la violencia ni parece haber afectado el tráfico de drogas. De hecho, como recordarás de nuestro balance anual de homicidios, publicado a comienzos de este año, Ecuador registró niveles récord de homicidios. Ahora es uno de los lugares más peligrosos de la región: más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a ocho en 2020.

Hay algunos datos duros sobre el enfoque militarizado. Es probable que Colombia adopte la retórica, ya que Abelardo la ha usado durante su campaña. Eso ya está sobre la mesa. Dar vía libre a los militares parece probable. Lo que tenemos que precisar es qué significa exactamente.

También hay que recordar que el ejército colombiano tiene un historial de derechos humanos muy problemático. No estoy seguro de cuánto le preocupará eso a Abelardo, ni tampoco a Washington bajo la actual administración. Y parece haber una creencia, no solo de Abelardo, sino también de Estados Unidos, reflejada en lugares como Ecuador, según la cual la criminalidad puede bombardearse hasta hacerla desaparecer.

En Colombia eso no ha sido cierto, ni siquiera en el punto más alto del conflicto civil, cuando había miles de guerrilleros coordinando acciones y miles de paramilitares luchando por territorio. Ese no es el caso hoy. Primero, el enfoque militar no funcionó entonces. Y hoy no tenemos esos grandes ejércitos ilegales uniformados librando una guerra de posiciones.

Las AGC, el grupo más poderoso, viven entre la población civil. Rara vez usan uniformes. E incluso con los campamentos del ELN, como vimos en Venezuela durante el trabajo de campo en diciembre del año pasado, cuando existía una amenaza de ataques con misiles estadounidenses en Venezuela —recordarás que el USS Gerald Ford y una enorme flotilla estadounidense se ubicaron frente a la costa venezolana—, las guerrillas colombianas desmantelaron de inmediato sus campamentos en Venezuela y desaparecieron entre la población civil.

JM: No son estúpidos. Ven las señales y actúan en consecuencia. ¿Qué va a generar esto? Va a fortalecer la gobernanza criminal. Con esto nos referimos a los casos en los que grupos ilegales asumen ciertas funciones del Estado en las zonas que dominan, como la seguridad, la justicia o la tributación mediante extorsión.

Uno de los problemas que ha perseguido a Colombia a lo largo de su historia desde la independencia es que varias partes del país nunca han tenido una presencia real del Estado, especialmente las selvas del sur y el oriente, que históricamente han estado bajo influencia guerrillera. Y la única presencia estatal que la población de esas zonas ha visto ha sido la represión, lo que la ha empujado hacia los actores ilegales.

Cuando hablamos de bombardeos indiscriminados que pueden causar víctimas civiles, estamos viendo una repetición de errores anteriores.

DB: Sí, sí. Y hablando de la población civil, ¿cuáles crees que serán los blancos oficiales de los bombardeos y de la acción militar directa?

JM: Bueno, ya tenemos el ejemplo de las lanchas rápidas. Muchas de ellas han salido de aguas colombianas. Así que eso podría continuar, incluso intensificarse.

También están los laboratorios de droga. Hay dos tipos de laboratorios, como sabes, Deb. Por un lado están las llamadas cocinas, ubicadas junto a los cultivos de coca. Allí toman las hojas de coca cosechadas y las convierten en base de coca. Básicamente, son un cambuche con piso de concreto, donde trituran las hojas de coca. Hay canecas de gasolina y algunos químicos que usan para precipitar el alcaloide y convertir esa pasta blanca en base de coca.

Luego está la siguiente etapa. Montar una cocina cuesta unos pocos cientos de dólares, Deb. No es una gran inversión en infraestructura.

La siguiente etapa son los cristalizaderos, que producen clorhidrato de cocaína. Son un poco más sofisticados. Hay más lavados químicos, hornos microondas. Pero hoy también son móviles. Suelen montarse en un lugar donde se ha acumulado mucha base de coca. Procesan esa base, la convierten en cocaína, desmontan el laboratorio y se trasladan a otra zona donde haya base de coca lista para transformar. Así que tampoco son objetivos permanentes ni fáciles de encontrar.

JM: E incluso si pudieran encontrar todas estas cocinas y todos estos laboratorios, que claramente no pueden, ¿qué van a hacer? ¿Lanzar mil misiles contra todos ellos con innumerables víctimas civiles? Creo que la opinión pública colombiana quiere una línea dura contra el crimen, pero no creo que vaya a aceptar ataques con misiles o bombardeos contra distintos tipos de infraestructura de drogas que matarían a cientos de personas, probablemente civiles entre ellas.

