Cómo el crimen organizado moldeó la agenda de las elecciones presidenciales en Ecuador

Los candidatos presidenciales de Ecuador provienen de un amplio espectro ideológico, pero en lo que respecta al crimen organizado, sus campañas —y su supervivencia política— dependerán de que se presenten como candidatos de mano dura.

El próximo 9 de febrero, el país votará en lo que se espera que sea la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda está programada para el 13 de abril. Las encuestas, y la historia reciente, prevén que los dos candidatos con mayores posibilidades de llegar a segunda vuelta son el actual presidente, Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN) y Luisa González, del partido Revolución Ciudadana (RC), quien quedó en segundo lugar en las elecciones extraordinarias de 2023, que ganó Noboa.

Ni ellos, ni los otros 14 candidatos presidenciales, han ofrecido mucho más allá que los típicos discursos de los políticos: militarizar las prisiones, puertos, y oficinas de aduanas, entre otras instituciones gubernamentales; llamados a endurecer las penas contra criminales de todo tipo; afirmar que van a construir más cárceles (incluyendo en “alta mar”); abogar por nuevas leyes que faciliten juzgar a menores de edad como adultos, y asegurar que ellos serán los que por fin pondrán freno a la corrupción.

Cómo van a lograr todo esto —y con qué dinero— no son temas sobre los que han dado detalles públicamente, pero eso parece no ser de importancia para el electorado, que, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, parece tener un creciente apetito por las políticas de mano dura.

¿Una gestión teatral?

Durante sus 13 meses de gobierno, Noboa ha aplicado una versión de mano dura. Las autoridades arrestaron a más de 60.000 presuntos criminales en 2024, y el gobierno incautó 280 toneladas de drogas ilícitas, un incremento del 29% en comparación con 2023.

A lo largo de este periodo, Noboa también ha mostrado una inclinación por construir una narrativa de línea dura contra el crimen. Pocos eventos ejemplifican esto mejor que su visita a Durán en julio de 2024, un municipio ubicado en la costa pacífica del país, que se ha convertido en la imagen del descenso del país en una espiral de violencia y crimen organizado.

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Vestido con un chaleco antibalas y un casco de las fuerzas armadas que eclipsaba su cabeza, Noboa recriminó a sus rivales por no visitar el asediado municipio.

“Nunca les ha llegado un político que se amarra los pantalones y les vuelve la paz a los ciudadanos”, le dijo a la escasa multitud, en su mayoría compuesta por militares. “Este es el nuevo Ecuador, uno que se juega la vida cada día por recuperar la tierra que amamos”.

Mientras hablaba, Noboa estaba acompañado por dos miembros de su equipo de seguridad, que sostenían lo que parecían ser escudos sobre sus cabezas para desviar posibles disparos de francotiradores. A su alrededor estaban los miembros de su pregonado Bloque de Seguridad.

“No vinimos a Durán solo un día”, declaró. “Estaremos aquí el tiempo necesario para acabar con las mafias”.

El Bloque de Seguridad es la punta de lanza de Noboa. Esta es una unidad conjunta de la policía y el ejército que el presidente ha enviado a zonas azotadas por el crimen para mermar los enfrentamientos y, aunque ha funcionado, no lo ha hecho por mucho tiempo. En Durán, por ejemplo, la violencia disminuyó tras el despliegue regular de militares y policías, pero pronto volvió a subir, y el municipio cerró el 2024 con un récord de 476 homicidios.

La administración de Noboa ha dado un tratamiento similar a la crisis en las prisiones. El ejército tomó el control en algunas de las cárceles más infames del país y realizó varios allanamientos en un intento inútil de sacar a las bandas carcelarias de sus fortines. Noboa también ha afirmado que construirá nuevas prisiones, pero no ha atacado los problemas de base —como la corrupción endémica, políticas punitivas, y fuertes economías criminales dentro de las prisiones— que llevaron a la crisis del sistema penitenciario en primer lugar.

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Aun así, para muchos ecuatorianos, estas muestras de poder parecen ser importantes.

“Para un municipio, un solo municipio, tiene que traer todo eso, como si fuera a la guerra. Eso significa que, como Estado, no tengo la capacidad suficiente con mis recursos normales de gobierno para combatir eso”, dijo César Navas, exministro de Seguridad y ahora consultor, sobre la visita del presidente a Durán. “[Pero] funciona. Para la población en general, funciona”.

