El Salvador ha sido uno de los principales bastiones de las pandillas callejeras más conocidas de Centroamérica: la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, que durante años aterrorizaron a los barrios urbanos pobres de todo el país. Pero desde 2022, una brutal y controvertida ofensiva gubernamental ha encarcelado a más del 1,5% de la población salvadoreña por presuntos vínculos con las pandillas y ha desmantelado en gran medida a estos grupos.

El país también desempeña un papel relativamente menor en el narcotráfico. Sirve como punto de almacenamiento y tránsito en la costa del Pacífico y como puente terrestre para la cocaína que circula entre Honduras y Guatemala rumbo a México y Estados Unidos.

El Salvador es un país pequeño, cuya alta densidad poblacional y terreno montañoso impiden a los traficantes transportar mercancías por vía aérea. No obstante, el país alberga rutas de contrabando terrestre que se han utilizado durante décadas para traficar migrantes, armas, contrabando y drogas ilícitas. La porosidad de las fronteras con los países vecinos, Honduras y Guatemala, facilita la entrada y salida de mercancías ilegales. Además, la costa de El Salvador ofrece a los traficantes numerosos lugares para descargar y reenvasar las drogas en cantidades más pequeñas para el viaje hacia el norte o la distribución y venta en el mercado interno de drogas del país.

En este perfil:

• Últimas noticias sobre El Salvador
• ¿Cómo favorece la geografía de El Salvador al crimen organizado?
• ¿Cómo es la historia del crimen organizado en El Salvador?
• ¿Cuáles son los principales grupos criminales en El Salvador? 
• ¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad en El Salvador?
• ¿Cómo es el sistema judicial en El Salvador?
• ¿Cómo es el sistema penitenciario en El Salvador?

¿Cómo favorece la geografía de El Salvador al crimen organizado?

Con una superficie de aproximadamente 21.040 kilómetros cuadrados, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y su ubicación  geográfica colinda con Guatemala, Honduras y el océano Pacífico. La relativa porosidad de sus fronteras permite la fácil entrada y salida de mercancías ilegales y  funciona como punto de tránsito dentro de las rutas de contrabando terrestre entre Suramérica, México y Estados Unidos.

Posee una alta densidad poblacional y su terreno montañoso impide a los traficantes transportar mercancías por vía aérea, por lo que alberga rutas de contrabando terrestre que se han utilizado durante décadas para traficar migrantes, armas, contrabando y drogas ilícitas.

Además, la línea costera ofrece puntos de desembarco donde los traficantes pueden recibir cargamentos de droga y dividirlos en cantidades menores para facilitar su traslado hacia otros países o destinarlos al mercado interno.

¿Cómo es la historia del crimen organizado en El Salvador?

En 1992, tras más de una década de guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, el gobierno salvadoreño y la guerrilla izquierdista firmaron un acuerdo de paz. Este acuerdo incluyó esfuerzos para crear una fuerza policial con miembros de la coalición rebelde, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, la violencia en El Salvador no terminó con la guerra. Por el contrario, la posguerra trajo consigo una ola de criminalidad, en la que algunos exguerrilleros nunca entregaron las armas y crearon empresas criminales que se dedicaron al robo de automóviles, secuestro y tráfico de migrantes. Además, surgieron pandillas callejeras que recibieron el nombre de “maras”. Las pandillas dominantes han sido la MS13 y el Barrio 18. 

Estas pandillas tienen sus orígenes en la migración de una parte importante de la población salvadoreña hacia Estados Unidos durante la guerra civil. Surgieron inicialmente en Los Ángeles como una forma de protección para los jóvenes salvadoreños frente a pandillas de otras comunidades. Estos grupos estaban conformados en su mayoría por jóvenes de escasos recursos que se encontraban en condiciones de marginalidad.

La deportación de miembros de pandillas desde Estados Unidos introdujo en El Salvador el modelo de las pandillas callejeras de Los Ángeles. Esto se combinó con una cultura de violencia preexistente y el fácil acceso a armas heredadas de la guerra civil, lo que provocó una escalada de enfrentamientos y asesinatos entre pandillas. Ante esta situación, el gobierno respondió con políticas represivas que terminaron por marginar aún más a la juventud y favorecer el reclutamiento. Además, estos grupos lograron establecer centros de operaciones dentro de las prisiones para gestionar sus actividades.

Las pandillas se dedicaban principalmente a la extorsión y la venta de marihuana y crack en barrios empobrecidos. En raras ocasiones fueron contratados por organizaciones más grandes para actuar como sicarios. 

