La semana pasada, un juez de Ecuador condenó a cinco personas por el sonado asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, pero aún no está claro quién ordenó el crimen ni por qué.
El 12 de julio, un tribunal de Pichincha condenó a 34 años de prisión al presunto líder de una facción de Los Lobos, Carlos Edwin Angulo, alias «Invisible», por planear el asesinato de Villavicencio desde su celda. Laura Dayanara Castillo, la coautora responsable de financiar y coordinar el homicidio, recibió la misma pena de prisión, mientras que otros tres cómplices fueron condenados a 12 años.
«Con respecto a la sentencia dictada a los autores materiales […] creemos que es lo mínimo que puede hacer la justicia del Ecuador por un hombre como Fernando que ofrendó su vida por la patria», escribieron las hijas de Villavicencio en un comunicado publicado en X, antes Twitter.
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Villavicencio, un periodista de investigación convertido en candidato presidencial, fue abaleado a plena luz del día en un acto de campaña en agosto de 2023. Posteriormente, la policía abatió en el lugar de los hechos al tirador, un colombiano de 18 años procedente de un barrio marginal de la ciudad de Cali, al suroccidente de Colombia. Más tarde, las autoridades encontraron mensajes en su teléfono que condujeron a la detención de otras 13 personas relacionadas con el asesinato.
Dos meses después, en un giro alarmante, seis colombianos y un ecuatoriano –encarcelados en relación con el homicidio de Villavicencio– fueron asesinados en prisión, poniendo en duda la capacidad de Ecuador para hacer justicia en uno de los casos de más alto perfil del país.
Análisis de InSight Crime
A pesar de haber condenado a varios de los responsables de un asesinato político que ocupó los titulares de todo el mundo, revelando la grave situación de la seguridad en Ecuador, el Estado parece haberse quedado corto a la hora de desenmascarar a los autores y los motivos del crimen.
La investigación del asesinato de Villavicencio se enfrentó desde el principio a un sinfín de contratiempos. No sólo siete testigos clave fueron asesinados en prisión, sino que las instituciones estatales, especialmente la Policía Nacional de Ecuador, fueron objeto de críticas por no cooperar con una investigación parlamentaria sobre el asesinato.
Además, el autor o autores intelectuales siguen siendo un misterio. Hay una larga lista de criminales con motivos para matar a Villavicencio. Inicialmente, las especulaciones se centraron en José Adolfo Macías, alias «Fito», líder de Los Choneros, la pandilla más poderosa de Ecuador, a quien Villavicencio había investigado. Pero un vídeo difundido poco después del asesinato mostraba a varios pistoleros enmascarados que supuestamente representaban a Los Lobos, el principal rival criminal de Los Choneros, atribuyéndose la autoría del crimen.
Sin embargo, Angulo, el líder de Los Lobos condenado por ordenar el asesinato, negó repetidamente su implicación en el crimen durante todo el juicio. De hecho, cuatro de los cinco acusados se negaron a responder a todas las preguntas del fiscal, afirmando que no sabían nada de lo ocurrido el día en que Villavicencio fue asesinado. El quinto se negó a hablar.
“Soy un chivo expiatorio”, declaró Angulo ante el tribunal.
Independientemente de que Los Lobos perpetraran o no el asesinato, la familia de Villavicencio y otras personas cercanas a él creen que la orden vino de más arriba. Christian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo sustituyó como candidato tras el asesinato, acusó a Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano de Ecuador, de tener el motivo más evidente, citando chats divulgados en el marco de una investigación por corrupción.
Muentes ha tachado esa investigación de farsa. No se han presentado cargos penales contra él en relación con el caso Villavicencio.
La familia de Villavicencio también cree que detrás del asesinato hay agentes estatales.
“No olvidamos a los autores intelectuales, cómplices y omisiones del Estado. Si permitimos la impunidad, nadie en Ecuador estará a salvo”, dijo una de las hijas de Villavicencio tras la condena.
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A pesar de las muchas preguntas sin resolver en torno al asesinato de Villavicencio, este tuvo un efecto claro e inmediato en el enfoque adoptado por Ecuador para combatir el crimen organizado.
La retórica en torno a la política de seguridad en Ecuador cambió rápidamente tras el asesinato. Los otros candidatos presidenciales, especialmente el debutante y eventual ganador, Daniel Noboa, pasaron de un enfoque centrado en abordar la inseguridad desde programas sociales a una postura a favor de la militarización.
”Tenemos que tener la mano dura si queremos salvar al Ecuador de esta inseguridad”, escribió Noboa en X después de que los sospechosos del asesinato de Villavicencio fueran encontrados muertos.
Tras asumir la presidencia en noviembre de 2023, Noboa declaró la guerra a 22 grupos del crimen organizado, a los que clasificó como “organizaciones terroristas”. Su militarización de mano dura fue recibida con apoyo internacional y nacional, y cosechó los primeros éxitos en forma de incautaciones de droga y descenso de las tasas de homicidio.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad se han enfrentado cada vez más acusaciones de tortura y otros abusos contra los derechos humanos. Y el aumento de la violencia en ciudades clave ha renovado los llamados a que Noboa presente una estrategia más sostenible y de largo plazo para hacer frente al crimen organizado.
Imagen principal: Familiares y simpatizantes de Fernando Villavicencio se manifiestan a las afueras del juzgado. Crédito: CNN Español
