Venezuela se ha convertido en un centro estratégico para el crimen organizado. El gobierno venezolano, especialmente durante la administración del expresidente Nicolás Maduro (2013-2026), ha instaurado en el país un sistema de gobernanza colaborativa con grupos criminales venezolanos y colombianos, quienes tienen el beneplácito estatal para llevar a cabo actividades criminales con impunidad. Las organizaciones criminales que no cuenten con el visto bueno del gobierno han sido perseguidas y eliminadas. Redes conformadas por militares y oficiales gubernamentales están involucradas en el tráfico de drogas, que ingresan desde Colombia con destino a los mercados internacionales, mientras otros grupos criminales y militares controlan la minería ilegal de oro en el sur del país y parte de su posterior comercialización.

El éxodo masivo de venezolanos a diferentes países de la región permitió al Tren de Aragua, una banda carcelaria que gozaba de la protección del gobierno de Maduro, crecer y expandirse por el continente americano, aprovechando las rutas y necesidades de la diáspora venezolana. Al mismo tiempo, grupos guerrilleros colombianos –como el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– empezaron a tomar un carácter binacional tras varios años de presencia y control en las zonas fronterizas venezolanas, en contubernio con elementos políticos y militares. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa la población ha hecho que parte de los migrantes sean vulnerables a las redes de trata de personas. En el interior del país, las frecuentes extorsiones por parte de bandas criminales han afectado poblaciones enteras. Sin embargo, la tasa de homicidios de Venezuela ha disminuido considerablemente en los últimos años.

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• Historia 
• Grupos criminales
• Fuerzas de Seguridad
• Sistema Judicial 
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Geografía

Venezuela comparte cerca de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, donde confluyen corredores estratégicos de narcotráfico, migrantes y zonas de refugio de organizaciones criminales. El río Orinoco, que conecta a Colombia y atraviesa Venezuela para desembocar en el océano Atlántico, ha fungido como una ruta importante para diferentes economías ilegales. 

La posición estratégica de Venezuela, al norte de Suramérica, y con una amplia costa con el mar Caribe, la convierte en una plataforma para despachar estupefacientes, armas y mercancías de origen ilícito tanto a las islas del Caribe, como a África y Europa. 

Al sur de Venezuela se encuentra parte de la región amazónica, donde confluye la minería ilegal con múltiples actividades ilícitas y corredores de contrabando hacia Brasil. Al oriente, la frontera con Guyana enfrenta una disputa territorial por la región del Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales constantemente saqueada por organizaciones criminales dedicadas al comercio de fauna exótica, la tala de árboles y la minería ilegal. 

Historia

Las costas venezolanas han sido históricamente atractivas para el crimen organizado, sirviendo como ruta para el contrabando de alcohol, tabaco, minerales y metales preciosos, entre otros negocios ilícitos. Más adelante, las dictaduras del siglo XX en Venezuela contribuyeron al aumento del nivel de desigualdad en la sociedad, lo que a su vez impulsó el surgimiento de movimientos guerrilleros violentos en los años sesenta, que después entregaron sus armas tras someterse a acuerdos de paz con el gobierno.

Clanes de la Cosa Nostra de Italia fueron unos de los primeros grupos extranjeros del crimen organizado en establecer su presencia en Venezuela, aprovechando la migración italiana después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años ochenta y noventa, miembros de las familias Cuntreta y Caruana encontraron un lucrativo negocio alrededor del tráfico de cocaína y heroína desde Colombia a Europa. Venezuela surgió como una alternativa para los cargamentos de droga que empezaban a ser intervenidos en Colombia por las autoridades. Esto, sumado a factores como el desplazamiento masivo de colombianos hacia Venezuela ante la ola de violencia por el conflicto armado interno en Colombia y una crisis económica en Venezuela, potenció la expansión del comercio de drogas y permitió que grupos de crimen organizado se afianzaran en el país.

