A pesar de su proximidad a los países andinos productores de cocaína, Chile no había sufrido, hasta hace poco, los efectos negativos del crimen organizado en la misma medida que otras naciones de la región.
Hoy sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero desde mediados y finales de la década de 2010 ha experimentado una expansión del crimen organizado.
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Últimas noticias de Chile
14 de septiembre de 2026 – Chile desmantela su primer laboratorio clandestino de popper
La policía chilena desmanteló el primer laboratorio clandestino conocido dedicado a la producción de popper en el país, tras la detención de tres ciudadanos chilenos presuntamente involucrados en la obtención de precursores químicos en la Región Metropolitana de Santiago y la fabricación de la droga en Valparaíso. La investigación comenzó después de que funcionarios de aduanas del aeropuerto de Santiago detectaran importaciones de frascos, etiquetas, cajas y otros insumos presuntamente destinados a la producción de popper. Durante varios meses de investigación, la Policía de Investigaciones de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas y la Fiscalía identificaron más de 100 envíos vinculados al caso. El hallazgo apunta a una posible evolución del creciente mercado de drogas sintéticas en Chile, donde la producción local sigue siendo relativamente poco común y gran parte del suministro aún proviene del extranjero.
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17 de agosto de 2026 – Presidente Kast propone ampliar facultades del Ejecutivo ante amenazas del crimen organizado
El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó ante el Senado un proyecto de reforma constitucional que contempla ocho modificaciones para reforzar las herramientas del Estado frente al crimen organizado, en medio de una creciente preocupación por la seguridad en el país. La iniciativa propone crear un nuevo Estado de Excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado ante amenazas graves o situaciones en las que la seguridad pública se haya visto seriamente afectada. La medida también permitiría restringir determinados derechos y otorgaría mayores facultades a las autoridades en las zonas bajo Estado de Excepción.
Geografía
Las fronteras que Chile comparte con países productores y de tránsito de drogas lo hacen vulnerable al narcotráfico con destino a Europa, América del Norte, África y Australia.
Muchos cargamentos ilícitos destinados a mercados internacionales ingresan a Chile a través de sus porosas fronteras antes de ser enviados desde los puertos situados a lo largo de sus 6.500 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico. La mayor parte de la cocaína que entra al país proviene de Bolivia y llega por las regiones septentrionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El puerto de Arica, el más septentrional del país y sobre el que las autoridades chilenas tienen una supervisión limitada debido a un tratado con Bolivia, también funciona como un importante punto de entrada de precursores químicos utilizados para la producción de cocaína en Bolivia.
Historia
Después de la dictadura del general Augusto Pinochet, Chile se ganó la reputación de ser uno de los países más estables y económicamente desarrollados de la región. Aún cuenta con instituciones relativamente sólidas e independientes, bajos niveles de corrupción en comparación con otros países latinoamericanos y tasas de homicidio que se mantienen entre las más bajas de la región.
Sin embargo, desde mediados y finales de la década de 2010, el crimen organizado se ha convertido en un problema cada vez más grave, impulsando distintas formas de violencia, incluidos los homicidios. Esto ha contribuido al aumento de la percepción de inseguridad entre la población, pese a que Chile sigue figurando entre los países más seguros de América Latina.
La fortaleza de las instituciones chilenas dificultó durante años el surgimiento de grandes organizaciones criminales autóctonas. No obstante, organizaciones criminales transnacionales han incrementado progresivamente su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y otras economías criminales.
El tráfico de drogas hacia el país suele ser gestionado por organizaciones bolivianas, colombianas y peruanas, en ocasiones en colaboración con grupos locales. Investigaciones chilenas también han identificado la participación de organizaciones criminales brasileñas y mexicanas.
Además de funcionar como punto de tránsito para la cocaína, el hallazgo de múltiples laboratorios de procesamiento de drogas en territorio chileno sugiere que el país podría estar desempeñando un papel cada vez más importante en la producción de esta sustancia. Asimismo, Chile es un proveedor regional relevante de precursores químicos utilizados en la elaboración de cocaína.
En parte gracias a su sólida economía, Chile ha desarrollado un importante mercado interno de consumo de drogas, incluida la cocaína. Sin embargo, en los últimos años las drogas sintéticas, especialmente la ketamina, han ganado popularidad.
El país también cuenta con un amplio mercado de marihuana, que ha atraído el interés de grupos criminales paraguayos —procedentes del principal productor de marihuana de Suramérica— y colombianos, estos últimos asociados con una variedad de alta potencia y alto valor conocida como creepy.
