Cerca de la orilla del Río Nechí, uno de los principales epicentros de la minería ilegal de oro en el norte de Colombia, Javier*, un líder social con voz pausada y contundente relató a InSight Crime las dificultades del conflicto que ha traído la más reciente ola de violencia en El Bagre, un municipio de la subregión del Bajo Cauca, en Antioquia.
“Hace unos meses los enfrentamientos eran tan fuertes que nadie se atrevía a ir a recoger a los muertos”, dijo Javier, quien habló con InSight Crime a finales de 2024. “Incluso, hubo un momento en que los animales se comían a los cadáveres”, agregó bajando la voz.
En los últimos 20 años, Javier vio como una disputa inicialmente ideológica, entre guerrillas y paramilitares, evolucionó hacia un conflicto por los cultivos de coca, los corredores de narcotráfico y los depósitos de oro.
Hoy, un recrudecimiento de la violencia ha sido impulsado por los enfrentamientos entre los tres principales actores criminales de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última insurgencia activa del país; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los disidentes de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocidas como las ex-FARC Mafia, ambas surgidas de procesos fallidos de desmovilización.
“Las FARC y el ELN dicen: ‘váyanse o los matamos’. Las AGC dicen: ‘si se van los matamos’”, contó Javier, lo que ha dejado sin salida a las comunidades.
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Los tres grupos han buscado entablar conversaciones con el gobierno colombiano en el marco de la política de Paz Total que busca negociar de forma separada con los grupos armados ilegales del país. Sin embargo, esta política ha hecho poco por frenar las disputas territoriales que se desarrollan en el Bajo Cauca y en otras regiones de Colombia.
La lucha por llenar el vacío
Los enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares en la región del Bajo Cauca se remontan a finales de la década de 1990. Pero en las últimas dos décadas, estos grupos han evolucionado y se han criminalizado aún más. Los intentos por desmovilizar sus fuerzas —primero con la desmovilización en 2006 de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y luego con el acuerdo de paz de 2016 con las FARC— derivaron en nuevos enfrentamientos, a medida que las facciones disidentes y los grupos rivales luchaban por llenar el vacío de poder y controlar las economías criminales que dejaron atrás.
La escalada más reciente de este conflicto se produjo cuando las AGC –el actor criminal más fuerte del Bajo Cauca— comenzaron a avanzar hacia la Serranía de San Lucas, ubicada al norte del Bajo Cauca, y en el sur del departamento de Bolívar. La serranía es un bastión histórico del ELN que alberga importantes yacimientos de oro y cultivos de coca. En 2024, los homicidios en El Bagre, que conecta el Bajo Cauca con la serranía, subieron a 29, respecto a los 20 ocurridos en 2023. Sin embargo, más que en el número de asesinatos, el conflicto se está evidenciando en los desplazamientos y en los confinamientos. En diciembre de 2024, los enfrentamientos entre los grupos terminaron en el desplazamiento de 145 personas a El Bagre. Para principios de enero de 2025, esa cifra había aumentado a 230.
Desde entonces, los enfrentamientos continúan. De acuerdo con el monitoreo humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), el 7 de febrero hubo un desplazamiento forzado de 395 personas en Montecristo, un municipio ubicado al sur de Bolívar, mientras que 144 personas fueron confinadas. El 18 de febrero se anunció el desplazamiento de 26 personas hacia El Bagre desde Segovia, municipio con el que posee fronteras al sur, debido a enfrentamientos entre el ELN y las AGC.
“Lo que vemos hoy en día es que las AGC están ganando espacios al ELN”, dijo Javier.
Para defender su bastión, el ELN se ha aliado con los Frentes 18 y 36 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
“La alianza entre las disidencias de las FARC y ELN es lo que ha frenado los avances de las AGC en la Serranía de San Lucas”, agregó.
Además, según comentaron a InSight Crime autoridades policiales en la zona, a esta alianza parece haberse sumado un grupo local conocido como Los de Abajo o Los de Cuturrú, un reducto de Los Caparros, un antiguo enemigo de las AGC al que las autoridades colombianas dieron erróneamente por extinguido en 2021.
¿Qué está en juego en el Bajo Cauca?
En este conflicto está en juego el control de una región llena de oportunidades criminales. Esta zona, además, alberga un poco más de 8.000 hectáreas cultivadas con coca y es rica en depósitos de oro. Entre enero y septiembre de 2024, 11,64 toneladas de oro fueron extraídas de la subregión, representando el 54% del oro extraído en Antioquia y el 41% del oro explotado en Colombia.
Tanto las AGC como el ELN tienen varias oportunidades para ganar recursos a partir de la actividad minera. En primer lugar, cobrando por el paso de maquinaria e insumos hacia las minas; en segundo lugar, cobrando a mineros legales e ilegales por seguridad. Además, los mineros deben entregar un porcentaje de la producción de oro al grupo o, en algunos casos, este exige un valor fijo de dinero por la producción de una mina.