Miembros de las fuerzas de seguridad, tanto activos como en retiro, históricamente han participado en el tráfico de drogas en Venezuela. Múltiples casos de oficiales de alto rango detenidos con cargamentos de drogas destinados a Florida, Estados Unidos, en la década de los ochenta, evidencian una implicación estatal de vieja data. Influyentes actores políticos e incluso religiosos también resultaron implicados en casos de tráfico de cocaína en este periodo. Con el tiempo, la penetración del narcotráfico en Venezuela se transformó en un fenómeno sistémico, alimentando las redes corruptas que darían origen al Cartel de Los Soles, una red de oficiales que se benefician del trasiego de droga en suelo venezolano. 

Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, los grupos narcotraficantes consolidaron aún más sus operaciones en Venezuela. La ruptura de relaciones con agencias policiales estadounidenses, incluida la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), puso fin a años de cooperación internacional en materia de estupefacientes, a pesar de los casos previos de corrupción vinculados a estos programas. A la par, elementos de la Guardia Nacional y el ejército pasaron de aceptar sobornos por el paso de droga a involucrarse directamente en su almacenamiento y transporte. El narcotraficante Walid Makled, quien fue arrestado en Colombia en 2010 y extraditado a Venezuela, afirmó que los funcionarios de los niveles más altos del gobierno de Chávez habían estado involucrados en el narcotráfico.

A fines de la década de 2010, organismos internacionales advirtieron que una mayor cantidad de estupefacientes se estaba moviendo a través de Venezuela. Casos de vuelos transatlánticos partiendo desde Venezuela, incluyendo el caso de un vuelo de Air France que partió desde el principal aeropuerto del país con 1,4 toneladas de cocaína, elevaron el perfil del país como punto de salida de droga. 

Durante la década del 2000, el combate del gobierno de Colombia a los grupos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llevó a los grupos guerrilleros a buscar refugio en los estados fronterizos venezolanos como Apure, Zulia y Táchira, donde también podían beneficiarse de otras actividades criminales, como el secuestro. Chávez encontró en los rebeldes colombianos aliados ideológicos, con quienes se mostró complaciente, hasta el punto de públicamente declarar que las FARC “no es el enemigo” de Venezuela. Así, el gobierno persiguió a los pequeños grupos paramilitares en el occidente de Venezuela, mientras apoyaba a los guerrilleros con salvoconductos y armas y municiones de los arsenales oficiales.

Tanto Chávez como Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de su antecesor, tomaron decisiones que comprometían la seguridad nacional, las cuales sentaron las bases para el crecimiento del crimen organizado. La concesión de recursos y autonomía a grupos criminales es una de las más relevantes. Esto permitió que bandas carcelarias se hicieran con el control de algunas prisiones y las transformaran en bastiones del crimen. También favoreció a los colectivos, grupos parapoliciales convertidos en criminales creados por Hugo Chávez que han actuado como una guardia pretoriana para el oficialismo.

Además, la alta politización de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial y el nulo combate a la corrupción, sumado a otros factores, como una crisis económica por la caída de los precios del petróleo, impulsaron el incremento en la delincuencia callejera y la violencia en las calles, y dejó al país con una de las mayores tasas de homicidios del mundo para 2015, con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Las malas condiciones económicas, alimentarias, de salud y seguridad, junto a la creciente represión y acciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, potenciaron la migración masiva de venezolanos. Para finales de 2024, organizaciones internacionales registraron aproximadamente 7,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Esto también permitió la expansión del crimen organizado venezolano en el exterior, con bandas criminales que tomaron provecho del tráfico de personas a lo largo de las rutas migratorias de venezolanos.

Para aumentar el control territorial y evitar la proliferación de adversarios criminales, la administración de Maduro negoció con grupos criminales para contener la violencia. Estas organizaciones asumieron un rol de control paraestatal cada vez mayor, en coordinación con funcionarios del Estado, una estrategia que devino en el Estado híbrido, como denominó InSight Crime a la simbiosis entre el poder político y el crimen organizado. El ELN y la Segunda Marquetalia consolidaron su carácter binacional gracias a su estrecha colaboración con el Estado venezolano. Esta relación se hizo aún más evidente cuando el ELN apoyó al ejército venezolano en el conflicto armado contra la facción del Frente 10 de las ex-FARC mafia en Apure a finales de 2021.

