El asesinato de la alcaldesa más joven de Ecuador es una expresión de la forma en que grupos criminales del país arremeten contra los funcionarios públicos que no pueden ser sobornados.

El 23 de marzo personas no identificadas secuestraron a Brigitte García, alcaldesa del cantón San Vicente, en la provincia costera ecuatoriana de Manabí, junto con su director de comunicación. Al día siguiente, las autoridades encontraron sus cadáveres en un auto rentado que se encontraba abandonado en una playa cercana.

Aunque la investigación policial sigue en curso, medios de comunicación ecuatorianos informaron que en el lugar se encontraron las pertenencias de las víctimas, lo que descarta que se tratara de un robo.   

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En un discurso pronunciado el 25 de marzo, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, relacionó las muertes con el crimen organizado. 

«[Estos asesinatos] nos recuerdan que la lucha no ha terminado, apenas ha comenzado», dijo. «Es también una clara advertencia de que el narcoterrorismo existe dentro de nuestras instituciones públicas y dentro de nuestros funcionarios públicos». 

Justo un día antes de la desaparición de García, hombres armados secuestraron a la diputada de la Asamblea Nacional, Lorena Rosado Sánchez y a su esposo, manteniéndolos como rehenes durante tres horas. La legisladora federal atribuyó el ataque a grupos del crimen organizado, escribiendo en X, antes Twitter, que su secuestro estaba vinculado a su trabajo gubernamental.   

Estos hechos son los últimos de una larga lista de ataques violentos contra funcionarios públicos ecuatorianos por parte de grupos del crimen organizado que intentan demostrar su poder.. 

En febrero, hombres armados asesinaron a una concejala en Naranjal, cantón de la provincia de Guayas. Y justo después de que Noboa declarara la guerra a las bandas del país el 9 de enero, presuntos miembros de estos grupos asesinaron a tiros a un fiscal de crimen organizado que trabajaba en varios casos de alto perfil en Guayaquil, la capital de Guayas, actualmente asolada por la delincuencia. 

En 2023, las bandas dispararon su atención de manera agresiva hacia jueces, fiscales, candidatos políticos y funcionarios activos. Sus víctimas incluyeron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, acusado de vínculos con el crimen organizado, y al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien investigó esos vínculos.  

Muchos de los funcionarios públicos que han sobrevivido a estos ataques viven con zozobra.

Luis Chonillo, alcalde de Durán, otro cantón de Guayas asediado por el crimen organizado, sobrevivió a un atentado el día de su posesión, el 14 de mayo de 2023. En los diez meses que han pasado desde entonces, ha gobernado desde casas seguras, nunca ha dormido en el mismo lugar durante dos noches seguidas y se ha reunido con su gabinete y sus electores de forma virtual. 

«La mayoría de mis directores tienen que ir a trabajar como yo, con cascos y chalecos [antibalas]. No pueden trabajar en un horario de ocho a cinco. No pueden tener una rutina», dijo Chonillo a InSight Crime.

En agosto del año pasado, sicarios mataron a uno de los miembros del gabinete de Chonillo y a un concejal de Durán un mes después, en medio de una guerra por el territorio entre los Latin Kings y los Chone Killers.

Análisis de InSight Crime

Las bandas de Ecuador utilizan la violencia para influir en los funcionarios públicos que se niegan a dejarse corromper por los sobornos. Por otra parte, su relativo éxito por infiltrar las instituciones del país responde a la falta de garantías del Estado para proteger a sus funcionarios.

En conversación con InSight Crime, expertos dijeron que muchos funcionarios que en cualquier escenario rechazarían sobornos, tienden a ceder cuando se enfrentan a la presión de la violencia. Este dilema se conoce como «plata o plomo», y se refiere en sentido figurado a la elección entre los sobornos o las balas.

«A veces los funcionarios se corrompen por el dinero fácil, pero en un país como el nuestro, a menudo tratan de protegerse a sí mismos y a sus familias», dijo a InSight Crime un funcionario del Ministerio de Defensa que no tenía permiso para hablar ante los medios.

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Recientemente, mensajes de texto descubiertos como parte de una investigación de corrupción en altas esferas conocida como Metástasis, revelaron cómo el narcotraficante Leandro Norero planeaba ataques violentos contra funcionarios que no cooperaban. Entre ellos Villavicencio incluido, que investigaba a Norero. 

En una charla revelada en un documento policial, un secuaz de Norero le dice que otro delincuente planea «asestar el golpe final» a Villavicencio. En respuesta, Norero se ríe y escribe: «Ese se lo doy yo». 

Norero fue asesinado en una masacre carcelaria en octubre de 2022, pero menos de un año después otros intereses criminales mataron a tiros a Villavicencio en campaña. Las autoridades aún no han determinado quién ordenó el atentado contra el candidato presidencial, mientras que los testigos clave fueron asesinados en prisión.

Estas muertes sospechosas se han ido acumulando a medida que las bandas de Ecuador se han hecho con el control casi absoluto de las prisiones del país. Los funcionarios de prisiones no tienen más remedio que trabajar para ellos, según dijeron expertos a InSight Crime.

«Desde el momento en que llegan, los pandilleros les dicen a los guardias: ‘Soy fulano de tal, estoy con esta pandilla… O te callas o mueres», dijo a InSight Crime un exfuncionario penitenciario que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. «Saben que los mafiosos tienen poder para hacer lo que quieran». 

Los funcionarios judiciales y la policía también se enfrentan a amenazas constantes contra sus vidas.  

En agosto de 2023, Naciones Unidas pidió a Ecuador que hiciera más para proteger a jueces y fiscales, señalando que «las amenazas parecen ser especialmente dirigidas a aquellos que tratan con el crimen organizado.»  

La incapacidad del gobierno para proteger a sus funcionarios socava su campaña anticorrupción y, por tanto, la lucha más amplia contra las bandas. 

«Hay funcionarios de gobierno con autoridad que están con estos grupos», dijo a InSight Crime Karen Lizbeth Veintimilla Pacheco, analista experta en seguridad del sector privado, especializada en fraudes y seguridad ciudadana. «En algún momento decidieron: ‘bueno, es mejor unirme a ellos, a que me maten, así ya no recibo amenazas’”. 

Imagen principal: Christian Zurita, del partido Movimiento Construye, que sustituyó al asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, en el acto de cierre de su campaña.