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Sumado a esto el Bajo Cauca es la bisagra que une un corredor de movilidad clave para los intereses criminales. Este corredor conecta a las zonas de cultivos y producción de cocaína en el oriente y norte de Colombia con las zonas de salida de la droga en el Pacífico colombiano. Controlar este corredor garantiza el flujo de ingresos ilícitos.
Pero más allá de la importancia económica, grupos con una presencia arraigada en la región —como el ELN— se aferran violentamente a su territorio.
“Lo que está pasando es un asunto de egos. Unos grupos que van por el territorio y otros que dicen: ‘yo de aquí no me dejo sacar’”, dijo un miembro de una agencia humanitaria con presencia en el Bajo Cauca a InSight Crime, quien pidió preservar su identidad porque no contaba con autorización para dar declaraciones.
Las líneas de guerra se expanden en el Bajo Cauca
Si bien el epicentro de la violencia está en los municipios del Bajo Cauca limítrofes con el sur de Bolívar, la tensión ha comenzado a escalar en otros lugares de la subregión.
En el municipio de Cáceres, en el centro-occidente del Bajo Cauca, en el mes de diciembre de 2024, los entes de control municipales anunciaron un desplazamiento forzado de varias familias por disputas en el corregimiento de San Pablo. Este es un lugar estratégico, pues alberga a una de las zonas mineras más importantes del Bajo Cauca.
Para el caso de San Pablo, las AGC se han establecido en la zona de forma permanente, pero se han enfrentado tanto con el ejército colombiano como con el ELN por el dominio del territorio. En diciembre de 2024, cuatro integrantes de las AGC murieron en un bombardeo en el municipio, una de las medidas más recientes del gobierno colombiano para enfrentar a las AGC.
En el municipio vecino de Tarazá, al occidente del Bajo Cauca, líderes sociales, miembros de la sociedad civil y funcionarios públicos mencionaron que la tensión ya se está viviendo en varios corregimientos que han sido enclaves históricos para el cultivo de coca y la producción de cocaína en la región. Las fuentes consultadas pronostican que en los próximos meses la situación empeorará.
“¿Qué se nos viene ahora? Lo mismo de antes: masacres, desplazamientos, amenazas, desapariciones forzadas”, dijo una funcionaria pública de Tarazá a InSight Crime, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
A comienzos de marzo, el ELN activó una carga explosiva en la vía que conecta a Tarazá con Medellín, capital del departamento de Antioquia. En diciembre de 2024, este mismo grupo atacó un vehículo de transporte público que se movilizaba por esta vía, dejando a dos personas heridas.
Las cifras de homicidios para 2024 confirman el deterioro de la situación de seguridad en ambos municipios. En Cáceres, se registraron 34 homicidios en 2024, frente a 18 de 2023, y en Tarazá 29 casos en comparación con los 12 homicidios ocurridos en 2023, según cifras de la Policía Nacional. Sin embargo, más allá de los homicidios, la población se ha visto afectada por otros hechos victimizantes que dejan en evidencia el control de los grupos sobre las comunidades.
Los mecanismos de control social
En medio del recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales, también se ha presentado un aumento de las presiones sobre la población civil. Cada grupo utiliza la violencia y el miedo para imponer sus normas sobre las comunidades, demostrar su poder y su autoridad sobre ciertos territorios.
“Las AGC están utilizando las mismas prácticas de las FARC de minar el territorio”, dijo Javier.
La extinta guerrilla de las FARC era reconocida por usar esta práctica como una forma devastadora para frenar el avance del ejército y proteger los cultivos de coca en las zonas bajo su control. Sin embargo, desde su desmovilización en 2016, esta práctica está en descenso.
Al parecer, mientras las AGC recuperan terreno en algunos municipios del Bajo Cauca como Cáceres y El Bagre, están usando esta práctica para garantizar que las guerrillas no puedan volver a las veredas. Los grupos han minado zonas claves para la movilidad de las comunidades, como las riberas de los caminos. Los campesinos son los más afectados, reiteró Javier.
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Además de esto, las AGC han impuesto reglas a la población y han difundido manuales de conducta en los que se imponen, por ejemplo, toques de queda a las comunidades. El grupo también impone castigos a quienes no cumplan con sus normas y, en varias oportunidades, ha confinado a ciertas poblaciones, en el desarrollo de los combates.
Por su parte, los grupos continúan poniendo en medio de las confrontaciones a la población civil. Mientras unos exigen el desplazamiento, otros lo prohíben, lo que ha dejado a las comunidades sin salida. Incluso, las personas han tomado la decisión de enfrentarse a los grupos.
“Las personas estuvieron como 15 días por fuera, desplazadas, y cuando regresaron lograron abrir los negocios porque se pusieron de acuerdo para hacer resistencia a los grupos”, dijo Javier. “‘El problema es de ustedes. Vayan y mátense, pero a nosotros déjennos trabajar’, decían las personas”.
Aunque Javier y, en general, los habitantes de la subregión busquen romper con los ciclos de violencia que han vivido por generaciones, los beneficios que ofrecen la minería y el narcotráfico significan que los grupos armados seguirán luchando por el territorio, y la violencia seguirá siendo la principal herramienta para consolidar sus intereses.
*El nombre fue cambiado para proteger su identidad .
