El próximo 22 de octubre, los argentinos votarán por su nuevo presidente. Pese a las diferencias ideológicas, los candidatos más opcionados han presentado sin distinción posturas radicales de mano dura contra el delito, centradas en más cárceles, refuerzo de los organismos de seguridad y endurecimiento de penas.

Aunque en la contienda se mantienen cinco candidatos después de las elecciones internas de los partidos en agosto, se han impuesto tres: Javier Milei, del Partido Libertario (PL); Patricia Bullrich, de Propuesta Republicana (PRO); y Sergio Massa, de Frente Renovador (FR). Y en todas las campañas, la inseguridad ha sido un tema central.

Aun cuando Argentina tenga una de las tasas de homicidios más bajas de la región, con 4,2 por 100.000 habitantes, se observa un rápido crecimiento de otros delitos. Por ejemplo, los robos violentos aumentaron más de una tercera parte entre 2020 y 2022.

Aparte de los puntos críticos de la delincuencia, como la ciudad de Rosario, donde la tasa de homicidios cuadruplicó el promedio nacional el año anterior, Argentina tiene pocas organizaciones criminales bastante fuertes. Pero sí hay varias economías ilícitas importantes en el país.

Los puertos del país son un trampolín para la cocaína con destino a Europa, el consumo local de drogas ha ido en aumento, y los grupos criminales trafican marihuana y contrabando a lo largo de sus porosas fronteras del norte. La histórica incapacidad de Argentina para combatir el lavado de dinero facilita estas economías ilícitas.

En este artículo, InSight Crime explica cómo los favoritos de la contienda presidencial en Argentina prometen enfrentar el complejo y cambiante panorama criminal de ese país.

El agitador

Javier Milei es un impulsivo, autoproclamado libertario, que representa la extrema derecha de Argentina. Solo entró en la política en 2019, pero ha aprovechado su carrera política relativamente corta para posicionarse como alguien ajeno al sistema que, según él, destruyó a Argentina en las últimas décadas. Lidera la mayoría de las encuestas previas a los comicios del domingo.

Milei se ha comprometido a reformar los servicios de seguridad e inteligencia y el sistema penitenciario, pero hasta ahora ha omitido los detalles precisos de dichas reformas, aparte de la financiación de las fuerzas de seguridad y de la entrega de nuevos equipos.

Como respuesta a un sistema de justicia defectuoso que, afirma, “considera que los delincuentes son víctimas y que las víctimas son victimarios”, ha invocado la jerga de las políticas de seguridad de mano dura observadas en El Salvador y Honduras, al afirmar que caerá el peso de la ley sobre quienes cometan delitos.

“No es mano dura, es mano justa”, declaró en un debate televisado.

“Su idea tiene que ver con incrementar los costos de la actividad criminal, de modo que ese incremento de costos genere un mayor efecto disuasorio, y con ello, un menor nivel de delitos”, le explicó el politólogo y analista de seguridad Diego Gorgal a InSight Crime.

La mayor disuasión podría funcionar en Argentina, pero su impacto en el crimen organizado serio seguramente será limitado, según Gorgal. “[Los integrantes de las organizaciones criminales] saben que van a recibir un castigo con mayor celeridad e infinitamente más severo si traicionan a la organización criminal y cooperan con el Estado, que si siguen infringiendo las leyes del Estado”, señaló.

Milei ha propuesto la idea de privatizar parcialmente las prisiones y obligar a los presos a trabajar para pagar su estadía y así evitar mayores gastos del Estado, pero ha hablado poco del hacinamiento carcelario en el país y del abuso de la figura de la detención preventiva. Cifras oficiales publicadas en julio de 2022 mostraban que en ese momento, de una población carcelaria de 11.295 personas, 5.429 se encuentran sin condena firme, esto representa el 48% de la población encarcelada en Argentina. Y desde entonces han sido pocas las señales de mejoría. El hacinamiento carcelario y el abuso de la detención preventiva han demostrado una y otra vez su ineficacia para reducir la delincuencia, y en cambio se ha visto que fomentan el delito.

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Los problemas del país en su sistema penitenciario, señala Gorgal, se derivan de un sistema de seguridad inoperante. “No llenamos las plazas carcelarias con los delincuentes más prolíficos, más nocivos. Este, sino con lo que el sistema mal funcionando es capaz de arrestar, juzgar y condenar”, comentó y sostuvo que Argentina debería adoptar estrategias como la prevención y la reinserción.

La profesional de la seguridad

Patricia Bullrich ha aprovechado su experiencia como ministra de seguridad en el gobierno del expresidente Mauricio Macri para construir una plataforma política centrada en un enfoque punitivo a la seguridad nacional.

