Un sorprendente número de uniformes de las fuerzas de seguridad están apareciendo en los mercados ilícitos de Venezuela, convirtiéndose en el atuendo preferido de los delincuentes para cometer delitos, compitiendo con funcionarios que habitualmente cometen abusos mientras están de servicio.

A finales de octubre, las autoridades abrieron una investigación contra varios vendedores que vendían ilegalmente uniformes pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el centro comercial Gran Bazar, en el estado occidental de Zulia. En los últimos años, delincuentes han utilizado uniformes del CICPC para llevar a cabo actividades de extorsión, robo y tráfico de armas.

“Aparece un punto de control a media noche, ¿cómo te paras sin saber si son funcionarios de verdad o que compraron estás prendas?”, se lee en un comentario bajo la publicación de Instagram del director del CICPC anunciando los resultados de la operación en Zulia.

Este modus operandi va mucho más allá del estado Zulia o del CICPC. Un análisis del monitoreo de noticias de Venezuela realizado por InSight Crime en los últimos cuatro años arrojó 50 casos de delincuentes que se hicieron pasar por autoridades locales y nacionales en 14 estados del país.

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Los criminales venezolanos, entre ellos algunas de las bandas más peligrosas del país, han utilizado esta táctica para cometer extorsiones, secuestros, robos, asesinatos y traficar armas y drogas. Una redada del CICPC en junio de 2022 desmanteló un grupo dedicado a la venta ilegal de uniformes militares a bandas del infame barrio de la Cota 905 de Caracas, antaño hogar de la banda del Koki y ahora de sus descendientes.

Otros ejemplos notables son la banda de extorsión de Adriancito, en Zulia, y Josué Ángel Santana, alias «El Santanita«, uno de los principales lugartenientes del Tren de Aragua, cuyos integrantes han sido sorprendidos haciéndose pasar por policías en varias ocasiones.

En muchos casos, los propios agentes de seguridad corruptos proporcionan uniformes a los delincuentes a cambio de un pago o como parte de una alianza criminal. En otros, los vendedores roban los uniformes para venderlos a los delincuentes o fabrican réplicas casi idénticas.

Análisis de InSight Crime

Aunque los delincuentes utilizan uniformes policiales para cometer sus delitos en toda América Latina, la corrupción rampante en las fuerzas de seguridad venezolanas ha llevado este modus operandi a un nuevo extremo.

Se han registrado casos notables de delincuentes que se hacen pasar por policías en toda la región, entre ellos Honduras, El Salvador y México. Pero en Venezuela, esta historia tiene otra cara, ya que los propios funcionarios venezolanos cometen delitos como exigir el pago de extorsiones mientras llevan uniforme.

“Los delincuentes no inventaron este modelo de negocio, lo hizo la propia policía”, dijo Jorge Govea Cabrera, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Zulia, a InSight Crime. “Es cotidiana la cosa. Ahora fueron los delincuentes que decidieron hacerse pasar por funcionarios policiales y militares. Es ingenioso, empezaron ellos mismos a competir contra los propios funcionarios”.

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Keymer Ávila, profesor de criminología en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, dijo a InSight Crime que no ha visto pruebas de un aumento de los delincuentes que se hacen pasar por policías y advirtió que confiar en los informes de los medios de comunicación puede distorsionar la realidad. En su opinión, la atención debería centrarse en el aparato de seguridad, que se ha descontrolado en los últimos años gracias a un aumento de la contratación que no ha ido acompañado de un incremento de los recursos.

“Venezuela es actualmente un estado de policía, pero caótico y fragmentario. Los funcionarios tienen sus propias agendas y necesidades, que satisfacen discrecionalmente y sin límites”, dijo Ávila a InSight Crime.

El reclutamiento de aspirantes no cualificados, la falta de supervisión y los bajos salarios -de entre US$15 y US$40 para los agentes de policía uniformados- han creado un entorno en el que la delincuencia prolifera entre las fuerzas de seguridad, según declararon los expertos a InSight Crime.

Según ellos, aunque los delincuentes se hagan pasar por policías, la culpa es del aparato de seguridad.

“La fabricación, distribución y comercialización de uniformes para fuerzas de seguridad del Estado debería ser un monopolio estatal o en su defecto pasar por estrictos controles institucionales”, dijo Ávila. “Esto también se ha perdido…generando todo un abanico de prácticas ilícitas, ya sea que las realicen directamente los funcionarios o en cooperación y alianza con terceros”.