Existieron intenciones por parte de las pandillas para entrar al tráfico transnacional de drogas, asociándose a bandas criminales mexicanas como los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, estos casos han sido excepcionales porque la naturaleza desorganizada de las pandillas les impide convertirse en socios confiables para las grandes organizaciones.

En marzo de 2012, el gobierno salvadoreño y líderes de la Iglesia católica local negociaron en secreto una tregua entre las pandillas del Barrio 18 y el MS13, otorgando concesiones a los líderes de las pandillas encarcelados a cambio de una reducción de la violencia. Como parte de la tregua, el gobierno estableció “zonas de paz”, o áreas en las que las pandillas se comprometían a poner fin a la actividad delictiva, y el gobierno prometió retirar al ejército. Tras su aplicación, la tregua provocó un descenso de los homicidios, pero la violencia comenzó a aumentar de nuevo en 2014, cuando la tregua empezó a resquebrajarse. Los detractores de la tregua han puesto en duda su eficacia para reducir los homicidios, y algunos sostienen que la tasa de homicidios era artificialmente baja porque los miembros de las pandillas “desaparecían” a las víctimas.

Después de la ruptura de la tregua, las pandillas intensificaron los ataques contra las fuerzas de seguridad del país. La violencia dentro y entre las pandillas también aumentó. A finales de 2015, El Salvador tenía una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100.000 habitantes, es decir, la más alta del mundo fuera de una zona de guerra. 

El presidente Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, prometiendo reducir la violencia y aumentar la seguridad. Durante su primer año en el cargo, la tasa de homicidios de El Salvador se desplomó de 51 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 36 por cada 100.000 en 2019. Esa cifra se redujo a más de la mitad en los dos años siguientes, llegando a 17,6 por cada 100.000 en 2021. El país no había experimentado una reducción tan radical de la violencia desde el final de la guerra civil.

El gobierno de Bukele atribuyó el descenso histórico de los homicidios al plan de seguridad insignia del gobierno, el denominado Plan de Control Territorial, un programa poco transparente de siete puntos que parecía reflejar en gran medida las políticas de mano dura de los gobiernos anteriores.

Pero la naturaleza sin precedentes de la caída también desató rumores de algún tipo de nuevo acuerdo entre el gobierno de El Salvador y las pandillas. Eso quedó confirmado en septiembre de 2020, cuando el medio salvadoreño El Faro publicó una investigación documentando cómo altos funcionarios del gobierno habían estado entablando conversaciones con líderes de pandillas encarcelados desde al menos octubre de 2019, con la intención de reducir la violencia. Algunos de los funcionarios involucrados en el supuesto diálogo también habían trabajado con Bukele cuando era alcalde de San Salvador, época en la que su administración municipal negoció con las pandillas como parte de los esfuerzos para revitalizar el Centro Histórico de la capital.

Las negociaciones secretas consiguieron reducir considerablemente las muertes violentas hasta marzo de 2022, cuando las pandillas presuntamente asesinaron a 87 personas en 72 horas. El gobierno de Bukele respondió a la masacre decretando un estado de excepción en todo el país, suspendiendo algunos derechos constitucionales y relajando las normas sobre detenciones. Lo que siguió fue un frenesí de arrestos sin precedentes, en el que las fuerzas de seguridad capturaron a decenas de miles de presuntos miembros de pandillas y colaboradores en una despiadada campaña. La rapidez y la magnitud de las detenciones diezmaron las filas de las pandillas. Quienes no fueron detenidos tuvieron que esconderse o exiliarse.

El régimen de excepción se ha prolongado por más de cuatro años, durante los cuales las fuerzas de seguridad han logrado desarticular la mayoría de las estructuras, operaciones y comunicaciones de las pandillas. Por un lado, desde entonces se ha suspendido el derecho a legítima defensa y proliferan detenciones arbitrarias, además de violaciones de los derechos humanos. 

Por otro lado, la violencia letal cayó de manera pronunciada desde 2022, cuando los homicidios se redujeron en más de la mitad respecto al año anterior, hasta registrar en 2023 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de América Latina. Para 2025, El Salvador registró tan solo 82 homicidios, es decir, una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que le permitió alcanzar la tasa más baja en su historia. Sin embargo, esta cifra no contempla los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, muertes a manos de la policía y asesinatos en prisión. 

Los avances en materia de seguridad han ayudado a Bukele a mantener unos altos índices de aprobación en El Salvador. Sin embargo, su campaña contra las pandillas también ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, que han documentado presuntos abusos cometidos durante la represión, incluidas detenciones arbitrarias y torturas en prisión. Además, la puntuación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional cayó del puesto 36 en 2020 a 32 en 2025. 