Aunque la minería ilegal ha tenido una presencia histórica en las tierras ricas del sur venezolano, parte de la Amazonía, su consolidación ocurrió en febrero de 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO). En la zona de 111.844 km² están presentes múltiples grupos armados que operan en coordinación con fuerzas de seguridad y con el aval de autoridades locales y nacionales, sin cumplir con regulaciones ambientales y constantes violaciones a los derechos humanos. 

A principios de la década de 2020, el gobierno reforzó su control al desmantelar grupos criminales no alineados a sus intereses. Al mismo tiempo, ha regulado las economías ilícitas más lucrativas, como el narcotráfico y la minería ilegal, imponiendo su dominio en estas actividades mediante alianzas estratégicas con actores criminales en zonas claves. La concesión de minas auríferas en el AMO a militares y gobernadores constituye una de las principales evidencias de esta sistematización de economías híbridas.

Estas dinámicas, sumadas a la reducción del mercado criminal nacional por la migración masiva, y la migración de bandas criminales, llevaron a una reducción de los índices de criminalidad en Venezuela. Sin embargo, la rampante corrupción institucional ha permanecido como uno de los principales problemas en el país. Los actores políticos oficialistas han utilizado esto como una herramienta para fortalecer sus actividades de crimen organizado. El exgobernador del estado Zulia, Omar Prieto, fue uno de los que instrumentalizó la corrupción en beneficio de sus actividades criminales, como documentó InSight Crime. 

Maduro consolidó la posición de Venezuela como un régimen criminal al cometer fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales la oposición demostró haber ganado la votación. La expansión del crimen organizado venezolano en la región, encabezado por Tren de Aragua, ha creado una preocupación en el continente ante la migración venezolana, dada la presencia de células de la organización en múltiples países de Suramérica, especialmente en Colombia, Perú y Chile. En Estados Unidos, reportes y advertencias han señalado la presencia de la banda en varios estados, pero no hay evidencia concreta que confirme sus operaciones.

Durante 2025, el gobierno de Estados Unidos bajo Donald Trump escaló las acusaciones contra Maduro por narcotráfico y emprendió una serie de ataques en el Caribe contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas, algunas de las cuales partieron de Venezuela.

Venezuela fue sacudida a inicios de enero de 2026, cuando una operación estadounidense bombardeó varios puntos de Caracas y zonas aledañas, y un equipo de militares estadounidenses en Caracas realizó la detención del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La pareja fue transportada a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos. En la capital venezolana, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina del país. Asimismo, la cúpula militar y gubernamental de Maduro permaneció en el poder, manteniendo el mismo sistema corrupto y criminal, y sin afectar sustancialmente las dinámicas criminales en el país. Sin embargo, la controversial operación de la administración Trump dejó al gobierno americano trabajando de cerca con los funcionarios chavistas, bajo aparentes acuerdos que beneficiarían a Estados Unidos con el petróleo venezolano.

Grupos criminales

El panorama criminal en Venezuela ha evolucionado conforme a los intereses del régimen autoritario de Nicolás Maduro, quien, para mantener el control político y territorial, consolidó un “Estado híbrido”. En este contexto, elementos del Estado se fusionan con actores criminales para facilitar el acceso a las economías criminales. Por su parte, grupos no alineados o rivales han sido objeto de intensas persecuciones por parte del aparato estatal.