Esta narrativa parece haber puesto a Noboa en un lugar privilegiado para estas elecciones. La mayoría de las encuestas le han dado una ventaja sustancial para la primera vuelta, y una encuesta reciente mostró que podría ganar el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. También ha utilizado esta imagen para disimular las asperezas de sus despliegues de seguridad.

Pero Katherine Herrera, una politóloga y especialista en temas de seguridad, afirma que la administración está más preocupada con vender una estrategia de seguridad que con implementarla.

“No es tanto de interés del gobierno de Noboa desarrollar una política pública de seguridad, sino más bien tener eventos coyunturales en donde se vea la todo el aparataje de la fuerza pública”, dijo. “Esto es utilizado como un marketing comunicacional político, que se vea la presencia, pero no da una solución estructural”.

Las intocables

Noboa tiene algunas debilidades, una de las cuales viene de una operación militar reciente. El 8 de diciembre de 2024, alrededor de las 8:30 p.m., una patrulla de las fuerzas aéreas trató de detener a 11 menores de edad que se dirigían a sus casas luego de un partido de fútbol en el sur de Guayaquil. Lo que ocurrió después todavía está bajo investigación, pero los testigos y los videos, muestran que al menos cuatro de los menores —que tenían entre 11 y 15 años— fueron capturados por la patrulla. Los otros huyeron. El 24 de diciembre, el día en que los ecuatorianos celebran la Navidad, las autoridades anunciaron el descubrimiento de cuatro cuerpos y en la víspera del año nuevo, la Fiscalía General anunció que eran los cuerpos de los cuatro menores.

Durante los días en los que estalló el escándalo, las comunicaciones del gobierno fueron lentas y caóticas. Los militares oscilaron entre culpar a los “grupos delincuenciales” y afirmar que tenían una “política de cero tolerancia” ante la impunidad. El ministro de defensa le dijo al Congreso que no se había enterado del caso hasta el 19 de diciembre y el presidente Noboa no hizo su primera declaración sobre el tema hasta el 22 de diciembre, afirmando que buscaría “cero impunidad sea quien sea”.

El día siguiente, en una entrevista que fue transmitida por YouTube, el presidente repitió su afirmación, antes de añadir que había “sugerido a una comisión que los cuatro niños sean considerados como héroes nacionales”. Pero en los días que siguieron, volvió a su postura de silencio, y su equipo aseguró después que el comentario fue “manipulado con audio falso”. En vísperas del año nuevo, el día que la Fiscalía anunció la identificación de los cuerpos, Noboa no hizo ningún pronunciamiento oficial, y su cuenta de redes sociales simplemente republicó el comunicado de las fuerzas militares sobre el caso.

Para el momento del primer, y único, debate presidencial, el 19 de enero, los demás candidatos estaban buscando sacar réditos de lo que se había comenzado a llamar “el caso de las Malvinas”, en referencia al barrio de donde eran los menores. Durante una discusión con uno de los demás candidatos, el candidato desafió a Noboa a decir los nombres de las víctimas en voz alta. En lo que se convirtió en el momento más recordado de un debate poco memorable, Noboa se negó.

Quienes estaban viendo el debate por redes sociales atacaron. Los primeros cuatro nombres de las víctimas se convirtieron en tendencia en X, y los ataques contra el presidente aumentaron. Los otros candidatos también buscaron sacar ventaja del momento —especialmente Luisa González—, aunque ella también tuvo problemas recitando los nombres de los cuatro niños.

Pero los intercambios dejaron ver algo más: aunque atacaron a Noboa, ninguno de los candidatos mencionó a las fuerzas armadas o al ejército. Al contrario, pidieron “justicia” o se refirieron a la muerte de los menores como un “crimen de Estado”. Lejos de condenar a los militares, los candidatos usaron gran parte de su tiempo afirmando que los militares deberían usarse más, no menos.

Estos llamados se producen a pesar de las denuncias generalizadas de abusos y de la creciente preocupación por la corrupción que precede al caso Malvinas. En mayo, Human Rights Watch publicó un informe revelador en el que se describían numerosos casos de militares implicados en torturas, detenciones arbitrarias y al menos una ejecución extrajudicial. Más recientemente, InSight Crime detalló numerosos casos de tortura, abandono y otras formas de abuso.