La aprobación de Nayib Bukele permitió que ganara la reelección presidencial con aproximadamente más del 70% de votos y el 31 de julio de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales para que el periodo presidencial se ampliara de cinco a seis años; además, se modificaron otros artículos para que la reelección presidencial fuera de manera indefinida. Esto le permitirá a Bukele dar continuidad a sus políticas represivas antipandillas.

Desde el inicio del segundo mandato de Bukele ha habido un incremento de criminalización y persecución tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas y activistas. En 2024 hubo 789 vulneraciones a la libertad de prensa, la salida del país de al menos 140 periodistas y activistas, y nuevas restricciones financieras para las organizaciones civiles.

Entre junio de 2019 y febrero de 2026, las autoridades salvadoreñas incautaron más de 81 toneladas de diferentes tipos de drogas, incluyendo importantes cargamentos interceptados en operaciones marítimas en altamar.

¿Cuáles son los principales grupos criminales en El Salvador? 

A pesar de que el régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele en marzo de 2022 ha debilitado considerablemente a las principales pandillas del país, todavía persisten remanentes de la MS13 y del Barrio 18 en algunas zonas de El Salvador. Además, el 20 de febrero y 23 de septiembre de 2025, Estados Unidos designó a la MS13 y el Barrio 18 como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO), respectivamente.

Posteriormente, Estados Unidos y El Salvador acordaron el traslado de 238 venezolanos señalados como presuntos integrantes del Tren de Aragua para ser recluidos en cárceles salvadoreñas. En el mismo operativo, Estados Unidos devolvió a dos dirigentes de alto rango y a otros 21 integrantes de la MS13 para que fueran juzgados en territorio salvadoreño. Entre los dirigentes se encontraba César Humberto López Larios, alias “Greñas”, miembro de alto rango de la MS13 que enfrentaba cargos por terrorismo y crimen organizado en Estados Unidos. 

Además de las pandillas, El Salvador también cuenta con redes de transporte de drogas, conocidas como “transportistas”. Estos grupos empezaron a mover contrabando a través de las fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala durante la guerra civil. Siguen utilizando estas rutas para trasladar migrantes, contrabando, mercancías pirateadas y drogas ilegales.

Los transportistas suelen operar con la ayuda de funcionarios de fronteras, policías y militares corruptos. No están vinculados a ninguna organización de narcotraficantes en particular. Por el contrario, ofrecen sus servicios a carteles colombianos y mexicanos, incluidos poderosos grupos mexicanos como el Cartel de Sinaloa y, en el pasado, Los Zetas. Aunque los transportistas son responsables de los cargamentos de droga que transitan por El Salvador, la violencia de las pandillas ha sido históricamente el motor de gran parte de la delincuencia violenta del país.

¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad en El Salvador?

La fuerza armada de El Salvador desde el 2021 supera los 20.000 integrantes. La Policía Nacional Civil (PNC) está organizada en delegaciones territoriales y en unidades especializadas o tácticas, por ejemplo, el Grupo de Reacción Policial (GRP), la Sección Táctica Operativa (STO), la Subdirección Antipandillas y la Policía Rural.

Históricamente, ser policía en El Salvador ha sido un trabajo extremadamente peligroso y mal remunerado. En 2014, las fuerzas de seguridad se convirtieron cada vez más en blanco de ataques por parte de miembros de pandillas, lo que provocó deserciones de la PNC. Para suplir las deficiencias y la falta de recursos, El Salvador ha recurrido habitualmente a los militares para realizar tareas policiales. En 2019, por ejemplo, el gobierno, como parte del Plan de Control Territorial de Bukele, desplegó 3.000 soldados para recuperar territorio en municipios afectados por pandillas. Bajo el estado de emergencia, Bukele ha confiado en los militares para facilitar las detenciones masivas y, en algunos casos, rodear comunidades enteras con la esperanza de expulsar a los miembros de las pandillas.

A lo largo de las batallas de las fuerzas de seguridad con las pandillas callejeras, ha habido indicios de que funcionarios policiales y militares han participado en ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

¿Cómo es el sistema judicial en El Salvador?

La debilidad del sistema judicial ha agravado durante mucho tiempo la inseguridad general de El Salvador. La mayoría de los delitos quedan sin resolver, y los sospechosos pueden pasar años tras las rejas antes de enfrentarse a un juicio.

La corrupción en el sistema judicial de El Salvador ha sido otro problema clave. Se ha descubierto que algunos jueces aceptaban sobornos de grupos criminales a cambio de favores. Además, el proceso de selección para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo se ha visto obstaculizado por representantes del Congreso vinculados a la corrupción y el crimen organizado.