Muchas de las propuestas de seguridad de Bulrich son llamativas. Entre ellas está la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 14 años y en la construcción de una prisión de máxima seguridad que lleve el nombre de la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente enfrenta una investigación por lavado de dinero. Esa nueva prisión, anunció Bullrich, sería como el “destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas”. Será una prisión con “cero tolerancia”, prometió, dotada con guardias carcelarios “incorruptibles”.

Pero los expertos son escépticos. Al igual que Milei, las ideas de Bullrich sobre las prisiones no ofrecen un argumento claro para la prevención del delito, según Jorge Jofré, criminólogo y funcionario judicial en la fiscalía general de la provincia de Córdoba.

“Los candidatos hablan de prisiones y de crimen organizado, pero fundamentalmente no hay una definición clara de cómo implementarían estrategias para combatir la delincuencia organizada”, puntualizó en conversación con InSight Crime.

La ex ministra de seguridad también prometió acciones en Rosario, donde la guerra entre clanes familiares como los Monos y el clan Alvarado por el expendio de drogas y otras economías ilícita han atizado la violencia. Anunció que en su primer día de gobierno enviaría a Rosario 5.000 agentes de policía apoyados por el ejército.

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“Vamos a tomar todas las medidas necesarias para acabar con este flagelo para siempre”, publicó Bullrich en la red X, antes Twitter.

Pero en el pasado esas estrategias militarizadas han fracasado, y Bullrich no ha dado muchas aclaraciones sobre cómo abordaría los factores socioeconómicos subyacentes que generan violencia y delincuencia o abusos de las fuerzas de seguridad.

“Entonces este tipo de políticas que no solo vulneran derechos humanos, sino que tampoco son eficaces y efectivas para reducir la conflictividad. Entonces, si nosotros queremos en serio reducir los niveles de violencia, tenemos que pensar en el control de las policías, de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario y no solo pensar mayor punitividad sin siquiera revisar que está sucediendo al interior de las cárceles”, replicó Eugenia Cozzi, criminóloga de la Universidad Nacional de Rosario.

Para combatir el lavado de dinero, Bullrich anunció que crearía una fiscalía especializada. Ella ya tiene logros anteriores en los que apoyarse, pues dirigió importantes operaciones contra el lavado de dinero durante su gestión como ministra de seguridad. Otras unidades creadas para combatir delitos específicos han arrojado resultados en el pasado, como la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, que se creó para combatir los secuestros extorsivos.

El economista

Sergio Massa, actual ministro de economía, ha intentado buscar un término medio entre la vigilancia progresiva y la penalización del delito. Con la reconstrucción de las bases de la policía comunitaria, espera recrear los bajos índices de criminalidad que caracterizaron sus dos periodos como alcalde de Tigre, una pequeña localidad en las afueras de Buenos Aires.

Su política de seguridad bandera, el llamado Modelo Tigre, busca afinar la eficiencia de la policía con ayuda de la tecnología, como la videovigilancia y el adiestramiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. También busca ampliar los servicios de la policía comunitaria a otros lugares del país, llevando a agentes de la policía a vivir a las comunidades que patrullan.

Los expertos señalan que este plan podría ayudar a reducir el crimen, pero se queda corto en soluciones a largo plazo.

“No resuelve los factores que generan las condiciones de posibilidad para que estos hechos [delictivos] ocurran”, observó Cozzi. “A mí me parece que en algunos casos puede resultar efectivo o puede resultar interesante, pero por supuesto que esa sola [el Modelo Tigre] medida tampoco es suficiente”.

El plan de Massa es más una promesa de campaña que un plan detallado de seguridad, comenta Gorgal. “Entonces la cuestión es si a nivel local ha sido un modelo de prevención situacional que la evidencia indica que ha sido muy exitoso, ¿ahora podrá serlo a escala nacional?”, cuestionó.

Massa también ha buscado mostrar una postura inflexible contra el crimen. Anunció que combatiría los problemas de Rosario con el despliegue de 500 gendarmes adicionales y un centro de operaciones en la ciudad, además de la creación de un cargo de superintendente para investigar el expendio local de estupefacientes. Ampliaría las sentencias de prisión para nacotraficantes y endurecería las penas por corrupción.

Aunque Rosario es un tema de conversación popular para los candidatos, años de políticas públicas —la mayoría de las cuales se parecen a las propuestas por los candidatos— no han logrado hacer la paz.

“Las campañas electorales de los candidatos con vocación para [ganar] votos, parten de un diagnóstico equivocado de la situación y por lo tanto plantean, en términos generales, soluciones que considero que agravarían aún más la situación”, advirtió Cozzi. “Hay que mejorar las investigaciones por homicidios. [También se necesita] discusión sobre el modelo prohibicionista en materia de drogas, control de circulación de armas de fuego y municiones, estrategias comunitarias de prevención social de la violencia con jóvenes vinculados a estos contextos delictivos.”.