¿Cuál será el próximo paso de la campaña militar de Estados Unidos contra los grupos criminales en la región?
¿Qué hay detrás de las recientes medidas de seguridad en Chile y Perú?
¿Los explosivos y los drones se están convirtiendo en armas habituales de los grupos criminales de la región?

Estas son las tres noticias de esta semana en On the Radar.

1. Washington evalúa realizar operaciones terrestres en América Latina como parte de su guerra contra las drogas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el país evalúa ampliar al terreno terrestre su ofensiva contra el narcotráfico. Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha bombardeado embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de más de 200 personas.

El anuncio de Hegseth se produjo la misma semana en que Colombia se unió a la Coalición contra los Carteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition, A3C), también conocida como Escudo de las Américas. Por otra parte, el Pentágono acordó permitir por primera vez que México compre drones y tecnología antidrones a través del mercado digital del Ejército estadounidense, un acuerdo que ambos gobiernos presentaron como un apoyo en la lucha contra el crimen organizado.

Estos acontecimientos evidencian una profundización del enfoque militarizado de la administración Trump en la región, aunque persisten dudas sobre su coherencia estratégica. The InSight Take de esta semana analiza cómo, cinco meses después de su creación, la A3C todavía carece de un plan operativo oficial.

Las investigaciones de InSight Crime sugieren que los ataques con misiles no han reducido el flujo de drogas en la región y que, como respuesta, los traficantes se han adaptado recurriendo a rutas y métodos alternativos de contrabando.

2. Chile y Perú endurecen sus estrategias de seguridad

El gobierno de Chile propuso una reforma constitucional que prevé la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Si se aprueba, el presidente podría declararlo por un plazo de 120 días, con una prórroga que podría extenderlo hasta un total de 240 días, sin autorización del Congreso. Mientras tanto, el gobierno de Perú anunció que las Fuerzas Armadas asumirán la seguridad perimetral de las cárceles y el control de las zonas fronterizas, como parte del impulso militarizado de la nueva presidenta Keiko Fujimori contra las extorsiones y el tráfico de drogas.

Ambas medidas forman parte de una tendencia regional más amplia hacia políticas de mano dura contra el crimen, siguiendo modelos como el Escudo de las Américas impulsado por Trump y, más específicamente, el del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Más de 15 megacárceles han sido propuestas en la región en los tres años posteriores a la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, y entre 2020 y 2023 se declararon al menos 30 estados de excepción. Al mismo tiempo, la retórica de mano dura ha dominado campañas electorales recientes en Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras y Perú. Pero ningún país ha logrado todavía replicar los resultados de El Salvador y, pese al auge de estas estrategias de mano dura, es poco probable que tengan éxito.

3. Explosivos y drones se vuelven armas comunes en los conflictos criminales de México

Las autoridades mexicanas encontraron y desactivaron más de 300 artefactos explosivos improvisados (AEI) y alrededor de 300 kilogramos de material explosivo en El Rosario, Sinaloa, aunque aún no se han reportado detenciones. El hallazgo es una de varias incautaciones de explosivos a gran escala registradas este año en Sinaloa, mientras una guerra interna entre facciones del Cartel de Sinaloa continúa alimentando la violencia en el estado.

El uso de AEI por parte de grupos criminales en México ha aumentado de forma pronunciada. Las incautaciones pasaron de apenas tres artefactos entre 2020 y 2021 a 1.375 en 2022, según datos obtenidos por InSight Crime de la Secretaría de Defensa de México. Estos artefactos se utilizan cada vez más junto con drones, una tecnología que grupos criminales de Brasil, Colombia, México y Panamá han adoptado para enfrentarse a las fuerzas de seguridad, transportar mercancías e intimidar a comunidades.