El Tren de Aragua se destaca como el grupo criminal venezolano más notorio. Esta banda comenzó sus operaciones y se fortaleció dentro de los muros de la prisión de Tocorón, su principal base de operaciones, en el estado Aragua. Aprovechando la ola migratoria venezolana, algunos de sus miembros emigraron y extendieron sus actividades criminales a Colombia, Chile y Perú. La intervención estatal a Tocorón en 2023, significó el fin de la impunidad y cooperación estatal de la cual gozaba la banda en Venezuela. A pesar de ello, la banda ha mantenido su presencia en los países donde logró extender sus tentáculos.

Otras megabandas, como se les llama a las bandas criminales venezolanas con una gran cantidad de miembros, han sobresalido en el inframundo delictivo del país, pero pocas continúan operando en la actualidad. Una de ellas es el Tren del Llano, que ha demostrado una notable resiliencia, sobreviviendo tanto a la muerte de sus líderes como a las fragmentaciones internas y a intensos operativos como la Operación Trueno, marcada por acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Otros grupos, como la megabanda liderada por Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, en la Cota 905 de Caracas, la de Deiber Johan González, alias “Carlos Capa” en Miranda, y la de Wilexis Acevedo, alias “Wilexis”, en Petare, Caracas, no han tenido la misma suerte. Operaciones estatales han matado a sus líderes en 2020 y desmantelado gran parte de lo que quedaba de sus organizaciones.

Los dos grandes grupos guerrilleros colombianos han establecido su presencia en Venezuela, especialmente en los estados fronterizos con Colombia, desde hace décadas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha consolidado como el principal actor criminal en la frontera entre Venezuela y Colombia, teniendo presencia en 19 de los 20 municipios de la zona, por donde transitan diariamente cargamentos de drogas, mercancías de contrabando y familias migrantes. En paralelo, algunas facciones de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ex-FARC Mafia), como el Frente 33 y el 10, han sido atacadas por el gobierno venezolano, beneficiando a su aliado, el ELN.

Varias organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han estado operando en el país por décadas, como el Cartel de Paraguaná y el Cartel de La Guajira. En la cadena del narcotráfico están directamente involucrados efectivos corruptos de las fuerzas armadas y funcionarios gubernamentales en lo que se conoce como el Cartel de los Soles, operando en una “red de redes”, una estructura porosa y fluida de células dedicadas al tráfico de drogas dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas. 

Al sur del país, bandas criminales dedicadas a la minería ilegal, conocidas como sindicatos, surgieron bajo la protección del gobierno en el estado Bolívar. Entre ellos destacan la Organización R, asentada en las minas de Tumeremo, municipio Sifontes; el Tren de Guayana, un sindicato de larga data que, desde sus orígenes como banda de extorsión, ha evolucionado a controlar territorios y minas en los municipios de Roscio y El Callao, y el Sindicato de las Claritas una de las mafias mineras más consolidadas del municipio Sifontes.

Los colectivos, creados durante el gobierno de Hugo Chávez, mantenían su función como aparato de represión bajo el régimen de Maduro. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en medio de las protestas por los resultados electorales cuestionados, estos grupos de choque fueron activados y movilizados, confirmando una vez más que son una herramienta planificada para disolver protestas. Entre los colectivos más destacados están las Cuadrillas de Paz (Cupaz), creadas en 2019 para imponer el control estatal frente a las protestas. 

Fuerzas de seguridad

Venezuela cuenta con fuerzas de seguridad profundamente afectadas por la corrupción, acusadas de violaciones a los derechos humanos, de reprimir a la disidencia política y de atacar a los grupos criminales en defensa de los intereses del régimen.

Las fuerzas armadas venezolanas están compuestas por el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional. Existen evidencias de que facciones corruptas en estas instituciones, especialmente en la Guardia Nacional y el Ejército, están involucradas en redes de crimen organizado, como la trata y tráfico de personas, así como el narcotráfico. Estos vínculos criminales han llevado a que desde 2008 docenas de militares y funcionarios sean sancionados por el gobierno de Estados Unidos. A las fuerzas armadas se les suman la Policía Nacional Bolivariana (PNB), creada en 2009, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), responsable de las investigaciones criminales, ambos señalados de participar en actividades delictivas.

