En una medida que podría transformar por completo el panorama criminal de Colombia, el gobierno ha anunciado que entrará a negociar con la organización de narcotráfico más grande del país, las AGC.

A través de un decreto presidencial, el presidente Gustavo Petro autorizó un «Espacio de Conversación Sociojurídico» con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) el 8 de julio de 2024. El documento, que se hizo público el 5 de agosto, marca el primer paso de una nueva ronda de negociaciones con el grupo.

El 22 de julio, el gobierno reconoció a seis miembros de las AGC como representantes para el diálogo y solicitó a las autoridades que suspendieran sus órdenes de captura. Entre ellos se encuentra el principal líder del grupo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo«, actualmente buscado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

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«El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley», se lee en el decreto.

El decreto parece implicar que cualquier nuevo diálogo con las AGC seguiría el mismo enfoque que intentos anteriores, lo que significa que se llevaría a cabo basándose en la Ley de Sometimiento, en la que el grupo se rinde o deja las armas a cambio de beneficios judiciales, como la reducción de penas.

El nuevo intento de paz con las AGC se produce mientras las conversaciones del gobierno con otros grupos armados se encuentran en estado crítico, ya que el plan Paz Total de Petro, que ha buscado acuerdos de desmovilización con grupos criminales y armados de toda Colombia, se ha convertido en una puerta giratoria de grupos armados que entran y salen de las negociaciones.

El Estado Mayor Central (EMC), una confederación de grupos disidentes que nació de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se ha dividido en dos facciones. Una de ellas, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco”, ha abandonado las conversaciones, mientras que la otra, liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», sigue negociando. Además, el proceso central con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está congelado después de que las dos partes no llegaran a un acuerdo para prorrogar el alto el fuego que expiró el 3 de agosto.

Las AGC se reincorporarán al proceso tras haber participado anteriormente en el plan de Paz Total. El grupo acordó un alto el fuego bilateral con el gobierno colombiano en enero de 2023, pero en marzo de ese mismo año, Petro puso fin al alto el fuego, acusando al grupo de incitar a la violencia durante un paro minero en el noroeste de Antioquia que dejó al menos 18 muertos.

Análisis de InSight Crime

El anuncio del Espacio de Conversación Sociojurídico con las AGC podría impactar drásticamente el panorama criminal colombiano.

Incluso antes de que comiencen formalmente las negociaciones, las partes parecen estar ya en desacuerdo sobre qué marco legal se utilizará en el diálogo.

Un punto central de discordia es la categorización de las AGC por parte del gobierno. Actualmente, no existe un marco legal para la desmovilización de grupos armados que el gobierno no reconozca como actores «políticos» a desmovilizar. Las AGC son consideradas una «estructura armada organizada de crimen de alto impacto» por el gobierno colombiano, lo que significa que, según la legislación actual, el gobierno solo podría negociar con el grupo a través de la Ley de Sometimiento.

Sin embargo, durante una entrevista al portal de noticias colombiano BluRadio el 6 de agosto, Ricardo Giraldo, abogado de las AGC, afirmó que el grupo reclama «justicia transicional» -un aspecto clave de las negociaciones anteriores con grupos que el gobierno ha clasificado como rebeldes- en lugar de utilizar la Ley de Sometimiento para llegar a un acuerdo.Por su parte, el EMC y el ELN son grupos armados a los que se ha concedido este estatus político.

«Ellos [las AGC] vienen de varios procesos de sometimiento completamente fallidos. Entonces, eso no va a ser la solución real para que haya paz en Colombia y la resolución es clara», dijo Giraldo.

Sin una legislación aprobada por el Congreso que apruebe nuevos marcos jurídicos que permitan a los actores no políticos negociar la rendición sin la Ley de Sometimiento, la única opción sería conceder a las AGC el estatus político que buscan.

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Como el de las AGC, el gobierno ha abierto varios espacios de diálogo con otros grupos criminales, incluidos aquellos de naturaleza urbana del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó. Pero estas conversaciones se han visto obstaculizadas por la misma falta de un marco legal que permita a estos grupos desmovilizarse sin la Ley de Sometimiento.

Si las negociaciones entre el gobierno y las AGC avanzan, un posible cese al fuego probablemente daría al grupo una ventaja en sus disputas territoriales con otros actores criminales en zonas clave del país. Esto es lo contrario de lo que ocurría hace apenas seis meses, cuando tanto el ELN como el EMC tenían ceses al fuego bilaterales con los gobiernos, mientras que las AGC no.

La principal disputa criminal de las AGC tiene lugar en el departamento de Chocó, donde el grupo mantiene una confrontación en todo el departamento con el ELN por el control de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal desde 2018. En Bolívar, punto neurálgico de la minería ilegal y autopista de la cocaína en todo el país, las AGC mantienen una disputa con el ELN y el Bloque Magdalena Medio del EMC -que sigue en negociaciones con el Gobierno- desde finales de 2021.

Por otra parte, en Norte de Santander, las AGC llevan años intentando reconquistar este territorio y entrar en la región del Catatumbo, uno de los enclaves de producción de coca de Colombia y una ruta de tránsito clave.

Un posible alto el fuego daría a las AGC una ventaja sobre el ELN, su principal competidor criminal en estas zonas clave, al tiempo que socavaría la Operación Agamenón, la renovada estrategia militar del gobierno para desmantelar a las AGC, cuya fase más reciente se anunció en febrero.

Imagen principal: Un soldado colombiano camina frente a un edificio con un grafiti con la marca «AGC». Crédito: Joaquin Sarmiento (AFP)