Los amplios operativos del ejército ecuatoriano contra la minería ilegal, tras una masacre histórica, harán poco por frenar una de las economías criminales más lucrativas del país.

El ejército anunció en una publicación en redes sociales, el 12 de mayo, que desplegó 1.800 soldados en la región amazónica de Ecuador. En los operativos que se han desarrollado desde entonces, las fuerzas de seguridad han incautado maquinaria pesada, combustible, armas de fuego y otros materiales utilizados para actividades de la minería ilegal, según otras publicaciones oficiales.

Estas operaciones militares responden directamente a uno de los ataques más sangrientos contra las fuerzas de seguridad ecuatorianas de la historia reciente. El 9 de mayo, hombres armados emboscaron a un grupo de soldados durante un operativo antidrogas en la provincia amazónica de Orellana, asesinando a 11 de sus miembros.

En un comunicado posterior, el ejército ecuatoriano atribuyó el ataque a integrantes de los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo criminal colombiano con fuerte presencia en la Amazonía ecuatoriana cerca de la frontera con Colombia.

“No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados ante la ley”, agregó el ejército.

El CDF negó su participación en el ataque, según los medios locales, responsabilizando a grupos criminales ecuatorianos. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas identificaron a uno de los atacantes abatidos como alias “Compadre”, supuesto comandante del grupo en Ecuador. Dos miembros más del CDF también habrían muerto en el enfrentamiento.

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El CDF, conformado por exmiembros de grupos paramilitares y de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha aprovechado sus bastiones en los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá y Amazonas para construir una exitosa red de tráfico de drogas.

Al controlar amplias zonas de cultivo de coca en estas provincias, el CDF regula las rutas de transporte de cocaína hacia Ecuador. Y desde allí, la droga se exporta principalmente a los mercados consumidores en Europa y Norteamérica.

Recientemente, el CDF se ha involucrado cada vez más en la minería ilegal, sobre todo en las provincias fronterizas ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana. Esto forma parte de una tendencia en Ecuador y en la región ya que grupos criminales buscan beneficiarse de los altos precios internacionales del oro.

Los ataques contra militares ocurren en medio de una crisis de seguridad sin precedentes en Ecuador. Los homicidios superaron en un 32% los niveles récord en los primeros cuatro meses de 2025, mientras grupos criminales como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones luchan por el control del territorio en un panorama cada vez más fragmentado. En respuesta, el presidente Daniel Noboa ha impulsado una estrategia de mano dura, declarando a más de 20 grupos criminales ecuatorianos como objetivos militares.

Una semana después de la masacre, el 15 de mayo, Noboa declaró a los Comandos de la Frontera y a otros grupos criminales colombianos como el Frente Oliver Sinisterra —otro grupo disidente de las FARC— y los Comuneros del Sur, una facción ahora independiente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como “grupos armados organizados,” una medida que “reforzará las acciones de seguridad” contra ellos.

Análisis de Insight Crime

Aunque la reciente masacre ha convertido la lucha contra los grupos mineros en una prioridad para el ejército ecuatoriano, el gobierno aún no ha enfrentado las causas económicas de la minería ilegal ni la corrupción endémica que la sostiene.

La respuesta de Noboa a la crisis de seguridad en las zonas urbanas de Ecuador ha sido desorganizada, sin medidas que aborden las preocupaciones de los habitantes de manera distinta al uso de la fuerza estatal. Su enfoque respecto a la problemática minera no ha sido distinto.

“El uso de los militares [contra la minería] no hace sino generar una cortina de humo de una reacción gubernamental que tiene muy poca capacidad de volverse efectiva”, dijo a InSight Crime Luis Córdova Alarcón, académico y experto en seguridad ecuatoriano.

Presionado para presentar un plan de seguridad, Noboa introdujo un amplio proyecto de ley en el Congreso, el 17 de mayo, “destinado a la desarticulación de las economías criminales” y “a proteger a la ciudadanía”. La propuesta, aún en debate, declara como “objetivos militares” los bienes de grupos criminales organizados, incluidos los dedicados a la minería ilegal, y promete medidas adicionales para proteger a las fuerzas de seguridad de procesos judiciales. Esto hará poco para atacar las causas profundas de la minería ilegal.

“Aunque les quiten una retroexcavadora o 100 retroexcavadoras, no están resolviendo el problema económico”, explicó Córdova. “Hay un alto precio [en el mercado] que facilita invertir en esa economía criminal”. En cambio, agregó, el gobierno debería invertir en la creación de empleo y el desarrollo rural para disuadir a las personas de buscar trabajo en operaciones mineras ilegales.

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Los altos precios del oro harán que esta economía criminal sea difícil de resistir. Investigaciones periodísticas han estimado que la minería ilegal en Ecuador vale cientos de millones de dólares al año. Con abundante dinero en efectivo, los grupos criminales canalizan más recursos hacia redes de corrupción que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), jueces, funcionarios locales y empresas privadas. La corrupción podría haber tenido un papel importante en la masacre de los soldados, pues un portavoz del ejército culpó a una filtración interna que reveló la ubicación del patrullaje.

A medida que se genera más dinero por la minería ilegal, mayores sumas se destinan a redes corruptas que garantizan la impunidad. Esto crea una situación en la que la corrupción refuerza la minería ilegal y viceversa.

“Es todo un círculo vicioso […] alrededor de la minería ilegal que hace muy compleja poder erradicarla”, dijo a InSight Crime Renato Rivera-Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Imagen principal: Un soldado ecuatoriano posa frente a un presunto campamento de los Comandos de la Frontera en proceso de destrucción. Crédito: X @DefensaEc