La debilidad del sistema judicial salvadoreño también ha contribuido al fenómeno de los escuadrones de la muerte, con casos de ciudadanos y posiblemente policías que llevan a cabo una “limpieza social” de delincuentes y otras personas consideradas indeseables.

Bajo el mandato del presidente Bukele, las principales instituciones judiciales se han alineado con los intereses del gobierno. En 2021, el presidente aprovechó la abrumadora mayoría de su partido en la Asamblea Legislativa del país para reorganizar a su favor a los jueces del Tribunal Supremo. Los legisladores afines a Bukele también destituyeron al fiscal general del país, que investigaba la corrupción gubernamental. La Asamblea Legislativa también depuró el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces. Muchos de los sustitutos tienen vínculos con el gobierno de Bukele.

La alineación de estas fuerzas prácticamente ha borrado la independencia judicial, ayudando al presidente a llevar las medidas de seguridad de mano dura a nuevas dimensiones. Los tribunales han guardado silencio ante la violación sistemática de las garantías procesales, mientras que los fiscales han contribuido a facilitar oleadas de detenciones dudosas, muchas de ellas basadas en pruebas escasas o inexistentes.

En agosto de 2025, se creó la figura de la audiencia única abierta, para poder juzgar a varios integrantes de una misma estructura bajo un mismo juicio. El proceso más amplio bajo esta modalidad involucró a 486 cabecillas de la MS13 ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. 

¿Cómo es el sistema penitenciario en El Salvador?

Las cárceles de El Salvador están notoriamente hacinadas. Años de estricta legislación contra las pandillas han llenado los centros penitenciarios del país por encima de su capacidad. 

El estado de excepción de Bukele  ha agravado el problema, pues al cierre de 2025 las cárceles de El Salvador albergaban a más de 118.369 personas con una tasa de 1.963 reclusos por cada 100.000 habitantes, posicionándose como una de las tasas más altas del mundo. De ese total, 103.837 se encontraban en cárceles comunes y 14.532 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la conocida megacárcel de máxima seguridad.

La detención preventiva contribuye al hacinamiento desenfrenado, al igual que la suspensión del derecho constitucional a la defensa legal bajo el estado de emergencia, que ha dejado a los sospechosos languideciendo en prisión durante meses o años antes de ver a un juez.

En el pasado, las cárceles de El Salvador se dividían en función de las pandillas, y los miembros de cada grupo eran enviados a distintas prisiones. Esta política permitió a la MS13 y al Barrio 18 establecer un dominio total sobre las prisiones que controlaban, convirtiéndolas en centros de reclutamiento, de operaciones y de consolidación; eran, en muchos sentidos, cuarteles generales de facto de las pandillas. Esto se vio facilitado por la escasez de personal y de recursos de las instalaciones, lo que significaba que los guardias de prisiones solían quedar relegados a la vigilancia de los muros de la prisión, dejando a los reclusos el control de la vida cotidiana.

Durante esta época, se esperaba que los miembros libres de las pandillas mantuvieran a los que estaban entre rejas enviándoles dinero y suministros. Los líderes de las pandillas encarcelados a menudo dirigían la actividad delictiva en las calles a través de teléfonos celulares y mensajeros. Esta relación simbiótica se basaba en parte en la lógica de que todos los miembros de las pandillas, en un momento u otro, pasarían un tiempo en la cárcel y, una vez allí, necesitarían la protección de la pandilla para sobrevivir: una forma de “seguro de prisión”. Los líderes de las pandillas MS13 y Barrio 18 han estado tradicionalmente recluidos en centros de máxima seguridad, como la tristemente célebre prisión de Zacatecoluca, también conocida como “Zacatraz”.

La situación de las prisiones ha experimentado una transformación radical. El cambio fue gradual: en 2015 se revirtió la política oficial de segregación de las pandillas. Luego, la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén recuperó cierto control tras las rejas con la promulgación de medidas de seguridad de mano dura destinadas a cortar las comunicaciones entre pandillas. 

En 2020, Bukele aceleró el proceso colocando a miembros de la MS13 y del Barrio 18 en celdas comunes y recurriendo a medidas extremas para reprimir la actividad de las pandillas en las prisiones tras la llegada masiva de presuntos miembros de pandillas durante el estado de excepción. Los informes procedentes de las prisiones sugieren que las autoridades mantienen ahora un control casi absoluto entre rejas y someten a los presos a palizas y tortura psicológica de forma rutinaria. En julio de 2026, Amnistía Internacional aseguró que, desde el inicio del régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas y al menos 470 han muerto bajo custodia estatal.