El sistema que delegaba el poder de las prisiones venezolanas a los «pranes», o líderes criminales, parece estar llegando a su fin tras una serie de intervenciones militares en las cárceles por parte del presidente Nicolás Maduro, que busca la reelección en 2024.
En la mañana del 10 de noviembre, las fuerzas de seguridad irrumpieron el Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, en el estado Yaracuy, liberando, en papel, otra prisión de las garras de los pranes y devolviéndola al control del Estado.
Horas antes de la intervención, Fredy Barboza Ilarraza, alias «La Charro», pran de La Cuarta, se despidió de la población penal con un mensaje en sus redes sociales en el que agradecía a sus seguidores por su apoyo. Medios locales informaron extraoficialmente que el pran y sus seis colaboradores más cercanos fueron los primeros en abandonar el penal, en una escena que se ha vuelto habitual en la creciente lista de las tomas de prisiones, en las que se sospecha que los líderes criminales negociaron las entregas con el gobierno.
Retomar el control de las prisiones
La Cuarta forma parte de una lista de siete prisiones que han sido intervenidas como parte de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, un plan del gobierno para retomar el control de las cárceles regidas por el sistema de pranato. La operación comenzó el pasado 20 de septiembre con la toma de Tocorón, la cárcel más infame de Venezuela y sede de la banda carcelaria más poderosa del país, el Tren de Aragua.
El 25 de octubre, las autoridades tomaron la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, controlada por Néstor Richardi, más conocido como «Richardi», cuyo paradero es desconocido. Cinco días después, se produjo la toma del Centro Penitenciario Puente Ayala, en el estado Anzoátegui. Esta, como la mayoría de las otras operaciones, parecía haber sido anunciada de antemano. El líder penitenciario Yunior Yagüez, alias «Pata e’ Queso», y sus «luceros» -nombre que reciben los lugartenientes de un pran- llevaban días sacando sus pertenencias, incluso animales, electrodomésticos, y efectivo.
En la primera semana de noviembre, los militares tomaron el Internado Judicial de Monagas, también conocido como La Pica, en Monagas, y el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el estado Bolívar. Apenas 48 horas después, las fuerzas de seguridad se desplegaron en torno a la Prisión Judicial de Trujillo. La prisión estaba controlada por Álvaro Montilla, alias «El Loro«, quien se entregó a las autoridades junto con dos de sus lugartenientes y abandonó el centro penitenciario en furgonetas custodiadas por la policía la noche anterior a la toma, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Con la operación en Trujillo, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso, anunció el fin del sistema de pranato.
“Hemos acabado en Venezuela con el pranato, y quienes intenten realizar esas prácticas nuevamente serán sometidos a la justicia”, declaró Ceballos en un video grabado en Trujillo.
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Pese a que el ministro Ceballos se jacta de que el Estado controla ahora «el 100% de todas las prisiones del país», existe una gran incertidumbre en torno a las operaciones y a la ubicación de muchos de los pranes. Varios de los pranes simplemente han desaparecido, entre los que destaca Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero«, jefe del Tren de Aragua. Las autoridades tampoco han informado cuántos reclusos murieron durante las tomas de las prisiones, cuántos escaparon y qué armas y dinero se llevaron.
El fin de una era criminal
El sistema de pranato en Venezuela -como se le conoce a la práctica de dejar el control de las prisiones en manos de grupos criminales- surgió en 2007, durante el mandato de Tareck El Aissami como ministro de Interior y Justicia, pero se consolidó plenamente en 2011 con Iris Varela, la primera ministra de Servicios Penitenciarios.
La implantación del pranato fue el resultado de una humillante sublevación en el ya de por sí notoriamente violento y caótico sistema penitenciario venezolano. En mayo de 2011, un pran de 26 años mantuvo a raya a unos 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad durante 27 días en la prisión de El Rodeo, en el estado Miranda, a solo 40 kilómetros al este de Caracas, un hecho que se convirtió en un circo mediático. El entonces presidente Hugo Chávez creó el Ministerio de Servicios Penitenciarios con la orden de asegurarse de no volver a quedar en ridículo por un suceso similar.
Durante años, el acuerdo tácito entre las autoridades estatales y los pranes consistió en permitir, e incluso proteger, la existencia de aparatos criminales dentro de las prisiones a cambio de orden.
“Para el Estado es más fácil que [la prisión] la mantenga ‘Niño’ Guerrero porque la ha sabido mantener”, dijo un exfuncionario del Ministerio de Servicio Penitenciario a InSight Crime antes de la toma de Tocorón en septiembre.
Tras la decisión de Varela de entregar las cárceles a los presos, los pranes extendieron su alcance mucho más allá de los muros de la prisión. La más exitosa de las bandas carcelarias fue el Tren de Aragua, que se convirtió en un actor criminal transnacional aprovechándose del éxodo venezolano para establecer una presencia permanente en Colombia, Chile y Perú.
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Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha acaparado la atención mediática, la eliminación de algunos de los pranes más notorios y el traslado de los reclusos dentro de un sistema penitenciario ya desbordado no resolverán la crisis carcelaria. Es probable que la brutalidad y la violencia continúen. El régimen de Maduro lleva años esquivando la bancarrota y no dispone de fondos para realizar cambios reales en las condiciones de las prisiones, especialmente en lo que respecta al hacinamiento y la escasez de alimentos.
“No sabemos cuál va a ser el impacto de estas medidas en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito penitenciario y con el crimen organizado”, advirtió Ronna Rísquez, investigadora de temas carcelarios y autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revoluciona el crimen en América Latina.
Las elecciones presidenciales de 2024
En las elecciones de 2018, la victoria de Maduro fue ampliamente rechazada a nivel internacional y por la oposición venezolana. A medida que el país se prepara para las elecciones presidenciales del próximo año, Maduro no solo busca reconocimiento internacional para el proceso electoral, sino también legitimidad para su gobierno en su intento de reelección.
Maduro busca blanquear sus credenciales en materia de seguridad -un camino habitual para los políticos en funciones.
“Tengo la impresión de que esto es una jugada política para hacer ver que están acabando con las pranes, que la seguridad del país es la prioridad”, dijo la coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, Magally Huggings. “Todo tiene que ver con la situación política actual, con la crisis que tiene el gobierno después de las primarias [de la oposición]”, comentó.
La oposición venezolana, dividida durante mucho tiempo, parece rejuvenecida tras la aplastante victoria de María Corina Machado en las primarias del mes pasado. A pesar de permitir que la elección se llevara a cabo, Maduro ha impedido que Machado se postule, pero la reaplicación de sanciones por parte de Estados Unidos y la condena internacional le esperan si mantiene esta postura.
A nivel interno, el gobierno intenta vender la operación como un éxito de su política de seguridad. Los medios de comunicación estatales y funcionarios han reproducido imágenes que muestran el despliegue de miles de soldados y policías con material antidisturbios, vehículos blindados y helicópteros alrededor de las prisiones, exhibiendo el poder de las fuerzas de seguridad.
En el extranjero, el Tren de Aragua, presente ahora en al menos otros tres países suramericanos, se había convertido en un lastre internacional. Así que, al tomar la cárcel de Tocorón, Maduro buscó debilitar las críticas internacionales y mostrarse fuerte en casa. Ahora que Venezuela exporta delincuencia, atacar el sistema de pranato se había convertido en una movida política evidente.