Otro aspecto del tráfico de drogas son los astilleros donde se construyen semisumergibles y narcosubmarinos. También están en la selva, generalmente en los manglares de la costa. No son estructuras permanentes, sino temporales. Construyen los semisumergibles, de fibra de vidrio o a veces de metal, o incluso sumergibles completos. Los lanzan al agua y luego desmontan el astillero.

Si las fuerzas de seguridad colombianas supieran dónde están, ya los estarían atacando con tropas aerotransportadas. No es como si dijeran: “sabemos dónde están todos, solo tenemos que eliminarlos”.

Y luego están, por supuesto, los llamados objetivos de alto valor, como Guerrero, del Tren de Aragua, de quien hablamos la semana pasada. ¿Qué van a hacer si creen que pueden ser blancos de ataques con misiles? Se van a instalar en caseríos o pueblos remotos, sabiendo que ni siquiera un presidente de línea dura puede matar civiles colombianos con impunidad.

JM: Lo que ha sido más efectivo en Colombia es este enfoque integral del Estado, que Colombia, con respaldo de Estados Unidos, ha logrado implementar con bastante eficacia. No se trata solo de presión militar y operaciones contra las cúpulas y sus círculos cercanos. También están las ofensivas legales contra las ganancias del crimen y el lavado de dinero, la extinción de dominio, la extradición, por supuesto. Pero eso se ha combinado con trabajo social e inversión económica en las zonas de influencia criminal, llevando no solo el rostro duro y represivo del Estado, sino también salud, educación, vías, etcétera.

Y, mira, la historia ha demostrado que incluso algunas de las fuerzas criminales más poderosas de las Américas y podría decirse, del mundo, han aceptado ese acuerdo. Los paramilitares desmovilizaron 30.000 combatientes, Deb. Las FARC, más de 13.000.

Ahí es donde la retórica se estrella con la realidad. Vamos a descubrir que hay un número muy limitado de objetivos para un enfoque puramente militarizado. Y si empiezan a atacarlos, el crimen organizado se adaptará y los moverá aún más cerca de viviendas civiles.

Si no hay ninguna posibilidad de una solución negociada, ¿los grupos armados y criminales simplemente empacan y se van a casa? Eso nunca ha pasado en Colombia, especialmente mientras las economías criminales sigan intactas. Y debilitarlas implica mucho más que intentar erradicar cada mata de coca que se encuentre.

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DB: Claro. Y Abelardo no solo ha prometido una estrategia de seguridad de línea dura y aumentar la erradicación, sino que también ha amenazado la arquitectura de paz de Colombia, ¿no? Pasada y presente. Entonces, ¿los acuerdos de paz de Colombia, firmados hace diez años, están acabados?

JM: Hay varios aspectos de los diálogos de paz por los que Abelardo hizo campaña. Lo principal es la estrategia actual de Gustavo Petro. Hemos hablado de esta Paz Total, que, salvo un par de pequeñas desmovilizaciones y la entrega de algunas armas, ha logrado muy poco. Además, no tiene un gran marco legal. Así que creo que la Paz Total está muerta o herida de muerte.

Abelardo dijo que no quiere negociar con grupos criminales. Y para él todos son grupos criminales. No reconoce que Colombia esté en un conflicto civil ni que las guerrillas u otros actores puedan tener algún tipo de estatus beligerante bajo el derecho internacional. Así que las conversaciones con el ELN, facciones disidentes de las FARC, etcétera, probablemente serán congeladas, reducidas o terminadas, al menos las que sigan en curso.

Mencionaste el acuerdo de 2016 con las FARC. Eso es otra cosa. No depende solamente del presidente. Tiene peso legal, institucional y constitucional. Se firmaron acuerdos. Se asumieron compromisos sobre justicia transicional, reintegración, participación política, derechos de las víctimas, etcétera. Y cuenta con respaldo internacional.

Eso no significa que Abelardo no pueda dañarlo o socavarlo. Puede asfixiarlo quitándole financiación del gobierno. Buena parte todavía está financiada por la comunidad internacional, pero no todo. Y la arquitectura está protegida por los tribunales. No puede desmontarla. Pero sí puede obstaculizar y debilitar su funcionamiento. Ese es el peligro.

El acuerdo puede sobrevivir legalmente, pero su marco logístico en terreno podría quedar desmontado. Y eso, por supuesto, debilitaría aún más las posibilidades de cualquier negociación futura, porque quedará claro que puede llegar un nuevo presidente contrario a cualquier acuerdo firmado y cambiarlo todo, o al menos socavarlo de manera fundamental. Y entonces, ¿quién va a negociar seriamente si todo puede ser destruido en el futuro?

DB: Finalmente, Jerry, demos por un momento a Abelardo el beneficio de la duda. En tu opinión, ¿cómo se vería una estrategia de seguridad seria y efectiva bajo su presidencia?

