Una reciente serie de masacres en Ecuador evidencia que un mayor acceso a armas de alta potencia, el aumento de la impunidad y un panorama criminal atomizado están dando lugar a más asesinatos en masa.

Diez personas fueron asesinadas y descuartizadas en un tiroteo masivo el 1 de diciembre en la provincia de El Oro, entre ellas nueve colombianos y un ecuatoriano. Pocos días antes, el 28 de noviembre, hombres armados mataron a tres personas e hirieron a al menos otras tres en un campo de fútbol en Durán.

Las masacres —incidentes en los que tres o más personas son asesinadas en el mismo lugar y momento— han aumentado constantemente en Ecuador desde 2020, impactando a zonas del país poco afectadas por la violencia extrema. Las cifras de asesinatos en lo que va de 2024 se acercan a las registradas durante 2023, a pesar de que el gobierno de Ecuador declaró un “conflicto armado interno” y emprendió una ofensiva militar sin precedentes contra el crimen organizado. 

El porcentaje de víctimas de asesinato que mueren en masacres en Ecuador ha aumentado significativamente desde 2020, pasando del 2% al 15% entre 2020 y 2021. Esta fase inicial fue impulsada por una ola de asesinatos masivos dentro de las cárceles, perpetrados por bandas rivales que buscaban eliminar su competencia y tomar control de valiosos territorios dentro de los centros penitenciarios. En septiembre de 2021, un enfrentamiento entre bandas dejó como resultado 119 muertes en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.* Las autoridades contabilizaron 68 y 34 víctimas en otras masacres en prisiones ese año. En total, el Ministerio de Defensa registró 18 masacres en prisiones entre 2021 y 2023.

Durante 2024, los grupos criminales solo han perpetrado una masacre en el sistema penitenciario, mientras que el porcentaje del total de víctimas de homicidio que mueren en asesinatos masivos en Ecuador se ha mantenido alto. Esto tiene varias explicaciones.

Para empezar, los grupos criminales de Ecuador tienen ahora mayor acceso a armas automáticas de alto poder. Ello, impulsado tanto por la flexibilización de la regulación sobre tenencia de armas, como por el auge del tráfico ilegal de armas, ha exacerbado la evolución de las masacres más allá de los muros de las cárceles, proporcionando a los grupos criminales en guerra los medios para eliminar grandes grupos de rivales de una vez.

“La capacidad para matar de un arma es tan, tan grande, que es indudable que hay una relación estrecha entre la disponibilidad de armas y la cantidad de muertes”, Carla Álvarez, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, dijo a InSight Crime.

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Agravando el problema está la impunidad persistente para los crímenes violentos por parte de las instituciones judiciales de Ecuador, una dinámica que señala a los grupos criminales de que las masacres no serán castigadas. Las tasas de impunidad en casos de homicidio superaron el 90% en 2023 en muchas provincias costeras, según informó El Universo, ya que las autoridades carecen de la capacidad investigativa para hacer frente a las altas tasas de homicidio. Incluso si los responsables son capturados, redes de corrupción judicial como las expuestas en el emblemático caso Metástasis ofrecen formas de eludir sentencias y otras consecuencias legales.

El aumento de las masacres también ocurre en un contexto de creciente fragmentación de las bandas, que luchan por hacerse un lugar en el lucrativo panorama criminal del país. Funcionarios de seguridad, fuentes criminales y expertos en seguridad dijeron a InSight Crime en un reciente trabajo de campo en Ecuador que las pandillas en las calles fueron aisladas de sus líderes en las cárceles después de que comenzara la represión militar en enero, dejándolas sin órdenes. Muchos líderes también huyeron del país en respuesta a las medidas.

Desde entonces, los grupos criminales ecuatorianos se han recuperado, aunque de forma atomizada. En respuesta a los cambios de liderazgo, muchas facciones locales de los Lobos, los Choneros y los Tiguerones, por ejemplo, se han dividido o han cambiado de lealtades, diversificando sus fuentes de ingresos y explotando economías delictivas crecientes como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal de oro.

Como resultado, han aumentado los conflictos y la competencia entre ellos, y con frecuencia han recurrido al uso de masacres para eliminar a sus enemigos y afectar al tipo de deserciones masivas que se han producido dentro del sistema penitenciario. En junio de 2024, las autoridades registraron la segunda mayor cantidad de masacres de cualquier mes en la historia de Ecuador.

“Hay enemistad con todos los cambios de bando que ha habido”, dijo a InSight Crime en mayo un líder local de los Ñetas en Guayaquil, bajo condición de anonimato por seguridad. “Muchos Choneros se han hecho Lobos, muchos Lobos se han hecho Tiguerones. Se han mezclado entre ellos.”

El impacto de estos cambios es más evidente en las zonas productoras de oro. Para incursionar en la industria, los grupos han consolidado su control sobre los mineros artesanales, primero extorsionando sus operaciones y luego apoderándose de las minas para sí mismos, disputándose el territorio con otros grupos criminales en el proceso.

La provincia serrana de Azuay, un centro minero, no registró masacres en 2023, pero reportó siete en 2024. En las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, también centros mineros, las autoridades contabilizaron nueve asesinatos en masa en lo que va de 2024, después de solo 13 en total entre 2010 y 2023.

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Parte del motivo detrás de las masacres parece ser su uso como herramienta para controlar a las poblaciones civiles, según explicó a InSight Crime Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte que ha estudiado las masacres en el contexto colombiano.

“Hay zonas en las cuales el grupo armado ya controla el territorio y las masacres aparecen como mecanismos de castigo colectivo ante la violación de normas establecidas por el grupo”, dijo Trejos.

Los medios de comunicación locales han informado sobre el dominio de los Comandos de la Frontera sobre el submundo criminal en Sucumbíos, una provincia en la frontera noreste de Ecuador con Colombia. Allí, el grupo colombiano regula las actividades criminales e impone la violencia. El jefe policial de Sucumbíos declaró a Primicias el 9 de noviembre que la violencia en la provincia puede atribuirse a una campaña de “limpieza social” de los Comandos de la Frontera.

*Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente el lugar donde se produjo la masacre en la prisión en septiembre de 2021, que dejó 119 muertos. La masacre tuvo lugar en la Penitenciaría Litoral de Guayaquil. Este artículo fue actualizado el 4 de diciembre.