Desde mediados de la década de 2010, Chile ha registrado un fuerte aumento en los casos de tráfico y trata de personas, impulsado en parte por la ola migratoria venezolana. Muchas víctimas llegan creyendo que están siendo trasladadas de manera irregular hacia el país, pero terminan siendo explotadas sexualmente.
La llegada y expansión de facciones de la organización criminal venezolana Tren de Aragua a comienzos de la década de 2020 también provocó un aumento significativo de los secuestros. No obstante, delincuentes chilenos y colombianos también desempeñan un papel importante en esta economía criminal. De igual manera, los casos denunciados de extorsión se multiplicaron por diez entre 2017 y 2023.
Grupos criminales
Chile no cuenta con grandes organizaciones criminales autóctonas con presencia internacional. Sin embargo, grupos criminales originarios de Colombia, Perú, Bolivia y otros países cercanos participan en diversas actividades ilícitas dentro del país.
Ninguna de las pandillas locales chilenas puede competir con las organizaciones transnacionales de mayor tamaño que se han establecido en el país, como las facciones y grupos disidentes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Estas estructuras participan en actividades que van desde el tráfico y la trata de personas hasta el secuestro, la venta minorista de drogas y el microtráfico.
Otros grupos transnacionales presentes en Chile incluyen las pandillas colombianas los Shottas y los Espartanos, que se han insertado en mercados de extorsión, préstamos usureros conocidos como gota a gota y venta minorista de drogas. También destaca la pandilla peruana conocida como Los Pulpos, cuya principal actividad es la extorsión.
El tráfico internacional de drogas suele estar en manos de organizaciones bolivianas y peruanas, que en ocasiones colaboran con grupos locales. Organizaciones narcotraficantes brasileñas y mexicanas también envían intermediarios a Chile para coordinar negocios y supervisar cargamentos de cocaína que transitan por el país. Asimismo, grupos del crimen organizado europeos han sido vinculados al narcotráfico en territorio chileno.
Fuerzas de Seguridad
Las dos principales instituciones de seguridad pública de Chile son los Carabineros de Chile, una fuerza policial nacional de carácter militarizado que estuvo bajo la órbita del Ministerio de Defensa hasta 2011 y que actualmente depende del Ministerio del Interior, y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), una fuerza civil encargada de investigar delitos, incluidos el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Tanto Carabineros como la PDI cuentan con organismos de inteligencia propios, al igual que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La principal agencia de inteligencia del país es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Durante décadas, las fuerzas policiales y militares chilenas han figurado entre las instituciones de seguridad con mayores niveles de confianza pública en América Latina. Aunque la confianza en Carabineros disminuyó durante y después del estallido social de 2019 y 2020, se recuperó en los años posteriores.
La corrupción, sin embargo, también ha afectado a estas instituciones. En 2013, varios funcionarios de Carabineros fueron arrestados por su presunta participación en una red de tráfico de marihuana desde Bolivia hacia Chile, un caso que derivó en la destitución del jefe antidrogas de la institución. Más recientemente, miembros de las fuerzas armadas han sido acusados de coordinar y brindar protección a cargamentos de drogas.
En 2017, Carabineros se vio envuelto en un escándalo de fraude multimillonario que un fiscal chileno calificó como “el mayor caso de malversación de fondos en la historia de Chile”.
Sistema Judicial
El sistema judicial chileno está supervisado por el Ministerio de Justicia y encabezado por la Corte Suprema. El Ministerio Público es responsable de investigar y perseguir los delitos, así como de administrar el programa nacional de protección de testigos. Los tribunales regionales conocen los casos penales, mientras que la Defensoría Penal Pública proporciona representación legal gratuita a las personas acusadas.
En comparación con otros países de la región, el sistema judicial chileno suele ser percibido como eficiente, independiente y relativamente libre de corrupción. En 2025, el Foro Económico Mundial ubicó a Chile en el puesto 35 de 143 países en materia de independencia judicial.
Sin embargo, diversas encuestas han mostrado una caída significativa en los niveles de confianza ciudadana hacia el poder judicial.
Prisiones
El sistema penitenciario chileno, administrado por la Gendarmería de Chile, enfrenta graves problemas de hacinamiento. A mediados de 2026, las cárceles operaban al 150% de su capacidad.
Las autoridades chilenas también han identificado problemas de corrupción dentro de la Gendarmería. A finales de 2025, 44 funcionarios fueron arrestados por presuntos actos de corrupción mientras trabajaban en nueve centros penitenciarios diferentes.