JM: Miremos el vaso medio lleno y pensemos en las mejoras que él podría hacer. Las fuerzas de seguridad están desmoralizadas en este momento. Muchos no estaban muy contentos de servir bajo un exguerrillero desde el inicio, sobre todo uno que hizo su carrera política criticándolos.

Una de las primeras cosas que hizo Petro al llegar al poder fue retirar a decenas de generales del ejército y la policía, y se perdieron décadas de experiencia en liderazgo. Luego, los militares temían que si tomaban la iniciativa y realizaban operaciones que terminaran con muertes serían investigados porque Petro construyó su carrera política denunciando abusos de las fuerzas de seguridad y violaciones de derechos humanos.

Después, Petro les ató una mano a la espalda con el proceso de Paz Total y una serie de acuerdos de cese al fuego que les impedían combatir a los actores ilegales. Y esos ceses al fuego fueron abusados, Deb, casi sin excepción, por las facciones en guerra. Eso también debió ser bastante desmoralizante para las fuerzas de seguridad.

Así que, sin duda, van a respirar aliviadas cuando Petro salga del escenario político. Se les han prometido más recursos, respaldo político y mayor margen de acción. Todo eso será bienvenido si se traduce en fuerzas de seguridad más motivadas y mejor financiadas, actuando de forma profesional y medida, como han demostrado que pueden hacerlo.

La presión sobre los grupos armados se volverá una realidad. Por supuesto, esperamos que eso no ocurra a costa de abusos de derechos humanos y víctimas civiles. Ahí está la otra cara de la moneda, ¿no? Pero mantengamos el vaso medio lleno, Deb: las fuerzas de seguridad aprendieron sus lecciones y son las más capaces de la región. No van a cometer los mismos errores de derechos humanos del pasado.

Estados Unidos vuelve a aparecer, como ya dijimos, como un socio confiable y abre la chequera. Bueno, incluso con el vaso medio lleno, Deb, esa última parte no está realmente en manos de Abelardo. Y el presidente Trump ha convertido la imprevisibilidad casi en una piedra angular de su política.

Pero, con el vaso medio lleno, Estados Unidos entrega inteligencia y recursos que quizá puedan mover la aguja. Sobre el tema de las cárceles, no estoy muy seguro de qué conseguirían con la construcción de más cárceles en términos de cambiar las dinámicas en el terreno, o incluso las dinámicas criminales en sí mismas.

Si Colombia encarcelara al mismo porcentaje de su población que Bukele en El Salvador, habría más de un millón de colombianos tras las rejas.

DB: Casi el 2% de la población, creo, en El Salvador.

JM: Creo que tenemos que dar un paso atrás. Cuando llegué al país en 1997, existía un temor real de que Colombia cayera en manos de las guerrillas marxistas o de que el conflicto civil convirtiera a todo el país en una zona de guerra interminable. Se registraban 20 secuestros al día. Las masacres eran frecuentes. La mitad del país era una zona vedada para el Estado. 

Mira a Colombia hoy. El país tiene fuerzas de seguridad muy capaces y un sistema judicial efectivo. Pero fueron una sociedad civil muy fuerte y una prensa libre las que garantizaron que el país nunca dejara de ser una democracia funcional, aunque ocasionalmente defectuosa.

Recuerdo momentos en los que cientos de miles, incluso millones de personas, salieron a las calles a protestar contra las atrocidades de la guerrilla, en lo que se llamó el movimiento No Más, y eso forzó cambios.

Fue esa combinación de acciones militares, legales, sociales, económicas y políticas la que sacó a Colombia del abismo y la llevó hasta donde está hoy, con otra elección libre como la que acabamos de ver. Una diferencia muy ajustada entre los dos candidatos, pero nadie duda de que Abelardo va a asumir el cargo y podrá ejercerlo sin problema.

Así que, si permite que los colombianos hagan lo suyo, protege la democracia y la sociedad civil sigue fortaleciendo las instituciones del Estado, este tropiezo en los avances de seguridad que hemos visto durante los últimos seis años se corregirá, y Colombia continuará su trayectoria ascendente.

DB: Sin duda será un tema para seguir de cerca. Y, por supuesto, Colombia es una de nuestras áreas de cobertura más grandes y sólidas. En agosto, Abelardo asumirá el poder, con grandes expectativas y desafíos urgentes, y estaremos siguiendo cada paso de esos frentes criminales.

A quienes nos ven y nos leen, no se pierdan nuestros perfiles, análisis e investigaciones sobre los grupos, dinámicas y temas de los que hemos hablado hoy. Todo eso lo encuentran en InSightCrime.org. Eso es todo por hoy. Jerry, muchas gracias por acompañarnos.

JM: Muchas gracias, Deb.