Durante el régimen de Maduro se incrementaron los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Uno de los mayores ejemplos fue la ofensiva de seguridad conocida como “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), donde efectivos policiales y militares fueron señalados de cometer masacres, asesinatos extrajudiciales, tortura y detenciones ilegales.

Además de las violaciones de derechos humanos, dentro de la fuerza pública se ha institucionalizado la corrupción. Los bajos salarios, sumados al reclutamiento de aspirantes no calificados y la falta de supervisión, han favorecido el involucramiento de funcionarios en actividades criminales, especialmente en la extorsión. En algunos casos, los efectivos operan como bandas extorsionadoras, visitando comercios para exigir “cuotas de protección”. También han arrestado a personas con acusaciones falsas y les han exigido sobornos para liberarlas. Además, se ha documentado la instalación de retenes o puntos de control, donde los transportistas y civiles deben pagarles a los efectivos cuotas en dólares para poder continuar su tránsito. 

Sistema judicial

Desde el año 2015, Venezuela ha sido catalogada como el Estado con menor seguridad jurídica en la región por el Proyecto de Justicia Global. Asimismo, según el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, Venezuela ha descendido en el ranking hasta convertirse en el tercer país más corrupto del mundo para el 2024. El sistema judicial venezolano ha sido señalado en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a causa de la instrumentalización del poder judicial para ejercer censura en la oposición y promover el régimen oficialista.

A nivel local, los jueces de circuito y otros miembros del poder judicial son blancos del crimen organizado, ya que sus bajos salarios y supervisión efectiva en los procesos facilitan la permeabilidad criminal por medio de corrupción o amenazas. Además, la sobrecarga del sistema judicial ha llevado al aislamiento indiscriminado de personas procesadas y en espera de juicio. 

De igual manera, el fiscal general Tarek William Saab, en connivencia con el oficialismo, desde el 2018 ha empleado su cargo para depurar las instituciones del Estado en pro de las exigencias del régimen. En 2024, Saab apresó a varios exministros y funcionarios, entre ellos Tareck El Aissami, anterior mano derecha de Nicolás Maduro, acusándolos de gestionar una estructura de corrupción transnacional que en la práctica se configuró como la purga de una facción política dentro del oficialismo.

Prisiones

En las cárceles de Venezuela se han hecho evidentes las fallas en términos de seguridad durante las administraciones de Chávez y Maduro, como la violencia, el hacinamiento y una pérdida de gobernabilidad.

Durante años, buena parte de las instalaciones carcelarias del país estuvieron bajo el control de jefes criminales conocidos como “pranes”, a quienes el gobierno les dio la responsabilidad de supervisar el orden interno de los recintos tras el colapso de la seguridad y niveles récord de violencia. A cambio de su colaboración, a estos líderes criminales se les otorgó el control total de las prisiones, con todos los privilegios que ello implicaba. Además, fueron beneficiados de una impunidad implícita para llevar a cabo actividades delictivas dentro y fuera de los muros, como el cobro de extorsiones a otros reos, denominado “causa”, y delitos como secuestros, extorsiones y microtráfico.

Sin embargo, a finales de 2023, el régimen de Maduro intervino en siete cárceles en Venezuela que hasta ese momento estaban bajo el dominio de los líderes criminales. No obstante, varios de los pranes más poderosos lograron fugarse antes de las redadas, según denuncias de investigadores y organizaciones especializadas en el tema carcelario, lo que generó sospechas de que las operaciones podrían haber sido negociadas entre los pranes y el Estado.

Las intervenciones no resolvieron los problemas que permitieron la evolución del sistema de pranato. Con la falta de recursos estatales para llevar a cabo un cambio real, la corrupción institucionalizada dentro de las fuerzas de seguridad, el retardo procesal y el hacinamiento, es probable que en Venezuela las prisiones sigan siendo vulnerables al crimen organizado.