La intervención de otra cárcel bajo control de líderes criminales pone en evidencia los fallidos planes del régimen de Nicolás Maduro para acabar con los pranatos tras un año de operaciones.

El 5 de noviembre, el Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela intervino, junto con varios organismos de seguridad, el Complejo Penitenciario El Dorado del estado Bolívar para desmantelar estructuras criminales que controlaban el recinto. 

El operativo en la prisión presuntamente encontró a 17 líderes carcelarios o pranes, además de varios miembros del Tren del Llano y del Tren de Aragua operando detrás de las rejas. También descubrió drogas, armas de fuego, cientos de celulares y antenas de internet satelital.

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“Vamos a darle régimen y regularidad a todo el sistema penitenciario. Es una gran tarea que está en el Plan de la 7T, un nuevo nivel superior verdadero, de regímenes que garantizará la seguridad máxima, la no existencia de delitos dentro”, aseguró Nicolás Maduro durante la transmisión de su pódcast semanal el 6 de noviembre, refiriéndose a su plan para modernizar la economía y asegurar la paz para 2030.

Análisis de InSight Crime

Las últimas intervenciones en las prisiones de Venezuela demuestran que el estado no ha erradicado el control criminal.

Desde 2013, las prisiones están bajo el régimen penitenciario, un plan modelo para enfrentar al pranato que, desde la década anterior, manejaba a su antojo y delinquía desde detrás de las rejas con el beneplácito del Estado.

El estado reaccionó, y, tras la intervención de siete cárceles que estaban bajo control criminal en 2023, con la operación Gran Cacique Guaicaipuro, entre ellas la cárcel de Tocorón, cuna del Tren de Aragua, a finales de 2023, Maduro aseguró que ese era el fin del pranato. 

Sin embargo, nunca fue cierto. Por ejemplo, la toma de Tocorón, —la primera de las siete intervenciones en 2023— no dejó capturas relevantes, y solo se informó de la captura de funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario. A más de un año del procedimiento, se desconoce el paradero del principal líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Lo mismo ha ocurrido en otras prisiones.

Y aunque el gobierno de Maduro ha llevado a cabo pequeñas operaciones contra directores corruptos de prisiones y ha detenido 21 funcionarios desde el inicio de las operaciones, no han producido cambios significativos en materia carcelaria. Tampoco han investigado a las autoridades penitenciarias a cargo que por décadas permitieron la proliferación de los grupos detrás de las rejas. Las malas condiciones en las cárceles, el alto nivel de hacinamiento, los bajos salarios de oficiales y el ambiente de impunidad, lleva a que tanto presos como funcionarios busquen ingresos para sobrevivir, lo que propicia actividades ilícitas dentro de los penales. 

A pesar de que la prisión de El Dorado no fue una de las intervenidas el año pasado, su infiltración criminal no sería extraña dada la fuerte presencia de grupos criminales a sus alrededores. La cárcel está ubicada en el municipio Sifontes, parte del Arco Minero del Orinoco, donde la minería ilegal es controlada por grupos criminales. 

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Al menos tres organizaciones criminales operan en el municipio. La banda del Negro Fabio está ubicada en El Dorado, mientras que la Organización R, en Tumeremo, y el Sindicato de Las Claritas —asociado al Tren de Aragua— en Las Claritas también tienen influencia en la zona. 

Aunque es posible que el Tren de Aragua tuviera presencia en el penal por su vinculación con Las Claritas, no hay detalles que permitan confirmarlo más allá de las declaraciones oficiales.  Además, el complejo de El Dorado no cuenta con las mismas características que la cárcel de Tocorón, que le permitían al grupo usar la prisión como un centro de operaciones. Asimismo, la presencia del Tren del Llano en la prisión es poco creíble, ya que las operaciones del grupo, un rival de Maduro, han estado centradas en los estados de Guárico y Apure, ubicados al centro y occidente del país respectivamente, a más de 500 kilómetros del municipio Sifontes de Bolívar.

Imagen principal: Julio Garcia Zerpa, ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, durante el operativo en el Complejo Penitenciario El Dorado el 5 de noviembre. Crédito: Redes sociales de Julio Garcia Zerpa.