Aun así, nada de esto parece importar, dice Renato Rivera-Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

“Tienden por lo general hacia discursos que van sobre la militarización en la lucha contra el crimen organizado y el populismo penal”, explicó.

Noboa también entiende esto. Además de enviar a los militares a las prisiones, Noboa los incluyó en el referendo nacional, que pasó por un gran margen en abril, y les dio a los militares un papel sin precedentes en la lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de activos, así como la capacidad para intervenir en los motines carcelarios, sin que el presidente deba declarar un estado de emergencia.

“Es una improvisación que se ha dado a la marcha de cómo generar política pública en un contexto donde ideológicamente creen que solo los militares van a poder resolver el problema”, dijo Rivera-Rhon.

El 28 de enero, una audiencia sobre el caso Malvinas fue pospuesta hasta después de las elecciones.

Dos ideologías, un mismo resultado

Durante el debate presidencial del 19 de enero, los moderadores le preguntaron a González cómo planeaba reformar el corrupto sistema judicial sin comprometer su independencia. Entre los candidatos, González es la que podría tener una visión más completa de la seguridad. En el pasado, su partido, Revolución Ciudadana, ha sido el único que ha buscado desmovilizar a los miembros de las bandas en lo que se conoció como la “pacificación”.

Pero, en este nuevo contexto, no hay espacio para hablar de programas sociales o negociaciones con miembros de las bandas, y durante el debate, en vez de responder a la pregunta, González habló sobre los tres puntos de su estrategia de seguridad de mano dura: “instituciones fuertes… coordinación… tecnología”.

La falta de respuesta es parte de un patrón que preocupa a los analistas. Quienes son críticos del RC están preocupados de que González y su partido usen la crisis de seguridad como un pretexto para socavar la independencia de las demás ramas del gobierno.

En gran parte, esto se debe a la administración del mentor político de González, el expresidente Rafael Correa, quien usó su poder para influir en otras instituciones del gobierno durante su tiempo en el poder, entre 2007 y 2017. Correa despidió a oficiales de seguridad e instauró una estructura de poder centralizada para controlar el flujo de información y recursos. Las acusaciones de corrupción han afectado al RC y al mismo Correa, quien se encuentra en el exilio en Bélgica debido a los cargos que enfrenta en Ecuador por aceptar sobornos.

Además, González podría tener un problema más profundo. El electorado ecuatoriano vincula ideológicamente a Correa con el nacimiento del Chavismo en Venezuela y el ascenso de Daniel Ortega en Nicaragua, y como todavía tiene una influencia considerable en el partido, se ha convertido en una figura polémica en las elecciones. En pocas palabras, para muchos votantes, el candidato del RC no es González, sino Correa, y eso significa una sola cosa: autoritarismo.

“Es parte del modelo Correista”, dijo Rivera-Rhon en referencia a las tendencias autoritarias. “Sobre todo en cómo tratar de controlar a los otros poderes del Estado”.

Esta mezcla de factores lleva a un panorama borroso en cuanto a una presidencia de González. En el frente de la seguridad ciudadana, parecería ser que emplearía políticas sociales y de mano dura. Pero con la sombra de Correa sobre las elecciones, también está la percepción de que RC podría buscar represalias por lo que ven como persecuciones políticas contra sus líderes, dijo Melania Carrión, una politóloga que ha trabajado con varios gobiernos en materia de seguridad, incluyendo las administraciones de Correa y Noboa.

“[Ella] ha prestado atención a esos temas sociales, entonces esperaría que un gobierno de la Revolución Ciudadana tenga una cierta predisposición a dar paso a ciertos temas sociales”, le dijo Carrión a InSight Crime, en referencia a González. “Pero no creo que vaya a ser esa la agenda central, sino que más bien va a ser perpetuarse en el poder y llegar a vengarse de quienes les han estado persiguiendo. Y si, tiene una agenda política de persecución, de impunidad, es indiscutible que hay una agenda de impunidad”.

Durante las elecciones, Noboa ha aprovechado los supuestos vínculos ideológicos entre Correa, Venezuela y Nicaragua. El analista Luis Córdova Alarcón describe la estrategia de Noboa como una escalera que ha utilizado para ascender en la opinión pública.

Uno de los escalones es la retórica que conecta a Correa con Ortega en Nicaragua y con Nicolás Maduro, el presidente autoritario de Venezuela, que ha estado estrechamente vinculado con actividades criminales transnacionales.

“Para ellos hay un cordón umbilical: populismo de izquierda, narcotráfico, crimen transnacional”, le dijo Córdova Alarcón a InSight Crime. “Esa forma de vincular ideológicamente resulta muy rentable electoralmente”.

El otro escalón, dijo, es lo que llama el enfoque tradicional de la “guerra contra las drogas”. “Reformas a la ley penal para aumentar las penas, para sancionar menores, etcétera”. Estas medidas son fáciles de entender para el electorado, agregó, y ya les ha ganado aliados como el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, ambos candidatos parecen tener tendencias autoritarias. Mientras que a muchos en el electorado les preocupa que González pueda subvertir la separación de poderes, Carrión dice que Noboa ignora las medidas por las que votó en su vida anterior como representante del Congreso, incluida una que daría a las autoridades penitenciarias más poder para gobernar el sistema carcelario.

“Es un demagogo”, dijo Carrión. “Es un gobierno populista, demagógico, muy improvisado, sin estructura”.

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También existen otras señales preocupantes en cuanto a la separación de poderes. En diciembre, la Fiscalía anunció que estaba investigando al enviado presidencial del Consejo de la Judicatura por amenazar a un juez. Un miembro del Tribunal Contencioso Electoral también denunció al ejecutivo por intentar socavar su independencia.

Por su parte, Córdova Alarcón se refirió a Noboa como la “antítesis intelectual y política” de Correa, pero con su misma estatura moral.

“En el fondo son igualitos”, dijo, aludiendo a cómo se acercarían al uso del poder ejecutivo para lograr que el gobierno haga lo que quieran.

La reducción del crimen podría no depender del Estado

En cierta forma, la militarización de las prisiones y las calles ordenada por Noboa ha funcionado. Los homicidios bajaron un 15% en 2024 con respecto a 2023. Los asesinatos dentro de las prisiones también se redujeron con respecto a años anteriores.

Pero, por otro lado, la estrategia ha contribuido a la evolución del conflicto. El 12 de noviembre, un pequeño grupo criminal conocido como Los Duendes emboscó a otro grupo conocido como los Freddy Kruegers dentro de la prisión del Litoral. Al menos 17 personas murieron.

El Litoral es la prisión más grande y peligrosa del país. Por mucho tiempo estuvo dividida entre los grupos criminales más infames de Ecuador, cuyas luchas se centraban en controlar el tráfico transnacional de drogas. Pero, según las autoridades, la disputa de noviembre, fue por el control de la distribución —formal e informal— de la comida, una de las economías ilegales al interior de la prisión.

La masacre también ilustró un problema adicional: las bandas se están fracturando rápidamente, empeorando una situación que ya de por sí es difícil. Las alianzas entre las bandas también se han roto, dice Rivera-Rhon, entre ellas las de Los Choneros, Los Tiguerones, y Los Chone Killers. El resultado, afirma, es que el gobierno es más un espectador que un protagonista en la seguridad ciudadana.

“Nosotros cada vez creemos que la reducción o el incremento de la violencia no depende de políticas estatales, sino de acuerdos entre organizaciones criminales”, dijo, refiriéndose a él y su equipo en el observatorio.

Esto es evidente cuando se revisan las cifras de homicidios. Según Ecuavisa, se registraron al menos 731 homicidios en enero, un incremento del 45% en comparación con enero de 2024. El reporte mostró incrementos significativos en las provincias de El Oro y Manabí.

El Oro, como su nombre lo indica, es uno de los epicentros de la minería ilegal, y está siendo disputado por facciones de grandes grupos criminales como Los Lobos. Los enfrentamientos entre grupos disidentes han dejado decenas de muertos. El 11 de enero, el alcalde del municipio de Arenillas fue asesinado luego de que él y su hijo participaran en un evento de ciclismo. Es el segundo alcalde asesinado en la provincia en los últimos nueve meses.

La espiral de violencia sobre otra economía criminal es un recordatorio de que quien gane las elecciones enfrentará un panorama criminal retador, sobre el cual incluso las medidas punitivas más fuertes tendrán un impacto limitado.

*El título del gráfico se modificó el 12 de febrero.

**Gavin Voss y Lynn Pies contribuyeron a la elaboración de este artículo.